Entre planes financiados y una depredación que no se detiene.
Por Nelson Cuevas Medina
El pasado 24 de febrero fue presentado, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, el esperado Plan de Manejo que, en teoría, debe regir la administración de esta área protegida estratégica del sur del país.
El acto estuvo encabezado por una comisión del Viceministerio de Áreas Protegidas, con el acompañamiento de las fundaciones AVSI y SOH, cuya participación no es menor. Ambas entidades acompañaron la reformulación del Plan hasta lograr su conclusión. Este hecho, aunque positivo en términos de cooperación, deja al descubierto una realidad incómoda. La planificación de instrumentos esenciales para la gestión ambiental continúa dependiendo, en gran medida, de apoyo externo.
El documento, de carácter amplio, fue construido con la participación de diversos sectores de la zona. No obstante, su presentación no puede analizarse al margen de un dato esencial. No es la primera vez que se intenta dotar al parque de un Plan de Manejo. Durante años, se realizaron múltiples esfuerzos que no lograron concretarse, evidenciando una preocupante falta de continuidad institucional en la política ambiental dominicana.
Hoy, finalmente, el plan existe. Pero su sola existencia no resuelve el problema de fondo. La realidad en la provincia Independencia -y particularmente en el entorno del Lago Enriquillo- desborda cualquier planteamiento técnico. La deforestación en gran parte de su entorno, para la producción de carbón, destinada en gran medida al mercado haitiano, sigue avanzando. Si no son removidos, 12 vertederos a cielo abierto permanecerán a escasos metros, vertiendo sus desechos en su interior.
La ocupación irregular de terrenos, la presión constante sobre los recursos naturales y la débil presencia del Estado configuran un escenario donde las normas existen, pero rara vez se imponen.
En ese contexto, la presentación técnica del plan, a cargo de su coordinador Adolfo José López Belando, corre el riesgo de quedarse en el plano formal si no va acompañada de decisiones firmes, recursos suficientes y un régimen efectivo de consecuencias, que en esta gestión brilla por su ausencia.
Porque la experiencia reciente es clara. En la República Dominicana no han faltado planes, diagnósticos ni documentos bien elaborados. Lo que ha faltado es la voluntad política sostenida para ejecutarlos y la capacidad institucional para hacerlos cumplir.
Y es ahí donde este nuevo Plan de Manejo enfrenta su mayor prueba. No en su diseño, no en su metodología, ni en la calidad de sus consultores, sino en su capacidad de imponerse sobre prácticas arraigadas de depredación, muchas veces toleradas o invisibilizadas.
La participación de organismos como AVSI y SOH ha permitido, finalmente, cerrar un proceso que el Estado no había logrado concluir por sí solo. Pero eso, lejos de ser un punto de llegada, debe ser un punto de partida para una reflexión más profunda, y unas preguntas obligadas.
¿Por qué han fallado tantos intentos anteriores? ¿y qué garantiza que esta vez será diferente?
Si no hay respuestas claras a esas preguntas, el riesgo es evidente. Que este Plan de Manejo termine siendo, como muchos otros en otros puntos del país.
Un documento bien intencionado, que recoge todo cuanto debe permitirse y no permitirse… mientras en el terreno la realidad sigue un curso completamente distinto.
