Por Osvaldo Santana
El gobierno se quitó de encima la presión de las protestas allá en San Juan de la Maguana por el proyecto minero Romero, pero, con la crisis del petróleo, profundizó las diferencias con la oposición por la selectiva disposición de cortarle el 50% de la asignación a los partidos.
Después de agotar un proceso de “consultas” con los dos principales líderes opositores, en medio de la situación generada por los altos precios del petróleo y su impacto en la economía y en el bolsillo de la gente, el gobierno anunció un paquete de medidas, entre ellas la reducción de los aportes del Estado a los partidos políticos, que ha devenido en una confrontación.
Si bien el gobierno se quita de encima la presión social más inmediata desde San Juan de la Maguana y otras latitudes, relacionadas con el Medioambiente, ahora se enfrenta a los dos partidos de oposición que han coincidido en repudiar las medidas de ajustes anticrisis, con énfasis en la reducción de los fondos de los partidos.
En un primer momento, el anuncio debió sorprender a Leonel Fernández y a Danilo Medina, quienes fueron visitados por la comisión designada por el presidente Abinader para escuchar sus opiniones sobre la situación que impacta al país por los precios del petróleo y el estrés que causa en las finanzas públicas.
Sorprendidos porque según sus relatos no se les presentó ningún plan. Los funcionarios fueron a escuchar, y probablemente lo menos que podían esperar era una medida dirigida a disminuir los recursos para el financiamiento de sus actividades, ya a menos de dos años de las elecciones de 2028.
Podrían pensar que fueron “timados” o burlados, porque al visitarlos, lograban una validación frente a la ciudadanía. “El gobierno escucha” y acudió incluso ante sus opositores. ¿Fue una jugada maliciosa? Eso solo podrían responderlo quienes priorizaron reducirles los recursos a los partidos.
De todas formas, fue una decisión obviamente avalada y anunciada por el propio presidente Luis Abinader, que no consideró las implicaciones legales, toda vez que los partidos reciben el monto anual en atención a una ley, que es la 275-97, modificada a su vez por la ley 289-05. Y es repartido también por otra institución, autónoma, que es la Junta Central Electoral (JCE), mediante resolución institucional. Según la ley original, el monto anual deviene del 0.25% de los ingresos de la Nación, y no responde a la voluntad de mandatarios, sino que es una disposición instituida hace 29 años.
Todo eso, al margen de que esos recursos están consignados en la ley de Presupuesto 99-25, que es precisamente en la cual se estableció la partida correspondiente a los partidos políticos.
La ley 33-18, de partidos políticos, lo que vino fue a establecer los criterios de asignación de fondos y todo el régimen de financiación y contribuciones de los partidos políticos.
También habría que considerar que los partidos son personas jurídicas instituidas en la Constitución de la República. Según el artículo 216, que sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.
Al margen de la ley
De modo, que cuando el gobierno decide reducir la asignación a los partidos políticos está violando las leyes, y en consecuencia, se coloca al margen de estas.
Si bien el gobierno hace ajustes en el monto del presupuesto de 2026, mediante un proyecto de modificación que tendría que ser presentado al Congreso Nacional, la partida correspondiente a los partidos estaría determinada por el nuevo monto que se registre tras la reforma del Presupuesto.
Y si obra según la ley, le sería muy fácil hacerlo, porque controla la mayoría de los legisladores en ambas cámaras.
Más allá de lo legal
De todas formas, el gobierno prefirió confrontarse con los partidos, porque se ha visto cómo ha socializado los impactos de las medidas con los llamados sectores productivos, los empresarios, los grandes productores del campo, a los cuales les ha subsidiado algunos fertilizantes, sobre todo los abonos, y con los transportistas, a los cuales les incrementará los subsidios según evolucionen los precios del petróleo.
¿Acaso una pelea de esta naturaleza llevará a los partidos a la movilización? No se sabe, porque, tal y como han sido presentadas las diez medidas anunciadas por el gobierno, se trata de “sacrificios”, y entonces los partidos podrían ser vistos como renuentes a aceptar el ajuste por el “bien del país”.
Sin embargo, la realidad es que una reducción de los ingresos del Estado afectará fundamentalmente a los partidos que están fuera del poder y coloca a quienes gobiernan en una situación ventajosa.
Las medidas adoptadas por el gobierno ante la crisis
1- Reducción de gastos operativos
2- Contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria
3- Disminución de reparaciones y mantenimientos menores
4- Racionalización de servicios y contrataciones
5- Limitación de eventos a costos mínimos
6- Ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes
7- Racionalización de combustible
8- Racionalización de publicidad
9- Reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos.
10- Reducción de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
