Por Héctor Linares
Todos los indicios son reformistas. El debate para la reforma está aflorando. Quedó en el ambiente cuando en octubre del año pasado el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional un proyecto de “Modernización Fiscal” que había sometido y que no logró el consenso necesario para su aprobación dentro de los principios democráticos concebidos por el presidente Luis Abinader. Los tambores de la reforma, fiscal o simplemente tributaria, están sonando cada vez con más consistencia.
La semana pasada hubo dos acontecimientos que avivaron el tema: la publicación oficial del informe definitivo de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que vino al país a examinar la economía y luego una disertación en Santiago, del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en un encuentro con los industriales de la región Norte. El tema de la reforma fiscal y otras en el ámbito económico quedó expuesto en ambos escenarios.
Cuando el presidente Abinader retiró el proyecto de reforma, el 17 de octubre del 2024, Pronosticamedia.com publicó un análisis en el que planteaba que el mandatario había retirado el debate del Congreso Nacional, pero que la discusión seguiría porque reformar la estructura fiscal es una necesidad para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Luego, con la designación de Magín Diaz al frente del Ministerio responsable de diseñar la política fiscal, la creencia de que el tema de la reforma fiscal volvería al escenario, recobró fuerzas. Y todo parece indicar que el tiempo de discusión se acerca y que solo faltaría por definir el tipo de reforma y el tiempo de aplicarla es cuestión de identificar el escenario de discusión y los actores que participaran.
El informe del FMI habla de dialogo para negociar o consensuar reformas económicas, poniendo en el tapete como referente el Plan Meta 2036, presentado por las autoridades gubernamentales y que entre otras cosas busca duplicar el producto interno bruto (PIB) dominicano en 10 años, una meta que muchos economistas consideran imposible de alcanzar sin reformas estructurales.
Una reforma simplemente tributaria, que aumente los ingresos del Gobierno, o una integral, que toque el gasto y su calidad, como plantea el sector privado desde hace más de una década, es materia que deberá ser definida en una discusión profunda, que para muchos debe ser realizada en el seno del Consejo Económico y Social, la instancia legal creada para pactar medidas trascendentes.
Pactos paren reformas
En el país desde la última década del siglo pasado y en la primera del presente se han firmado grandes pactos, los cuales han dado lugar a reformas estructurales. En 1990, año cuando hubo una crisis económica que se manifestó con altísima inflación y fluctuaciones cambiarias, el Gobierno de entonces, presidido por el doctor Joaquín Balaguer, firmó con el sector empresarial el “Pacto de Solidaridad Económica”, un acuerdo que posibilitó las tres grandes reformas económicas que se han firmado en el país: la arancelaria, tributaria y la laboral. Esas tres reformas se aprobaron en el año 1992.
A poco más de una década después fue necesario otro acuerdo, el Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, con el propósito de enfrentar la crisis que generó la quiebra de los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil, cuyo salvamento tuvo un alto costo para la economía dominicana (12 % del PIB de entonces, según algunos estimados) y de cuyos efectos aún quedan remanentes. Para curar esa herida a la economía dominicana se cita la necesidad de una reforma que facilite recursos para capitalizar al Banco Central, el órgano que asumió el costo del salvamento bancario, cayendo sus operaciones en lo que se ha llamado “déficit cuasi fiscal”.
En la materialización de esos dos pactos, hubo un negociador importante: Monseñor Agripino Núñez Collado, para entonces rector de la PUCMM, influyente universidad creada por la Iglesia Católica en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de Santiago.
Los precedentes reflejan que las reformas económicas son fruto de pactos, por lo que se da como un hecho que la posiblemente imprescindible reforma fiscal cuyo debate ha comenzado a ser planteado, sea discutida en el Consejo Económico y Social (CES), que ahora no contará con monseñor Núñez Collado como su presidente y el “armador” por excelencia, por haber fallecido el 22 de enero del 2022 en Santiago.
Existe la necesidad de llevar al Congreso Nacional un proyecto de reforma fiscal consensuado, y el CES, donde están representados todos los sectores de la vida nacional, es la instancia más idónea para la discusión. Ese escenario servirá para que cada sector diga qué país quiere y cómo financiarlo.
En la versión de reforma fiscal retirada del Congreso, las objeciones fueron formuladas en vistas públicas congresuales.
Informe FMI y reformas
El FMI, que, en todas sus evaluaciones de los últimos años a la evolución de la economía dominicana, hace mención a las finanzas públicas y al tema de las reformas económicas pendientes, volvió a llover sobre mojado.
En su informe, los directores del organismo financiero internacional acogieron positivamente “la ambiciosa agenda de reformas estructurales, enfocada en impulsar el crecimiento potencial del país y alcanzar el nivel de economía de ingreso alto, conforme a lo previsto en el Plan Meta 2036”.
En ese tenor señalaron que, para alcanzar estos objetivos se requieren esfuerzos para seguir mejorando la gobernanza, avanzar con las reformas laborales y de la seguridad social, e invertir eficientemente en proyectos de infraestructura, en la educación y la salud. Reconociendo los avances logrados, los directores coincidieron en que la alta vulnerabilidad de República Dominicana a los desastres naturales exige adoptar un enfoque integral para la mitigación de riesgos y aumentar la resiliencia del país.
Entienden necesario “ahondar en las consideraciones de política fiscal relacionadas con los desastres naturales”, y plantean que “las reformas fiscales y estructurales, sobre todo en el sector eléctrico, son esenciales para mejorar las perspectivas de crecimiento de mediano plazo y continuar fortaleciendo la resiliencia económica, incluyendo a desastres naturales”.
El pasado 12 de noviembre en curso, en Washington, el directorio ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV con República Dominicana 1 al 12 de noviembre de 2025.
El informe destaca que, en el plano interno, “el retraso en la implementación de los planes de reformas e inversión pública por parte de las autoridades podrían suponer factores desfavorables para el crecimiento, en tanto que una implementación robusta sería un factor favorable”.
Los directores elogiaron los esfuerzos continuos que, afirman, lleva a cabo República Dominicana para fortalecer las políticas y las instituciones y promover reformas proempresariales, que han propiciado un desempeño macroeconómico sólido en las últimas dos décadas.
Un elemento que hace pensar que la postura del FMI sea un punto importante para una eventual reforma fiscal, es que el informe indica que, pese a la solidez de los fundamentos económicos, los directores instaron a las autoridades a continuar “con políticas prudentes” y a ejecutar con firmeza el programa de “reformas para acelerar el ritmo de crecimiento” y mejorar la capacidad de resiliencia del país.
Según la visión del FMI, el desarrollo de una estrategia de ingresos de mediano plazo comunicada adecuadamente podría ayudar a sentar las bases para una reforma fiscal más amplia. Se entiende que es una recomendación para negociar la posible reforma.
Los directores señalaron que la implementación integral del Pacto Eléctrico es imprescindible para reducir los riesgos fiscales y garantizar la resiliencia del sector.
Magin al bate
En una exposición en el almuerzo anual de la AIREN en Santiago, el ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz -quien cuando se retiró el proyecto de reforma del Congreso era consultor y había sido procurado para que opinara sobre la pieza por diferentes segmentos empresariales- dijo que las reformas que requiere la República Dominicana deben mejorar la recaudación, corregir distorsiones , eficientizar el gasto, facilitar el cumplimiento tributario y consolidar unas finanzas públicas que permitan mayor inversión y la recapitalización del Banco Central.
Dijo que el país está en un punto de inflexión en el que debe decidir entre despegar o quedarse en la trampa del ingreso medio en la que cayeron muchos países de la región.
