Por Máximo Calzado Reyes
En ocasiones, las reformas tributarias no llegan acompañadas de grandes discursos ni de anuncios espectaculares. A veces se presentan como pequeños ajustes técnicos, casi imperceptibles, que parecen tener un impacto mínimo sobre la vida de las personas. Sin embargo, cuando se examinan con detenimiento, se descubre que detrás de un simple cambio porcentual se esconde una nueva carga económica para millones de ciudadanos.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la entrada en vigor de la Ley No. 30-26, que elevó el impuesto a las transferencias bancarias del 0.15 % al 0.20 %. Aunque el incremento es de apenas cinco centésimas porcentuales, en términos reales representa un aumento de un 33.33 % en la carga tributaria aplicable a estas operaciones financieras.
La medida grava la emisión y pago de cheques, las transferencias electrónicas, los pagos de préstamos y tarjetas de crédito, las transferencias a cuentas de terceros y diversas operaciones bancarias de uso cotidiano. En otras palabras, se trata de un impuesto que impacta directamente la actividad económica diaria de las familias, los trabajadores, los pequeños comerciantes y las empresas.
Según estimaciones de diversos analistas, el Estado podría recaudar alrededor de 57 millones de pesos diarios solo por este concepto. Desde la perspectiva fiscal, la cifra resulta significativa. Sin embargo, la verdadera discusión no es cuánto dinero ingresará a las arcas públicas, sino quién terminará pagando esa factura.
La experiencia económica demuestra que los impuestos rara vez son absorbidos por las grandes empresas. En la práctica, suelen trasladarse al consumidor final mediante mayores precios, nuevas comisiones o la eliminación de facilidades de pago. La reacción de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGAS), al anunciar la posibilidad de retirar los verifones de las estaciones de expendio de combustibles por el incremento de los costos operativos, constituye una primera señal de las distorsiones que puede generar la medida.
El problema adquiere una dimensión aún más delicada cuando se analiza el contexto económico actual. La población enfrenta el alto costo de la canasta familiar, el incremento de los precios de los servicios, el encarecimiento del transporte y la persistencia de presiones inflacionarias que reducen el poder adquisitivo de los hogares.
Todo ello ocurre, además, en un escenario en el que los salarios reales permanecen prácticamente estancados y en el que el ajuste por inflación de los ingresos exentos del impuesto sobre la renta ha sido insuficiente. Desde el año 2017 no se ha producido una actualización integral que preserve adecuadamente la capacidad contributiva de los trabajadores.
En este contexto, la Ley No. 30-26 fijó el monto exento del impuesto sobre la renta en apenas RD$40,000.00 mensuales, cuando una actualización real y coherente con la inflación acumulada debió situarlo en aproximadamente RD$52,000.00. La diferencia de RD$12,000.00 no es una cifra menor ni un simple ajuste técnico; representa recursos que permanecen sujetos a tributación y que podrían haber significado un alivio concreto para miles de trabajadores y sus familias.
Esos RD$12,000.00 adicionales exentos habrían permitido destinar más ingresos a la compra de alimentos, medicamentos, transporte, educación y servicios básicos en un momento en que el costo de la vida continúa aumentando de manera sostenida. En términos de justicia tributaria, el Estado perdió una valiosa oportunidad de reconocer la erosión del poder adquisitivo de la clase trabajadora y de aplicar el principio de capacidad contributiva, evitando que la inflación se convierta, en los hechos, en un mecanismo silencioso de aumento de la carga impositiva sobre quienes viven exclusivamente de su salario.
En resumen, la política fiscal no puede limitarse exclusivamente a aumentar la recaudación. También debe estar guiada por los principios de equidad, razonabilidad y justicia tributaria. De lo contrario, las reformas terminan enviando un mensaje peligroso: que cada desequilibrio de las finanzas públicas se corrige colocando una nueva carga sobre los mismos sectores que ya soportan el mayor peso del costo de la vida.
