El presidente Luis Abinader anunció este domingo un conjunto de 15 medidas para enfrentar la migración irregular desde Haití y reforzar el control estatal en la frontera.
Durante un discurso dirigido a la nación, el mandatario explicó que las disposiciones incluyen el aumento del personal militar en la zona fronteriza, la ampliación del muro divisorio, reformas legales para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular, y la
creación de nuevas instancias para supervisar la política migratoria.
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1. División operativa y más tropas en la frontera
Abinader ordenó una reestructuración en la vigilancia de la frontera dominico-haitiana, dividiendo las tres brigadas existentes en seis áreas operativas, cada una bajo el mando de un oficial superior. Esta nueva disposición va acompañada del despliegue de 1,500 soldados adicionales a los ya presentes, elevando a 11,000 los militares destinados al control fronterizo. El objetivo es cerrar cualquier posibilidad de que bandas criminales haitianas busquen refugio en territorio dominicano. “La violencia que destruye a Haití no cruzará a la República Dominicana”, sentenció el mandatario, subrayando el carácter preventivo y defensivo de esta medida. El Gobierno, según explicó, actúa con una visión clara de contención ante la inestabilidad del vecino país, y deja atrás décadas de omisión estatal. La estrategia militar no se limita al despliegue humano, sino que forma parte de una política integral para blindar la soberanía en momentos de alta tensión regional.
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2. Ampliación inmediata del muro fronterizo
La construcción del muro fronterizo, una de las promesas insignia del presidente Abinader, se acelerará con la licitación urgente de 13 kilómetros adicionales a los 54 ya edificados. Esta segunda fase, instruida directamente al Ministerio de Defensa, tiene como propósito aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que cruce la línea divisoria. El muro se ha convertido en símbolo del endurecimiento de la política migratoria del Gobierno y del deseo de establecer una frontera física más robusta. En su discurso, el presidente dejó claro que esta obra representa lo que “muchos otros ni siquiera se atrevieron a prometer”. Más allá del aspecto material, el mensaje es político: la República Dominicana está tomando el control de su territorio ante la ausencia de autoridad en Haití. La obra es presentada como una garantía de seguridad y un acto de protección nacional ante la ola de inestabilidad haitiana.
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3. Endurecimiento legal contra facilitadores de migración irregular
Abinader anunció la introducción de un anteproyecto de reforma legal que impondrá duras sanciones a quienes faciliten la migración irregular. El proyecto alcanzará a funcionarios públicos –civiles o militares– que colaboren con el ingreso ilegal, así como a particulares que reincidan en el tráfico de personas o alquilen propiedades a migrantes sin estatus legal. También se contempla introducir modificaciones al Código Laboral para sancionar a empleadores que contraten indocumentados. Con esta medida, el Gobierno busca cortar la cadena de complicidad que alimenta la migración irregular desde múltiples frentes: institucional, empresarial y residencial. “Queremos que estas consecuencias sean las más drásticas”, advirtió el mandatario, estableciendo una nueva línea de responsabilidad compartida. El enfoque legal marca un cambio de paradigma, al trasladar el foco de la atención del migrante hacia quienes se benefician de su presencia irregular, promoviendo una cultura de cumplimiento de la ley sin excepciones.
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4. Refuerzo institucional: más agentes y oficinas migratorias
En su cuarta medida, el presidente Abinader estableció el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Migración con la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios. Asimismo, se continuará la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias del país. Esta medida busca reforzar el componente operativo de la política migratoria y descentralizar los mecanismos de vigilancia y repatriación. El mandatario justificó la acción señalando que el problema no es la emisión de visas –ya suspendida en Haití desde 2023– sino el cruce irregular. Por ello, pidió a quienes se encuentren en el país sin documentación regular, que abandonen el territorio voluntariamente o serán repatriados. La ampliación de personal y cobertura geográfica permite al Estado tener ojos y brazos en todo el territorio, facilitando acciones más rápidas y efectivas. Se refuerza así la capacidad estatal para actuar, en lugar de depender únicamente del control en la frontera.
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5. Regulación de los mercados binacionales
Aunque reconoció la importancia del comercio fronterizo, Abinader anunció que se modificarán las reglas de operación de los mercados binacionales. La nueva normativa buscará garantizar que estos espacios funcionen como plataformas de intercambio económico y no como rutas de acceso irregular. “Es hora de fortalecer las reglas que rigen estos intercambios”, afirmó el presidente. La apertura histórica de estos mercados ha sido útil para muchas comunidades, pero también ha servido como mecanismo para que migrantes permanezcan en el país al margen de la ley. Esta decisión apunta a un punto de fricción: balancear las oportunidades comerciales con la seguridad migratoria. Al modificar el reglamento, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre el flujo de personas, sin cerrar la puerta al comercio. La medida representa una forma de ordenar la frontera sin afectar directamente las dinámicas económicas que la sostienen, aunque podría generar tensiones entre comerciantes.
