Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – Son muchas las medidas que ha tomado la nueva administración del presidente Donald Trump, en especial en materia migratoria.
La más reciente es la "Ley de enemigos extranjeros", que data de 1798, que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial, con el único objetivo de deportar a los miembros de la padilla El tren de Aragua.
Pero ¿qué tan aplicable es esta ley para estos fines?
¿Qué dice la ley?
La Ley de Enemigos Extranjeros, con una antigüedad de 227 años, le otorga al presidente de los Estados Unidos la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los cuales Estados Unidos se encuentre en guerra.
Esta normativa fue aprobada durante la presidencia de John Adams, cuando el país estaba a punto de iniciar la guerra con Francia, como una manera de prevenir el sabotaje y el espionaje extranjero.
En tres ocasiones
Desde su promulgación en 1798, esta ley solo se ha aplicado en tres ocasiones. La primera vez ocurrió en 1812 durante la guerra de Estados Unidos con el Reino Unido.
Las otras dos ocasiones, fueron durante la primera y la segunda guerra mundial. Es decir, que desde 1945, no se había aplicado.
Enemigos extranjeros
Cuestionado sobre la legalidad de esta medida, el presidente Trump respondió que los miembros del Tren de Aragua eran terroristas y que los terroristas eran enemigos de los Estados Unidos de América. También dijo que el país había sido invadido y, por lo tanto, está en su derecho de expulsar a los enemigos. Uno de los periodistas le apuntó que esta ley era invocada en tiempos de guerra, a lo que el mandatario dijo que efectivamente "estamos en una guerra".
Sin embargo, tan pronto como el presidente aplicó esta ley, un juez federal la bloqueó y negó el derecho de deportar amparado en esa normativa.
El juez emitió un fallo para impedir el traslado de 5 supuestos miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Sin embargo, esto no impidió que dos de tres aviones con más de 200 venezolanos a bordo, aterrizaran en El Salvador.
Según la administración, los vuelos ya estaban en el aire cuando se produjo la orden del juez federal James Boasberg.
Una audiencia especial
La tarde de este lunes, el juez Boasberg convocó una audiencia para determinar si la administración Trump había desafiado su orden judicial, al continuar con la deportación de los venezolanos.
Durante el encuentro con abogados del gobierno, el juez preguntó sobre el estatus de los vuelos al momento de emitir su orden. También quiso saber el número de personas a bordo de los aviones, cuantos vuelos en total habían salido y el destino final de cada aeronave. A estas preguntas, los cuestionados dijeron que era información confidencial, que no podían revelar ni ofrecer ningún detalle, porque era un tema de seguridad nacional.
Mientras todo esto ocurría en la corte, el Departamento de Justicia pedía la destitución del juez Boasberg.
Los vuelos
Aunque en audiencia, los abogados de la administración Trump se negaron a ofrecer información sobre los vuelos y el número de deportados, trascendió que se trató de tres vuelos, que salieron de Texas, dos con destino a El Salvador y el tercero con destino a Honduras. Se estima que cerca de 300 personas Iban a bordo de los aviones.
Lo que dijo Bukele
Lo dicho por el presidente Nayib Bukele confirma el número de supuestos miembros del Tren de Aragua que llegaron al país. Bukele dijo que habían llegado los primeros 238.
"Estados Unidos pagará una tarifa muy baja para ellos, pero alta para nosotros", dijo el presidente de El Salvador.
Defensores
Tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Marco Rubio, han defendido el derecho de expulsar del país a sus enemigos.
Rubio expresó: "En Estados Unidos no queremos terroristas. ¿Es eso tan difícil de entender?".
El funcionario no solo defendió la aplicación de la ley, sino que puso su mayor esfuerzo para enviar a decenas de venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, también conocido como la Megacárcel, en El Salvador, para que guarden prisión allí. Para ello, Estados Unidos pagará al gobierno de Nayib Bukele, una cuota mensual.
Desde ya se levantan voces que entienden que ciertamente ha habido un desafío de una orden judicial que podría generar una crisis constitucional.
Mientras se define la legalidad o no de la aplicación de esta normativa, lo cierto es que ya los deportados se encuentran guardando prisión en la "Megacárcel ", un enorme complejo carcelario que tiene una dimensión de cuatro estadios de fútbol, con altos estándares de seguridad para impedir las fugas y con estrictas reglas que todos deben cumplir.
Ahora habrá que saber qué pasará con la solicitud del Departamento de Justicia de destituir al juez Boasberg o si por el contrario el gobierno de Trump será responsable de desafiar la orden de un juez federal.
