La seguridad ciudadana que tanto preocupó al candidato Luis Abinader Corona, y que por momento avanzaba como caballo de Troya durante su campaña, reaparece ahora en su propio gobierno como un problema de difícil solución, convertido en uno de los más importantes focos de inquietud social.
Mientras corría como candidato presidencial en el proceso electoral de 2016, Abinader recurrió a un servicio de asesoría en seguridad en Estados Unidos, para que le presentara propuestas para encarar la delincuencia en el país, con un costo estimado en 100 mil dólares, según publicó The Washington Post en febrero de 2016.
Aquella vez la contratación del exalcalde de Nueva York Rudolplh W. Giuliani mostraba lo que parecía una resuelta voluntad de un candidato para combatir el crimen. Para el gobierno de entonces y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) significaba más, y era la instrumentación conveniente del abogado personal del entonces presidente de los Estados Unidos, el poderoso Donald Trump. Por cierto, Giuliani aparecería después involucrado en gestiones ilegales en favor de la campaña de Trump frente a autoridades de la misma Ucrania que hoy se enfrenta a la invasión rusa.
De modo, que las entusiastas propuestas de Guiliani para el candidato Abinader, recogidas por Diario Libre en una publicación de septiembre de 2020, ahora probablemente no serán invocadas, ya porque el asesor está en serios problemas por la conspiración que llevó a las turbas trumpianas hasta el Capitolio en Washington o por los zigzagueos del gobierno en el manejo de la inseguridad y los aparatos para enfrentar el crimen.
Pero entonces, Guiliani resultó útil, tanto que participó activamente en la política dominicana, no solo como asesor en seguridad y reforma, sino que intervino directamente en la política interna. Detrás de la advertencia de Mike Pompeo a Danilo Medina sobre la reforma constitucional, no vaciló durante una visita al país en julio de 2019 para proclamar: “Si quieres cambiar la Constitución, cámbiala para el futuro… “
Se recrudece la violencia y la inseguridad
Ahora, Abinader, como jefe de gobierno, enfrentó un repentino recrudecimiento de la inseguridad, precedido de una mala semana marcada por largos apagones, la carestía de los alimentos y servicios, a consecuencia de la crisis Covid-19 y la agravante guerra entre Rusia y Ucrania. Parece que ese panorama lo impulsó a sacar a sus ministros de sus cómodos despachos para que fuesen a las comunidades a explicar las acciones del gobierno y a saber qué piensa la gente y qué soluciones pueden hallar.
Mientras él viajaba a Ginebra, Suiza, para hablar de sus éxitos en la recuperación del turismo y el manejo de la covid-19, al mismo tiempo se reportaba el pasado 25 de mayo una ola de asaltos y asesinatos en Santiago, once muertes en apenas siete días. Justo en esa fecha, un grupo de hombres, en una acción comando, asaltaba un camio de transporte de valores en Los Mameyes, Santo Domingo Este, a media mañana, precisamente en el municipio que compite con Santiago en criminalidad.
Como “remedio” a la ola de crímenes en la segunda más importante provincia, las autoridades y el director de la Policía recurrieron a un recurso ya gastado: la destitución el mismo miércoles 25 de mayo del director del Comando Regional Cibao Central. El mayor generalEduardo Alberto Then, posesionó como nuevo comandante al general de brigadas Claudio González Moquete en sustitución del también general de brigada Ernesto Rodríguez García.
Pero lo más importante, a esa fecha, en ninguno de los casos el cuerpo del orden ni el Ministerio público habían apresado a quienes pudieran estar comprometidos con los crímenes. Nuevos crímenes continuaron produciéndose en Santiago y el raterismo se expandió en el Gran Santo Domingo y otras provincias.
Y es que la violencia sigue comportándose según las tendencias de años anteriores. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, durante el año 2020 se perpetraron 961 homicidios en la República Dominicana, una disminución de 6% (65 muertes) en comparación con el año anterior (2019) en el cual se registraron 1,026 muertes.
Pero el 2020 fue el año del cierre a consecuencia de la pandemia, y ya el año pasado los homicidios se dispararon a 1,172. El Gran Santo Domingo: 294, Santiago: 141, Distrito Nacional: 119, San Cristóbal: 71, Duarte: 56, La Altagracia, 43, SPM 37, La Vega, 35, L. Romana 33, San Juan de la Maguana, 32, Barahona 30, Espaillat 26, Puerto Plata: 25, Hato Mayor: 24 y Peravia: 22.
Planes del PRM para atenuar el crimen
Y no es que el presidente Abinader y su equipo de gobierno se hayan desentendido. En realidad, ha sido constante la atención, pero aparentemente los resultados no han sido como desearía la población.
Durante la campaña electoral el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presentaron todo un plan para combatir la inseguridad, y especialmente, sus causas. Una amplia propuesta prácticamente imposible de sintetizar.
Pero grosso modo se afirmaba en algunas consideraciones: “La inseguridad no es percepción, es un hecho al que se enfrentan los dominicanos y dominicanas todos los días, considerando que, en promedio, en el 21% de los hogares del país, al menos uno de sus integrantes ha sido víctima de un asalto o hecho criminal y el 77.7%. Según la Encuesta ENHOGAR 2017, la delincuencia era el principal problema del país.