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6. Creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios
Como parte del fortalecimiento del aparato judicial para enfrentar la migración irregular, el presidente Abinader anunció que sugerirá a la Procuraduría General de la República la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios. Esta instancia tendría como misión central investigar, procesar y perseguir penalmente a quienes estén implicados en delitos vinculados a la migración irregular, como tráfico y trata de personas, así como explotación laboral. La medida busca que las acciones ilegales no queden impunes y que existan condenas ejemplares que disuadan a potenciales infractores. En el discurso, el mandatario subrayó que “la ley solo tiene valor cuando se hace cumplir”, y por tanto, no bastan los controles físicos, sino también una justicia eficaz. Esta nueva procuraduría también se alinea con la intención del Gobierno de institucionalizar el combate a la migración irregular desde un enfoque integral y no exclusivamente desde el aparato policial o militar.
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7. Alianza con los gobiernos locales para repatriaciones
Como séptima medida, el presidente solicitó formalmente la colaboración de los gobiernos locales para hacer más eficientes las repatriaciones a nivel nacional. Reconociendo que el fenómeno migratorio no se limita a la zona fronteriza, Abinader destacó la importancia de que las alcaldías y otras instancias locales se sumen al esfuerzo nacional. Esta cooperación permitiría mejorar los mecanismos de identificación de personas en situación irregular y facilitar su traslado a los centros de detención y posterior repatriación. La medida representa un llamado a la corresponsabilidad territorial y promueve una política migratoria descentralizada. Al sumar a las autoridades locales, el Ejecutivo busca que las políticas migratorias sean sostenibles y cuenten con mayor legitimidad social. Esta acción también se enmarca en un discurso de unidad nacional, en el que “el problema que nos afecta a todos debe ser enfrentado por todos”, como afirmó el mandatario en su intervención televisada.
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8. Creación del Observatorio Ciudadano de Política Migratoria
Para garantizar la transparencia y el seguimiento social de las acciones migratorias del Estado, Abinader anunció la creación del Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria. Esta entidad operará con total autonomía e independencia y estará coordinada por el periodista Miguel Franjul. Su función principal será supervisar el cumplimiento de las medidas migratorias, emitir recomendaciones y proponer correctivos. El mandatario destacó que este observatorio será un canal de diálogo con la sociedad civil y una herramienta para evitar abusos o desviaciones en la ejecución de las políticas públicas. La medida responde también a las críticas sobre el trato a migrantes en procesos de detención y repatriación. Con este mecanismo de vigilancia ciudadana, el Gobierno busca blindar su accionar desde la legitimidad, manteniendo el equilibrio entre firmeza en el cumplimiento de la ley y respeto a los derechos humanos. Abinader enmarcó esta iniciativa en su visión de gobernanza democrática.
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9. Protocolo para limitar atención médica gratuita a indocumentados
Uno de los anuncios más controversiales fue el establecimiento de un protocolo en hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) que condiciona la atención médica a personas migrantes irregulares. A partir del lunes 21 de abril, el personal médico deberá exigir identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria para brindar servicios. En caso de que no se presenten estos documentos, el paciente será atendido, pero repatriado inmediatamente después de su recuperación. Para garantizar el cumplimiento de esta medida, se dispondrá un agente migratorio en cada hospital. El presidente justificó esta política en la necesidad de proteger los recursos del sistema de salud público y evitar el desplazamiento de ciudadanos dominicanos. “Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites”, afirmó. Esta medida busca enviar un mensaje de orden y priorización, en un contexto donde la presión migratoria ha generado tensiones en los servicios sociales y sanitarios.
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10. Revisión de la normativa migratoria con comisión encabezada por Milton Ray Guevara
En respuesta a la necesidad de una visión estratégica sobre el marco normativo migratorio dominicano, Abinader anunció la creación de una comisión encargada de revisar las leyes actuales a la luz de la crisis haitiana. Dicha comisión estará coordinada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y su labor será proponer ajustes legales que permitan al Estado responder con mayor eficacia a los desafíos actuales. El presidente sostuvo que la economía dominicana no puede depender de la ilegalidad ni de la informalidad, por lo que urge establecer reglas claras y modernas. Esta medida busca alinear el sistema legal con las nuevas realidades de movilidad humana, pero también con la necesidad de proteger los intereses nacionales. La elección de Ray Guevara otorga peso jurídico e institucional a la propuesta y apunta a que la reforma será de fondo, no solo operativa o simbólica.
