Pocas instituciones públicas cumplen con las Mipymes; se atrasan en los pagos y la DGII las asedia
Por Héctor Linares
El Gobierno Central, con una capacidad de compra de bienes y servicios equivalente a alrededor del 7 % del producto interno bruto (PIB) es teóricamente un fuerte soporte para el sector de las pequeñas y medianas empresas, pero la pesada burocracia estatal y una asfixiante fiscalidad impiden que ese potencial se ejecute en su totalidad.
Una adecuada y hasta visionaria legislación, la ley 340-06, aparentemente ha carecido de un estricto cumplimiento, pese a una posterior ley que remachaba la necesidad de que la mano del Estado diera un mayor soporte al sector de las pequeñas y medianas empresas.
La norma manda comprar en las Pymes desde las diferentes instancias estatales el 20 % de sus necesidades de bienes y servicios.
La ley 340-06 de compras y contrataciones de bienes y servicios y obras del Estado, tuvo que ser apoyada por otra ley, la número 488-08, de Fomento y Desarrollo de las Pipymes, para que la demanda estatal de bienes y servicios bajara de las grandes compañías, porque los tradicionales y grandes suplidores arropaban todo.
Y las condiciones para los pequeños y medianos suplidores participar eran prácticamente incumplibles para quienes no tuvieran, además de capacidad económica de soporte, “relaciones” en los diferentes departamentos de compras del sector oficial.
Con la aprobación y promulgación de la ley 488-08 se procuró mucho mayor apoyo al sector MiPymes, porque la normativa establece que, si la empresa beneficiaria con el 20 % de las compras estatales es propiedad de una mujer, entonces se le compre un 5 % adicional. Pero en la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) hay quejas del cumplimiento parcial de la norma.
El presidente de Codopyme, Fernando Pinales, dijo el pasado domingo al autor de este trabajo en una entrevista para el programa de televisión Puntos de Vista, que solo el Inabie está cumpliendo cabalmente con el 20 % de compras a las Mipyme. El 100 % del almuerzo y el desayuno escolar lo suministran MiPyme.
Las iniciativas gubernamentales a favor del sector de las Mipyme no han cesado, aunque los resultados no sean todos los esperados.
El presidente Luis Abinader inició el año 2022 proyectando un decidido apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas industriales, cuando el 27 de enero de ese año emitió el decreto 31-22, instruyendo “a 18 instituciones públicas cuya misión está vinculada a la protección de grupos vulnerables y al alivio de la pobreza, a que los procesos de compras que realicen para adquirir bienes y servicios relacionados con su objeto y que se produzcan en territorio dominicano, sean destinados exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias siempre que estas tengan capacidad y calidad para suministrarlos”.
“Este decreto fomenta a través del mecanismo las compras públicas a que las MiPymes industriales puedan elevar sus niveles de productividad, calidad y competitividad y así generar más y mejores empleos”, expuso el texto del decreto que también señaló que la medida “promueve que las instituciones públicas adquieran productos fabricados en República Dominicana”.
La parte práctica de la medida parece que no ha llenado las expectativas. “Tenemos leyes, decretos, pero falta voluntad política para hacer cumplir todo esto”, dijo el presidente de Codopyme, quien entiende que “nada” de la normativa para favorecer al sector MiPymes se está cumpliendo al 100%”.
Con un presupuesto general que tiene un nivel de gastos equivalente al 18 % del PIB y una dedicación a la compra de bienes y servicios de aproximadamente el 35 %, el Gobierno y las instituciones estatales descentralizadas, incluyendo los gobiernos municipales, representan un fuerte caudal de negocios para las MiPymes.
El Ministerio de Educación, por ser el mayor receptor de las asignaciones globales del Presupuesto General del Estado, con una ponderación de alrededor del 21% del valor global, y por manejar programas como el desayuno y almuerzo escolar, los libros y útiles, es el que mayor potencial tiene, y según el presidente de Codopyme, la única instancia que le compra solo a las pequeñas y medianas empresas.
Otras instancias estatales, por las características de sus gastos operacionales (uniformes, calzados, alimentos) tienen perfiles de grandes compradores de bienes y servicios para ser suplidos por medianas y pequeñas empresas. Figuran los Ministerios de Defensa, Interior y Policía, Salud Pública y Agricultura, que además son de los que más recursos tienen asignados.
Pero las órdenes de compras ni las licitaciones para MiPymes no fluyen en la proporción esperada de acuerdo con los mandatos de las leyes 340-06 y 488-08.
Más obstáculos y trabas
Pero la limitada demanda de compra de bienes y servicios no es la única dificultad que tienen las MiPymes en su relación comercial con el Estado. Otra, quizás más grave que la propia falta de compra, es la tardanza en el pago de las facturas entregadas a los diferentes suplidores gubernamentales. Lograr un pago a 60 días ni soñarlo, aunque los contratos contemplen 40 días como tiempo máximo de pago. La realidad es que pasan 90 y más días antes del pago.
Y la parte más complicada se produce con el ámbito fiscal. Son facturas por suministro de bienes y servicios gravados con el ITBIS. Un impuesto que se aplica como si todas las ventas fueran al contado.
Por el esquema de pagos que aplican las entidades del sector público, más todo el proceso administrativo necesario para que salga el libramiento de pago de una orden de compra, pasa el plazo para declarar y pagar el Itbis, que es hasta el día 20 del mes siguiente al que se hizo la facturación. Si fuera una factura de enero 2025, el plazo para presentar y pagar el ITBIS era el 20 de febrero. Pero como una factura al Estado dura, con suerte para el suplidor, en ser saldada, probablemente el pago efectivo sería entre finales de marzo y principio de abril.
Mientras tanto, para no tener problemas con la DGII, el suplidor deberá buscar (a rédito, según dijo Fernando Pinales, el presidente de Codopyme) el equivalente al 18 % de la factura, que es la tasa del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, cuyos atrasos tienen altas penalidades, comenzando con un 30 % en el primer mes.
Pero el atraso también implica que las MiPymes caiga en mora, lo que provoca la paralización para seguir supliendo a entidades públicas, las que exigen que la factura sea acompañada de una certificación de la DGII de que está al día. Y hasta las facturas les son bloqueadas a los “morosos”.
Una ayudita
Para poder paliar el obstáculo de los pagos atrasados en las instituciones estatales y los impuestos exigidos en la DGII, los dueños de MiPymes que suplen al Estado han estado acudiendo a un salva vida que les ha estado lanzado el Promipyme, con un programa de descuento de facturas que hayan sido emitidas a entidades del Estado.
Con ese mecanismo de factoring puesto en práctica por Promipyme, entidad perteneciente al Ministerio de Industria y Comercio y que dirige el economista Fabricio Gómez, los medianos y pequeños suplidores del Estado han encontrado la forma de sobrevivir a los atrasos en los pagos y a las exigencias de pagos de los impuestos.
