“La Semanal”, ese intercambio vespertino que cada lunes protagoniza desde el Palacio Nacional el presidente Luis Abinader, en el que junto a funcionarios presenta a periodistas y comunicadores temas de la agenda gubernamental que les interesan resaltar, ha sido escenario en el que algunos de los convidados las han “botado de foul por los 411”, provocando hilaridad en unos y sonrojo de otros -por la efusividad y lisonjas hacia el mandatario-. Siendo así, es inevitable que surjan cuestionamientos a la utilidad de ese espacio.
En la versión de la semana anterior esos “incidentales” rompieron techo cuando se preguntó al presidente por la presencia de Ovnis en el país, y por el estrellamiento de un vehículo contra el Palacio, preguntas que motivaron a un muy puntilloso articulista a evaluar con ponderada criticidad el papel de la prensa, y, también opacaron un tanto el interesante tema de agenda: el agua y su disponibilidad, expuesto por Abinader y otros cuatro funcionarios.
Entre las normativas de La Semanal, los periodistas y comunicadores tienen la libertad de tocar cualquier tema -excepción de la política partidista y electoral- diferente al agendado por los convocantes, y eso hizo Karla Ramírez, una periodista de La Vega (que fueron de los invitados a la reunión), cuando preguntó al mandatario sobre los planes del gobierno para enfrentar la epidemia de accidentes viales, que como el agua, también es “asunto de vida”, cual aseguraba -hace años -una campaña educativa sobre la conservación del “vital líquido”.
Admitiendo que la responsabilidad principal en el manejo del tránsito vial y sus derivaciones es del Estado, Abinader detalló cifras de víctimas, heridos, costos, de métodos y acciones posibles para enfrentar el problema, tareas en las que los conductores tienen corresponsabilidad, pero estimando cardinal la educación ciudadana para alcanzar una solución a tan dramático problema, que coloca al país entre los primeros del mundo en esa calamidad pública.
Y es que transitar por calles, carreteras, autopistas y caminos del territorio nacional, por las condiciones de muchas de esas vías, es casi una convocatoria a la muerte, tal como dicen las cifras del recién pasado 2023,que según los datos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) -fueron 1,994 por accidentes, estadísticas que desde el año 2000 han catapultado a República Dominicana a los primeros lugares, según registros de la Organización Panamericana de la Salud.
De esos conductores, los más afectados son los motoconchistas y pasajeros de motocicletas, quienes sufren lesiones graves, en particular, traumatismos craneoencefálicos severos, amputaciones, pérdida de la vista, lesiones neurológicas, fracturas múltiples, lesiones medulares, en la cabeza, cerebro, cuello, espalda, pelvis, abdomen y costillas, recoge un reportaje el periódico El Dinero, dónde revela que solo en el hospital Traumatológico Ney Arias Lora, en el pasado 2023 atendieron a más de 11,062 accidentados. De estos 10,420 fueron motocicletas, quienes desde 2018 hasta hoy son el mayor número de pacientes en ese centro asistencial.
Como respuesta a la pregunta de la periodista Ramírez, el presidente Abinader anunció la ampliación y construcción de nuevas unidades traumatológicas en diferentes regiones del país, las que contarán con equipamiento y otras facilidades que permitan atender con eficiencia y eficacia a esos pacientes, que “les cuestan al Estado entre US$2,200 millones y US$3,400 millones, que equivale a aproximadamente el 2.21%-3.2% del producto interno bruto (PIB), mayormente distribuidos en servicios médicos y daños a la infraestructura y espacios públicos”, dice El Dinero.
Los hospitales de traumatología están ranqueados entre los niveles 2 y 3 en el sistema de Salud del país, programados para ofrecer atenciones y cuidados médicos de mayor envergadura, especialidades más comprometidas, las que superan al nivel uno, que es de atención primaria, en que se supone debe hacerse énfasis en la prevención, con la educación del paciente, para evitar agravamiento de enfermedades que pueden ser manejadas con más facilidades y menor costo, a partir de una mayor responsabilidad compartida, involucrando más a los beneficiarios, que son el 80 por ciento de los usuarios del sistema de salud.
Sin descuidar las atenciones dadas a los pacientes accidentados, creo -dada mi conocida ignorancia en el tema-, que el gobierno debe cambiar su enfoque y abordar la educación como prioridad en el tránsito, que así se reduciría la escandalosa cantidad de accidentes, los que ocurren por actitudes y comportamientos de los conductores, quienes, con sus manejos imprudentes, temerarios, junto a la falta de atención a las leyes de tránsito y la carencia de civilidad urbana- de esta última son responsables también muchos peatones- pero sobre todo, la carencia educativa, provocan muertes evitables si se asumiera una conducta pertinente, tal como la pregunta de Karla Ramírez en La Semanal.
