Por Osvaldo Santana
El gobierno ha reaccionado con “indignación” por el asesinato a mansalva del joven Darlin Mercado Reyes por el agente José Francisco Moreta Heredia. El hecho cae en el marco rutinario de actuación de la Policía, que obedece a políticas discrecionales, que incluyen las acciones letales como pretendida contención de la delincuencia.
Como están permitidos los asesinatos de civiles en “acciones legales”, como ahora se les denomina a los “intercambios de disparos”, o ejecuciones extrajudiciales, la laxitud entra en juego en el proceder de los agentes, pese a que en el período de instrucción se les enseñan los protocolos de actuación frente a la ciudadanía, entre ellos, el principal, que es defender la vida y las propiedades privadas y públicas, en la práctica hacen lo contrario, bajo los influjos del poder y las corrupciones internas.
En la Policía es conocido el “código 29”, develado por el propio presidente Luis Abinader, cuando, desde La Semanal, en el mismo Palacio Nacional, a finales de noviembre de 2023, le advirtió a José Antonio Figuereo Bautista, conocido como “Kiko La Quema”, el perseguido por narcotráfico en Cambita Garabitos, que debía entregarse, porque podía pasarle como a uno de sus socios, que ya había caído bajo ese código 29, que en la Policía significa “abatido”. No pasó demasiado tiempo. El 8 de marzo de 2024 fue eliminado por agentes de la Policía en “intercambios de disparos”.
Sería interesante conocer el historial del “animal”, como definió Abinader al policía ejecutor de la muerte de Darlin Mercado Reyes, y determinar cómo alcanzó el grado de cabo. Valorar si ya tiene en su récord la participación en “acciones legales” mediante los cuales aprenden a halar el gatillo por nada. Pero el asesinato de Darlin fue demasiado burdo, a sangre fría, a quemarropa, a la vista de todos los vecinos. No era posible fabricar el expediente del “intercambio de disparos”. Fue una ejecución.
Como las acciones violentas de la Policía frente a quienes define como delincuentes forman parte de su accionar, y efectivamente, la criminalidad es un serio problema en el país, la ciudadanía también en alguna medida ha aprobado la violencia contra los individuos en conflicto con la ley. Igual ocurre en estamentos de los medios de comunicación, que adoptan en lenguaje policial o minimizan los muertos de la Policía porque se trata de delincuentes y como tales “no tienen derecho a la vida”.
Es la causa que empuja a los vecinos a declarar: “Él no era un delincuente”, un reconocimiento de que la Policía puede matar a los ciudadanos en conflicto con la ley, lo que normaliza su margen de letalidad contra los criminales. Es el mismo temperamento que estimula crímenes como el de Darlin Mercado Reyes.
Y es que el país ha caído en un profundo hoyo frente a la violencia criminal. Ante el fracaso de la política anticriminal del Estado, el poder público recurrió a la vía de fuerza, al margen de la ley, y no hay manera de enderezar lo que ya está legitimado mediante el famoso “código 29”.
Así, mientras la ministra de Interior y Policía y el presidente de la República quedan “desgarrados” cada vez que a los policías se les va la mano, lo que es recurrente, sigue vigente la capacidad discrecional que se le ha conferido a los agentes frente a los criminales.
La delincuencia ha llegado demasiado lejos en diferentes períodos, pero el remedio de contención ha sido ineficaz, y entonces se recurre a un discurso poco creíble o elusivo de la realidad, como “muertes en conflictos sociales”, muertos por “acciones legales” (a mano de la policía), lo mismo que la revelación de cifras que sugieren una tasa de homicidios que en ocasiones no pasa de un dígito.
Justamente, para este mismo período del año pasado, el 18 de julio, el gobierno hablaba de una tasa de homicidios de 8.22 por cada 100,000 habitantes, lo que mostraba una tendencia sostenida a la baja en comparación con años anteriores.
A inicios de este mes de julio de 2026, la ministra de Interior y Policía Faride Raful comunicó que la tasa de homicidios continúa con su tendencia a la baja, con 6.98 por cada 100,000 habitantes, una reducción acumulada de 44.3% respecto de 2023.
Los 609 homicidios a la fecha no incluían a Darlin, víctima de la violencia policial. Entre las 609 víctimas, hay 146 caídos a mano de la Policía en “intercambios de disparos” durante los primeros seis meses de este año. Es decir, el 23.97% de las muertes violentas fueron ejecutadas por la Policía, lo que confirma que esa institución es un factor multiplicador de la violencia.
Se puede concluir que la política criminal del Estado se centra en la eliminación de quienes sus organismos operativos consideran como propiciadores de la inseguridad, lo que implicaría una subrogación del papel del sistema judicial a los policías.
Es decir, que el Estado ha abierto un capítulo de muertes a cargo de la Policía y de otras instancias represivas que igual aplican el “código 29”, en un país donde se asegura que se respetan los derechos humanos.
La muerte brutal de Darlin Mercado Reyes hay que verla como otro escenario de la cultura violenta que predomina en la Policía, al amparo de la discrecionalidad del código 29 como instrumento para detener la criminalidad. Es una víctima colateral de la línea laxa de acabar con los delincuentes mediante la violencia del poder.
En fin, mientras se busca transformar la Policía, se mantienen vigentes los mismos métodos a los que tradicionalmente ha recurrido esa institución para supuestamente contener el crimen.
