Por Nelson Cuevas Medina
En la República Dominicana, la Semana Santa ha dejado de ser, hace tiempo, un espacio de recogimiento espiritual para convertirse en un ritual colectivo de depredación ambiental. Nos encontramos entre la fe abandonada y el ecocidio tolerado.
Lo que debería ser silencio, reflexión y respeto por la vida -y por el derecho de los demás a la tranquilidad- se transforma, año tras año, en una escena recurrente de caos, contaminación y destrucción.
Un verdadero ecocidio
La definición más aceptada de este concepto lo describe como: "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al medioambiente”.
No se trata de hechos aislados. Es un patrón. Una conducta social tolerada y, en la práctica, institucionalmente permitida. Aun así, es preciso aclarar que una parte importante de la población sí vive este tiempo conforme a su significado religioso.
El país que enmudece ante el ruido
La contaminación sónica se ha convertido en uno de los rasgos más visibles -y más normalizados- de la Semana Santa.
El uso indiscriminado de equipos de sonido a niveles insoportables en playas, ríos y comunidades, constituye una agresión directa al bienestar colectivo. No es ocio. Es una forma de violencia social con impacto ambiental.
Surge entonces una pregunta inevitable. ¿En qué momento la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales dejó de aplicarse en materia de ruido?
La ley no se suspende. Tampoco las normas que reconocen la contaminación acústica como una infracción. La práctica social ha impuesto otra lógica. Durante estos días, el ruido deja de ser sancionable y pasa a ser tolerado. No hay incautaciones de equipos, y el Fiscal provincial medioambiental brilla por su ausencia.
El efecto es claro. Estrés, trastornos del sueño y deterioro de la salud mental. A esto se suma una realidad particularmente reveladora. Incluso, vemos cómo las actividades religiosas conviven, en muchos casos, con niveles de ruido que las contradicen.
Carreteras llenas, aire degradado
El desplazamiento masivo hacia balnearios y zonas costeras incrementa significativamente la emisión de CO².
La huella ambiental no es simbólica. Es acumulativa y medible. Responde a un modelo de consumo que ignora tanto la sostenibilidad como el sentido mismo del período.
A ello se añade un componente frecuentemente ignorado. La falta de control sanitario en alimentos, el desorden en la ocupación de espacios y la ausencia de regulación efectiva.
Espacios públicos y balnearios. El desorden como norma
Lugares como Las Marías en Neyba, el balneario de Boca de Cachón, el río Las Damas y La Zurza en Duvergé, así como múltiples playas de Barahona, se convierten en escenarios de saturación, descontrol y alto riesgo.
En estos espacios, además del daño ambiental, emergen consecuencias sociales graves. Accidentes de tránsito, ahogamientos y situaciones que cada año engrosan estadísticas trágicas.
El problema deja de ser exclusivamente ambiental para convertirse en un asunto de seguridad pública no regulada.
La geografía del abandono. Basura como paisaje
En la región Enriquillo -territorio históricamente relegado en la gestión ambiental del Estado- la degradación adquiere una dimensión aún más crítica.
El entorno del Lago Enriquillo, las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, así como zonas costeras cercanas a la Bahía de las Águilas, evidencian una realidad alarmante. Residuos sólidos dispersos sin control tras cada jornada de asueto.
A esto se suma un elemento estructural que agrava el problema. La existencia de múltiples vertederos a cielo abierto en comunidades de la región, que operan sin condiciones técnicas adecuadas y sin control efectivo de las autoridades competentes.
De este modo, la basura no es solo el resultado del comportamiento irresponsable de los visitantes. Es también la manifestación de una política pública deficiente en materia de gestión de residuos.
Plásticos, vidrios, residuos orgánicos e incluso desechos peligrosos son abandonados sin ningún tipo de control, en abierta violación a la Ley No. 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos.
La acumulación de residuos, tanto coyuntural como estructural, convierte amplias zonas de la región Enriquillo en verdaderos puntos de degradación ambiental permanente.
La norma existe. La realidad la desmiente. ¡Esto se jodió!
Áreas protegidas. De la norma a la ficción
Las áreas protegidas responden a un régimen jurídico especial. La Ley Sectorial de Áreas Protegidas, número 202-04 establece límites claros. Capacidad de carga, usos permitidos y restricciones. Nada se observa para su cumplimiento.
Espacios como el Monumento Natural Manantiales Las Barías, en La Descubierta y Las Azufradas, en Duvergé, dentro del entorno del Parque Nacional Lago Enriquillo, ilustran la contradicción entre norma y realidad.
La ocupación desordenada, el acceso vehicular indebido y la presión humana sobre ecosistemas frágiles evidencian una inobservancia sistemática de la ley.
La protección ambiental, en estos casos, deja de ser efectiva y se convierte en una ficción jurídica.
El Estado ausente
El país no carece de leyes ambientales. Carece de consecuencias.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás instituciones despliegan operativos que no logran responder a la magnitud del problema. La fiscalización resulta débil e inoperante en muchos lugares. Las sanciones son excepcionales. La impunidad se normaliza.
Como se dice en el deporte. Se ha instalado "una regla no escrita". Durante la Semana Santa, violar la ley no tiene costo ni consecuencias.
Una sociedad que celebra destruyendo.
Lo ocurrido en Semana Santa trasciende lo ambiental. Refleja una crisis de orden social e institucional.
En la región Enriquillo, donde convergen fragilidad ecológica y abandono histórico, el impacto es aún más severo.
Cada residuo abandonado, cada bocina desbordada, cada intervención indebida en un área protegida, constituye una agresión directa a un territorio protegido por ser vulnerable.
La interrogante ya no es ambiental
¿Cómo una conmemoración de carácter sagrado ha degenerado en un escenario de depredación ambiental sistemática?
La cuestión de fondo es otra. Si como sociedad estamos dispuestos a seguir aceptando, cada año, un ecocidio que ocurre con absoluta normalidad.
