Por Héctor Linares
Llegó encubierta como una propuesta de “Medida, Procedimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional” y salió del Congreso Nacional como la estructura que el Poder Ejecutivo promulgó como la Ley 30-26.
Su nombre de presentación omitió el término reforma fiscal. Pero los debates que se generaron en el poco tiempo que duró su aprobación en el Congreso le dieron la connotación real de la iniciativa. En apenas una semana pasó de proyecto a ley. La rapidez de su discusión y aprobación le ahorró al Gobierno los niveles de ruidos causados en dos iniciativas anteriores sometidas entre finales de los años 2020 y 2024. En ambas ocasiones las reacciones adversas obligaron al Poder Ejecutivo a echar para atrás.
En la propuesta ya convertida en ley, la celeridad con la que el Congreso Nacional actuó, sin convocar a vistas públicas, se “colaron” aspectos que sin aumentar tasas ni ser nuevos gravámenes, tienen potencial de incrementar futuras recaudaciones. Son cambios en los plazos de prescripción de deudas fiscales y de acciones de la Administración Tributaría para calcular deudas tributarias y poner los correspondientes recargos, multas e intereses. Subieron de 3 a 5 años.
La iniciativa tiene diferentes interpretaciones o definiciones, ninguna coincidente con la visión oficial. Para algunos un parche fiscal más y para otros una reforma fiscal de limitado alcance recaudatorio, pero reforma al fin, porque sube tasas y crea nuevos impuestos.
En el ambiente, la reforma sin dolientes ha dejado el debate de los cambios estructurales, los que han estado en escena durante las últimas dos décadas, como si fueran los avances de una película que no termina de ser estrenada. Se trata del tema de la reforma fiscal integral, una propuesta defendida y hasta presentada por entidades del sector privado y por la cúpula empresarial.
El argumento para los defensores de esa reforma es que hasta el momento en el país solo se han hecho reformas tributarias, y “parches o remiendos” porque se han limitado a los ingresos fiscales, sin tocar los gastos, que son la otra parte de la estructura presupuestaria.
El tema de la integralidad solo se ha tratado en una ocasión, para dar paso a la Ley de Responsabilidad Fiscal, para algunos de impacto limitado, porque es un tope del 10 % al crecimiento de los gastos corrientes.
Los defensores de la reforma fiscal integral, con el CONEP y el CREES a la cabeza, han insistido en la necesidad de incorporar en cualquier discusión, con fines de reformas, la “calidad del gasto” público. Hay quienes entienden que por la estructura rígida del Presupuesto General del Estado (PGE), con más del 40 % comprometido en educación preuniversitaria y pago de los intereses de la deuda, es muy poco lo que se puede lograr en términos de transformación o redirección del gasto público.
En la reforma que acaba de ser aprobada, presentada en un escenario de crisis internacional por la escalada alcista que se estuvo presentando en los precios del petróleo desde finales de febrero hasta mediados de junio recién finalizado, el tema presente fue el de los ingresos, que según las estimaciones oficiales aumentarían en alrededor de RD$50,000 millones.
No se trató en la propuesta, presentada en un ambiente de emergencia, de cambios estructurales en el gasto, aunque el Gobierno ha hablado de redireccionar partidas.
La “emergencia” le permitió al gobierno lograr la rápida aprobación de la reforma, tal como la presentó al Congreso Nacional y este aprovechó la circunstancia para sancionarla “al vapor”.
Por esa omisión, voluntaria o involuntaria, el tema de la reforma fiscal integral ha quedado flotando en el escenario económico dominicano.
Lo que se hizo
La ley 30-26 establece entre otros aspectos cambios en la tasa máxima del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas (contribuyentes personales) y las personas morales o empresas. En el primer caso sube de 25 % a 27% y en el segundo de 27 % a 30 %. La duración de ese aumento en el tope tarifario será de tres años. La historia impositiva dominicana muestra que los impuestos y tasas que se aplican con carácter transitorio terminan por ser convertidos en ser convertidos en eternos.
Otras novedades de la reforma de reciente promulgación son el aumento de 0.15 % a 0.20% de la tasa del impuesto a los cheques y transferencias bancarias, un impuesto selectivo de 15 % a los servicios digitales, cambios en las bases de cálculos de los selectivos a a bebidas alcohólicas y cigarrillos de tabaco y electrónicos.
Hubo reducciones en el impuesto selectivo a los seguros de salud, y eliminación del anticipo para las microempresas, y disminución para las medianas y pequeñas .
¿Incentivos por integralidad?
La pregunta que surge ahora es si se atreverá el Gobierno a presentar una reforma fiscal complementaria, para hacer un trueque que involucre el llamado gasto fiscal y que desemboque en la integralidad reclamada de la reforma. El gasto tributario, como el Ministerio de Hacienda y Economía define el volumen de ingresos que el fisco deja de percibir por aplicación de leyes, decretos y otras medidas que eximen de pagar impuestos a sectores y actividades económicas, representa un estimado de ingresos no recaudados equivalentes entre 4.50% y 5.0 % del PIB, la proporción necesaria para la Republica Dominicana elevar su presión tributaria al nivel promedio regional.
