Las medidas de coerción por el caso Senasa

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El Ministerio Público de la República Dominicana informó durante la semana que una investigación penal documentó un esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). 

En el proceso fueron imputadas 10 personas. El tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, exgerente financiero de Senasa, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico Germán Rafael Robles; el exgerente de Salud Francisco Iván Minaya; Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.

En tanto que al empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, se les impuso prisión domiciliaria.

Según el expediente, se facturaron servicios médicos no realizados, procedimientos duplicados y tratamientos cobrados como completos pese a haberse ejecutado de forma parcial. La acusación establece que se utilizaron afiliados reales y prestadores habilitados para sustentar reclamaciones irregulares. También se identificó el uso reiterado de los mismos afiliados para múltiples facturaciones en períodos cercanos.

Las autoridades indicaron que el caso se apoya en auditorías financieras, análisis de expedientes clínicos, cruces de datos electrónicos y registros de pagos. La investigación incluye centros médicos privados, intermediarios administrativos y personas con acceso a los sistemas de autorización. El Ministerio Público solicitó medidas de coerción y obtuvo plazos judiciales para ampliar la investigación. SeNaSa continuó operando durante el proceso, mientras se activaron controles internos adicionales. El caso se encuentra en fase judicial activa y no ha concluido.

Violencia armada en Puerto Príncipe, Haití

Durante la semana, medios internacionales y organizaciones humanitarias reportaron enfrentamientos armados entre pandillas en varios sectores de Puerto Príncipe, Haití. Los incidentes incluyeron tiroteos prolongados, bloqueos de carreteras y control territorial por grupos armados. Como consecuencia, comercios cerraron y el transporte público se vio interrumpido en zonas afectadas.

Dos avionetas de empresas que realizan vuelos internos en Haití fueron baleadas, incluyendo una avioneta de matrícula dominicana.

Se registraron interrupciones en servicios básicos, incluyendo electricidad, recolección de basura y atención médica. Algunos hospitales limitaron sus operaciones debido a la inseguridad. Las autoridades haitianas confirmaron la dificultad para restablecer el orden en áreas bajo control de pandillas.

Los enfrentamientos provocaron desplazamientos de residentes hacia sectores considerados más seguros. Organismos humanitarios documentaron restricciones para acceder a comunidades afectadas. 

Las complejas elecciones en Honduras

Honduras celebró elecciones generales el 30 de noviembre de 2025 para elegir presidente, diputados al Congreso Nacional y autoridades municipales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el resultado preliminar de la elección presidencial mostró una diferencia estrecha entre los principales candidatos. Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Se mantuvieron con márgenes reducidos conforme avanzó el escrutinio.

El CNE identificó inconsistencias en actas electorales, lo que llevó a la activación de un proceso de verificación y recuento especial en un porcentaje de las mesas. Durante la semana del 8 al 14 de diciembre, el organismo electoral reportó retrasos en el inicio del recuento definitivo debido a protestas, dificultades logísticas y falta de integración completa de las juntas de verificación.

Las autoridades electorales señalaron que, mientras no concluya el recuento especial, no es posible proclamar un ganador oficial. El proceso electoral permanece abierto, con custodia de material electoral y vigilancia de fuerzas de seguridad en instalaciones del CNE.

La izquierda sale del poder en Chile

Chile celebró elecciones presidenciales en dos vueltas durante 2025. La primera vuelta, realizada el 16 de noviembre, no arrojó un ganador con mayoría absoluta. Los dos candidatos con mayor votación fueron José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Jeannette Jara, candidata de una coalición de izquierda.

La segunda vuelta se celebró el 14 de diciembre de 2025. Tras el cierre de los centros de votación, el Servicio Electoral de Chile (Servel) informó resultados preliminares con una ventaja amplia para José Antonio Kast. Con el avance del escrutinio, Kast obtuvo aproximadamente 58 % de los votos válidos, mientras que Jeannette Jara alcanzó cerca del 42 %.

El recuento se desarrolló durante la misma noche de la votación y la madrugada siguiente, sin interrupciones reportadas. El Servel indicó que los resultados quedaron sujetos a la calificación oficial del Tribunal Calificador de Elecciones. La elección presidencial coincidió con comicios legislativos para renovar la Cámara de Diputados y parte del Senado.

Trump declara mediante orden ejecutiva al fentanilo como “arma de destrucción masiva” 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 15 de diciembre de 2025 una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como “armas de destrucción masiva”, al considerarlos una amenaza directa para la seguridad nacional.

Durante el acto de firma en la Casa Blanca, Trump afirmó que el fentanilo “es formalmente un arma de destrucción masiva” y sostuvo que su impacto supera al de muchas armas convencionales. Indicó que cantidades mínimas de esta sustancia pueden resultar letales y que su circulación ha provocado cientos de miles de muertes en Estados Unidos en los últimos años.

La orden ejecutiva establece que el fentanilo ilícito será tratado bajo marcos legales y operativos similares a los aplicados a amenazas químicas, biológicas o nucleares. El documento instruye a los departamentos de Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, Estado y Tesoro a coordinar acciones reforzadas contra su producción, tráfico, financiamiento y distribución.

El decreto también amplía las facultades del gobierno federal para imponer sanciones, perseguir redes criminales y utilizar herramientas de seguridad nacional contra organizaciones vinculadas al tráfico de fentanilo. Las disposiciones entraron en vigor de manera inmediata tras la firma presidencial.

 

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