Por Osvaldo Santana
La participación del presidente Luis Abinader en el foro del Consejo Económico y Social el pasado 4 de junio amplía su oportunidad para alcanzar una gobernanza tranquila y lograr los propósitos pendientes hasta el 16 de agosto de 2028.
La reunión con la presencia de Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, supuso un período previo de diálogo que permitió ese encuentro, lo que bajó algún nivel de tensión por cualquiera de los ingredientes propios del quehacer político.
Están sentadas las bases para proseguir en lo que sería un período de serenidad en el ejercicio del poder, para impulsar las áreas en rezago de su Administración que necesariamente envuelven las obras inconclusas o en desarrollo y un recogimiento de la política de gastos corrientes, estresada por el asistencialismo y el populismo.
Ese proceder es necesario si se considera cómo la inversión pública se ha desacelerado. El año pasado, la administración Abinader disminuyó su gasto de capital hasta un 12.9%, y según las previsiones presupuestarias, durante el 2025 el gasto de capital no llegará al 12%.
Ya el exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, advirtió que “la República Dominicana ha caído en un nivel de baja inversión pública sin precedentes en los últimos 60 años”. A mediados de marzo dijo, durante el encuentro Visión de Negocios 2025, organizado por la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), que el gasto en infraestructuras está más cerca del 2% del producto interno bruto (PIB) que de un 3%. "Entonces, un país en este estadio de desarrollo no puede seguir creciendo sostenidamente y manteniendo calidad de vida con una inversión en infraestructura pública del 2 % del PIB…”.
Manifestó que el promedio de inversión en infraestructura durante la administración de Joaquín Balaguer fue de entre 6 y 7% del PIB; con Leonel Fernández las inversiones públicas fluctuaron alrededor 4.5% y durante el gobierno de Danilo Medina el gasto de capital no bajó de un 3%. Sin embargo, la proyección actual es que la inversión será del 2.2% del PIB durante todo el actual período. “Eso va a llevar a que estos ocho años de gobierno sean los de menor inversión pública desde principios de los años 60”,
Si se piensa en las obras inconclusas que ameritan inversión, como la reconstrucción de la carretera Barahona-Pedernales, el mismo proyecto Pedernales, la circunvalación de Baní, la mejoría de la carretera Duarte, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la extensión del metro de Los Alcarrizos, atrasado por la falta de recursos económicos, y por la inefiiencia de las autoridades del Metro de Santo Domingo, lo mismo pasa con la extensión del Metro de Punta, en Villa Mella; la prolongación de la avenida Ecológica hasta el puerto Caucedo, y los compromisos asumidos para la instalación de la infraestructura para generación eléctrica y la construcción de las obras de riego de la presa de Monte Grande, es como para preocuparse. Y ni pensar en el deterioro de carreteras como la de San Juan-Barahona, Neyba-Jimaní y la interminable carretera Bayaguana-Hato Mayor por El Puerto, más la falta de mantenimientos en decenas de vías secundarias, puentes y otras obras.
La inversión pública prevista para este 2025 fluctuará entre RD$81,003.4 millones y RD$102,058.0 millones (1.3% del PIB), aunque los requerimientos sobrepasan los RD$301,947.6 millones. Estaríamos ante una ejecución presupuestaria inferior a la de 2024, que superó los RD$115,000 millones, según la data de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Lo que se requiere
El panorama requiere que, así como el presidente logró reunir a los expresidentes para hablar sobre Haití, que se serene y considere la posibilidad de rediscutir las fuentes de ingresos de la Nación para financiar gastos tan elevados, tanto de inversión como corrientes.
Porque si bien la crisis de Haití impacta tanto la vida dominicana por los motivos identificados, como la seguridad de la frontera, la superación de la pobreza de los pueblos fronterizos, la incontrolable migración, la importancia del comercio binacional, para lo cual se requiere la unidad nacional, con tanta o más razón es fundamental un diálogo para abordar la insuficiencia de recursos que requiere el Estado dominicano para evitar el estancamiento económico y social e impulsar la República a los estadios de progreso que el propio presidente imagina para 2036.
Es decir, que ese ambiente cordial y de unidad nacional para encarar la amenaza haitiana y reclamar la solidaridad internacional para esa nación, perfectamente puede utilizarse para abordar los grandes retos que representa la pobreza, las amenazas sobre el equilibrio de los gastos y la fiscalidad, la seguridad ciudadana y la vida llevadera en ciudades y pueblos.
Más que conclusiones a que se llegue en el foro del Consejo Económico y Social respecto a la inseguridad en Haití y su impacto nacional, interesa que el ambiente de comunicación predominante entre los líderes se transfiera a otras esferas en el ámbito nacional.
El tiempo es oportuno, tanto por los apremios presupuestarios del gobierno, por la relativa paz ciudadana, porque el presidente Abinader ya no puede volver a reelegirse, y todavía faltan tres años para las próximas elecciones, suficientes para crear una nueva fiscalidad que permita encarar los retos y la amenaza que también significa la creciente deuda pública, que aumenta aceleradamente desde 2001, cuando la del sector público no financiero rondaba los US$3,956.9 millones, para alcanzar hoy US$61,340.5 millones, que representan el 48.5% del PIB, al 20 de mayo pasado.