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11. Promoción de la dominicanización del empleo
Para mitigar el impacto laboral de la migración irregular, Abinader anunció que promoverá la “dominicanización del empleo” en la discusión salarial tripartita. La propuesta contempla un aumento salarial del 25% en las zonas francas y del 30% en el sector turístico, con el objetivo de incentivar la contratación de mano de obra dominicana. Según el mandatario, “cuando el trabajo se valora y se paga bien, atrae a la gente”. Esta iniciativa responde a las quejas de que los migrantes, al aceptar salarios más bajos, desplazan a trabajadores locales. El Gobierno busca entonces hacer más atractivo el empleo formal para los dominicanos y reducir la dependencia de la mano de obra extranjera. Esta medida se enmarca en una estrategia económica nacionalista, que propone fortalecer el empleo local sin frenar el crecimiento económico. El presidente asume que la migración irregular también es un problema de mercado laboral.
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12. Integración laboral de beneficiarios del programa Supérate
Como parte de una política de inclusión social y laboral, el presidente anunció que los beneficiarios del programa Supérate podrán integrarse al trabajo en los sectores de la construcción y agrícola sin perder sus beneficios sociales. Esta medida busca que los ciudadanos dominicanos de bajos ingresos puedan competir en igualdad de condiciones con los trabajadores migrantes, que suelen ocupar estos puestos. El presidente enfatizó que el progreso no debe ser un dilema entre recibir ayuda o ganar un salario. Por el contrario, se trata de ofrecer la posibilidad de avanzar en ambos frentes. Esta disposición intenta disminuir el incentivo para recurrir a la mano de obra ilegal, al ampliar la base de trabajadores disponibles sin afectar la protección social. Con esta acción, el Gobierno intenta romper el ciclo de informalidad, dependencia del subsidio y desocupación estructural en sectores vulnerables.
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13. Fondo para mecanización agrícola y modernización de la construcción
Finalmente, Abinader anunció la expansión del fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), que ya ha prestado 2,800 millones de pesos y será ampliado para financiar la mecanización agrícola y la adopción de técnicas de construcción que requieran menos mano de obra. Esta medida apunta directamente a reducir la dependencia de trabajadores indocumentados, especialmente en los sectores más intensivos en trabajo manual. El presidente hizo un llamado al sector privado para pactar con el Gobierno una hoja de ruta hacia la industrialización de estos sectores en un “período de tiempo prudente”. La inversión en tecnología agrícola y métodos constructivos modernos es presentada como una solución estructural que, a largo plazo, transformaría el modelo económico nacional y reduciría las causas estructurales de la migración irregular. La propuesta apuesta por el desarrollo productivo como barrera migratoria, complementando las medidas represivas y legales con alternativas de innovación.
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14. Inclusión laboral sin perder subsidios sociales
Como parte de las acciones para reducir la dependencia de mano de obra extranjera en el sector informal, el presidente Abinader anunció que los beneficiarios del programa Supérate podrán integrarse al trabajo en la construcción y la agricultura sin perder el apoyo económico que reciben. Esta medida busca eliminar la disyuntiva entre conservar la ayuda estatal o acceder a un empleo formal. “El progreso no debe ser un dilema entre recibir ayuda o ganar un salario, sino la posibilidad de una vida mejor recibiendo los dos”, expresó el mandatario. El objetivo es incentivar a los ciudadanos dominicanos a ocupar puestos tradicionalmente asumidos por migrantes irregulares. De esta forma, el Gobierno aspira a ampliar la base laboral formal sin excluir a los sectores más vulnerables. Esta iniciativa también contribuye al plan general de dominicanización del empleo y reduce la presión sobre las políticas migratorias desde una perspectiva social.
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15. Expansión del fondo para mecanización agrícola y modernización de la construcción
Como medida final, el presidente Abinader informó que el fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), creado para promover la mecanización agrícola y técnicas constructivas más eficientes, será ampliado. Hasta la fecha, este fondo ha canalizado 2,800 millones de pesos en préstamos y apoyos financieros. El objetivo es facilitar la transformación tecnológica en los sectores agrícola y de la construcción, reduciendo su dependencia de mano de obra no documentada. El mandatario hizo un llamado al sector privado para pactar con el Gobierno un calendario de industrialización y modernización que reduzca progresivamente la contratación de trabajadores en situación irregular. Esta medida cierra el conjunto de 15 acciones con una apuesta por el desarrollo productivo a largo plazo, combinando control migratorio con políticas económicas estructurales. Abinader planteó que el cambio debe ser gradual, pero decidido, y que el Estado ofrecerá apoyo financiero para hacerlo posible.
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