A una semana del apagón general del 11 de noviembre y de la paralización del Metro de Santo Domingo, el presidente Luis Abinader hizo cambios en dos de las instituciones bajo mayor escrutinio por la crisis: la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). Mediante el decreto 653-25, el mandatario destituyó a Martín Robles Morillo como administrador general de la ETED y designó en su lugar al ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, hasta ahora viceministro de Energía Eléctrica.
En paralelo, el decreto 652-25 reorganiza el Sistema Integrado de Transporte y coloca a Jhael Isa Tavárez como nuevo director ejecutivo de la Opret, en sustitución de Rafael Santos Pérez, quien ocupó el cargo por más de cinco años.
Ambos decretos se emiten días después de que el Metro operara sin respaldo eléctrico propio durante el blackout y en medio de fuertes críticas políticas y reclamos de responsabilidad institucional por la falla del sistema de emergencia del transporte masivo y por el colapso de la red de transmisión.
Días después, el Comité de Fallas no había presentado un informe oficial, pero el Instituto de Energía de la UASD difundió un documento que atribuye el evento a la combinación de un error humano operativo, deficiencias en protecciones diferenciales, baja inercia del sistema, sobreprotecciones posibles en unidades térmicas y respuesta insuficiente de controles dinámicos. La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, mencionó públicamente ese informe técnico, mientras el ministro Joel Santos negó que fuera un documento oficial del Comité.
Suspensión administrativa del arzobispo Francisco Ozoria en Santo Domingo
En una carta fechada el 10 de noviembre y dirigida a sus fieles, monseñor Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, comunicó que la Santa Sede le retiró sus facultades de gobierno en materia administrativa y financiera. Explicó que, al cumplir 73 años, solicitó vía Nunciatura el nombramiento de un arzobispo coadjutor para garantizar una transición ordenada, pero que el designado llegó con “facultades especiales exclusivas” sobre el patrimonio diocesano, los asuntos económicos y la gestión del clero y del personal eclesiástico.
Según la carta, a Ozoria se le mantiene el título de arzobispo metropolitano, pero se le “suspende la potestad de gobierno” en esos ámbitos, con fundamento en Letras Apostólicas que aluden a “mala administración”. El prelado afirma que nunca fue advertido ni amonestado y recuerda que un cardenal le había dicho que tenía “muchos enemigos”.
La decisión ha generado reacciones diversas dentro de la Iglesia dominicana, entre manifestaciones de apoyo a su trayectoria y llamados a esperar detalles completos de la Santa Sede sobre las causas de la medida.
Récord de deportaciones de haitianos desde República Dominicana en 2025
La Dirección General de Migración informó que entre enero y octubre de 2025 ha repatriado a 310,499 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, cifra que supera en un 72 % el total de deportaciones realizadas en 2024, cuando se registraron 180,417 casos.
Según los datos divulgados, se han ejecutado más de 5,100 operativos de interdicción con apoyo de fuerzas de seguridad, en el marco de una política que combina refuerzo de controles fronterizos, operativos en zonas urbanas y uso de herramientas biométricas. Las autoridades señalan que el objetivo es disuadir flujos irregulares y proteger la “integridad y soberanía” del país.
Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos mantienen bajo observación estas prácticas, especialmente por su impacto humanitario en el contexto de la crisis de seguridad en Haití.
La escala de las deportaciones incide directamente en la situación de los municipios fronterizos y en la dinámica de movilidad entre ambos países, configurando uno de los ejes más sensibles de la relación bilateral.
Gobierno anuncia refuerzo del plan de seguridad ciudadana en Santiago
El Ministerio de Interior y Policía comunicó nuevas medidas para fortalecer la seguridad ciudadana en Santiago, tras una reunión del Plan de Seguridad realizada, por primera vez, fuera del Distrito Nacional.
La ministra Faride Raful anunció la instalación de 400 cámaras adicionales del sistema 9-1-1 en puntos estratégicos de la ciudad, así como el incremento del patrullaje preventivo con más vehículos y agentes provenientes de la próxima promoción policial.
El plan incluye la creación de tres fiscalías comunitarias en diferentes sectores, con un plazo de seis meses, destinadas a mejorar la atención a conflictos locales y agilizar la respuesta del sistema de justicia. También se informó sobre la construcción de un Palacio de la Policía en Santiago, financiado con fondos decomisados por el Ministerio Público. En la reunión participaron la vicepresidenta Raquel Peña, autoridades policiales, judiciales y municipales.
Nueva fase crítica en Haití
En los últimos días, Haití entró en otra fase crítica de tensión luego de que 400 Mawozo, una de las bandas más violentas del país, difundiera un mensaje llamando a la población a no salir a las calles ante lo que describieron como un inminente enfrentamiento directo con la Policía Nacional de Haití (PNH). El llamado generó alarma inmediata en Puerto Príncipe y en los corredores cercanos a Croix-des-Bouquets, su principal bastión, porque suele anticipar conflictos armados prolongados y desplazamientos masivos.
La respuesta de la Policía fue una ofensiva de gran escala, una de las más agresivas ejecutadas en meses. La PNH desplegó helicópteros, drones kamikaze y unidades tácticas de la Fuerza de Represión de Gangs (FRG), combinando ataques aéreos con incursiones terrestres simultáneas en Croix-des-Bouquets y Tabarre. En esas zonas se reportaron intercambios de disparos, decomiso de fusiles de alto calibre y bajas entre miembros de las bandas, aunque sin un balance oficial confirmado.
El operativo marca un cambio de postura: la PNH intenta retomar territorios que las pandillas controlan desde hace años y enviar un mensaje de capacidad operativa en momentos en que estimaciones locales hablan de casi el 90 % de control territorial de las bandas sobre Puerto Príncipe. El movimiento militar también ocurre en medio de la presión internacional por mostrar avances antes del despliegue completo de la misión multinacional de seguridad liderada por Kenia.
El ambiente sigue altamente volátil. Comunidades enteras permanecen encerradas, los comercios operan de forma intermitente y se han registrado nuevos desplazamientos internos. Para República Dominicana, el episodio incrementa el riesgo de desbordamientos en la frontera norte, especialmente en Dajabón y Elías Piña, donde ya se resienten los efectos inmediatos del temor generalizado y las interrupciones en el flujo habitual de movilidad.