“La creciente inseguridad ciudadana es el resultado de diferentes factores como son: la exclusión social (desempleo, pobreza, marginalidad, descomposición social, estigmatización, falta de oportunidades); el régimen de impunidad y el progresivo deterioro del sistema de justicia, así como el descrédito de la Policía Nacional ante el involucramiento de una parte de sus integrantes en diversos actos delitos, su falta de profesionalización y la precariedad de sus condiciones de trabajo.
“Las principales causas de la inseguridad ciudadana están en: a) El aumento de jóvenes que entran en conflicto con la ley como resultado de la falta de oportunidades sociales y la exclusión para estudiar y trabajar, causado por el alto desempleo, la marginalización creciente y la estigmatización de residir en barrios marginados.
“Tales situaciones crean desesperanza y desencanto, generando respuestas tales como la emigración por la vía legal o ilegal (cuando es posible) y la búsqueda de salidas fáciles que conducen al delito. b) El crimen y la delincuencia son estimulados por la impunidad que protege a los funcionarios públicos. c) El involucramiento de agentes de la policía en hechos criminales se ha convertido en parte del problema. d) La falta de profesionalización, formación, la precariedad económica y falta de equipos de la Policía Nacional, así como las deficiencias, corrupción y falta de independencia de muchos procuradores, fiscales, jueces, y otros actores relevantes en relación con el problema. e) Un régimen penitenciario corrompido, que no cumple con su misión de reinsertar en la sociedad a los internos que cumplen condena, muy por el contrario, salen expertos en el crimen organizado.
Y a seguidas señalaba un paquete de medidas para modificar esa triste realidad, entre ellas, el Gobierno del Cambio del PRM proponía un montón de medidas, imposible de detallar.
Además, está el listado del informe Guiliani.
Primera fase del Plan de seguridad y reforma policial
El pasado 21 de marzo de 2021, el propio presidente Abinader anunció el inicio de su plan de seguridad, que presentó como la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, que incluye la incautación de las armas ilegales en la población civil, el enfrentamiento de la violencia intrafamiliar y de género, la reducción de las muertes por accidentes de tránsito y la prevención de los delitos cometidos con el uso de motocicletas. El presidente encargó al ministerio de Interior y Policía para la ejecución y convocó a la comunidad, los sindicatos, religiosos y la clase empresarial.
El plan se enfoca en el fortalecimiento institucional, mediante la
construcción de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de modo que las políticas, planes y acciones sean coordinadas de manera interinstitucional.
Posteriormente, el presidente Abinader, el 7 de abril de 2021, designó un “Grupo de Trabajo parala Transformación de la Policía Nacional”, bajo la coordinación del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán. Ese grupo entregó un informe de resultados en diciembre pasado con un paquete de propuestas.
Inmediatamente después el presidente creó una comisión para la Reforma de la Policía, la cual decidió presidir, y se hizo acompañar del ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez, nombró un comisionado para la reforma, José (Pepe) Vila y a Castaños Guzmán, como miembro.
Todavía no se tiene un informe de resultados de los trabajos para la reforma policial, aunque han sido anunciadas acciones puntuales, después del asesinato en cuarteles policiales de jóvenes en San José de Ocoa, Santiago y el Distrito Nacional, hechos que provocaron indignación de la sociedad.
El grave momento condujo a algunos diputados a pedir la presencia del director de la policía general Then, para que explique lo que estaba ocurriendo. Erróneamente, el jefe policial no acudió al Congreso y en su lugar se presentó el ministro Vásquez, lo que irritó a quienes habían tomado la iniciativa.
Después, el 25 de mayo, el Listín Diario recogió una información según la cual el ministro de Interior y Policía “reconoció que en las últimas semanas la ciudadanía ha sido víctima de múltiples actos delictivos, e insistió en que la delincuencia “no se puede erradicar de la noche a la mañana”, por lo que hay que “tener paciencia”.
Con crisis económica, aumento de la inseguridad
De paso, un informe de la Oficina para la Defensoría Púbica, la institución que lleva la representación en los tribunales de los ciudadanos en conflicto con la ley que no pueden pagar abogados, reveló la dramática situación de las cárceles, lo que desencadenó un match entre la procuradora general de la República, Miriam Germán, y el asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia carcelaria y seguridad Roberto Santana. El choque fue piedra de escándalo que quizás se agregó a la lista de problemas que afronta el presidente Abinader.
Ahora el mandatario no solo carga con el peso de la crisis económica. También lo presiona la inseguridad que tanto denunció en tiempos de oposición y una Policía que no controla el crimen. La inseguridad retorna como un boomerang sobre Abinader.
Santana asesor de seguridad y sistema carcelario
Antes de lanzar su política de seguridad ciudadana y de reforma de la Policía, el presidente Luis Abinader designó en septiembre de 2020 a Roberto Santana como asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, mediante el decreto 456-20. Entonces se habló de un Plan de Reforma Penitenciaria, que está estancado. Santana se queja de un boicot de personal de la Procuraduría. Mientras, las cárceles continúan como centros de degradación humana y planificación de crímenes.
