Por Octavio Santos
En lo que va de 2025, la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional ha aprobado más de una veintena de resoluciones. Desde reconocimientos a personalidades hasta reformulaciones presupuestarias millonarias, todas las iniciativas analizadas comparten un mismo origen: la solicitud directa de la Alcaldía.
Ninguna de las decisiones revisadas —incluyendo las aprobaciones presupuestarias, las modificaciones de partidas, los viajes internacionales de la alcaldesa Carolina Mejía, o los homenajes a figuras públicas— se deriva de propuestas presentadas por los propios regidores en ejercicio de su función de representación.
El balance institucional sugiere una desconexión entre el Concejo de Regidores y los ciudadanos que los eligieron. Lejos de actuar como fiscalizadores de la gestión municipal o promotores de políticas públicas desde el territorio, los regidores parecen actuar como validadores formales de lo que ya ha sido decidido por el Ejecutivo local.
Reformulaciones, no nuevas prioridades
De las más de ocho resoluciones presupuestarias aprobadas este año, ninguna ha surgido de un proceso participativo o ha introducido nuevas prioridades para la ciudad. Las reformulaciones simplemente movieron recursos de un renglón a otro, casi siempre a favor de las Direcciones de Infraestructura Urbana, Obras, y Servicios Públicos Municipales, en correspondencia con obras ya planificadas por la Alcaldía.
Una revisión detallada muestra que al menos RD$1,500 millones se han reasignado dentro del presupuesto municipal, sin que se haya discutido públicamente cuáles son las urgencias más sentidas en los barrios ni se haya rendido cuenta sobre la ejecución previa de los fondos.
Incluso en la aprobación de la ejecución presupuestaria de los trimestres octubre-diciembre de 2024 y enero-marzo de 2025, el Concejo se limitó a acoger los informes enviados por la Administración, sin debates visibles ni observaciones.
Reconocimientos a figuras… ¿y a los barrios?
Otra parte importante del trabajo del Concejo en 2025 ha consistido en entregar reconocimientos: más de 60 personas han sido declaradas “Huéspedes Distinguidos”, “Jóvenes Destacados”, “Heroínas de la Cotidianidad” o “Hijas Adoptivas Póstumas”. Aunque estos actos tienen un valor simbólico y social, la ausencia de resoluciones que atiendan problemáticas vecinales concretas —como el transporte, la inseguridad, el drenaje pluvial o el déficit habitacional— es notoria.
No se ha aprobado ninguna ordenanza relativa a servicios esenciales ni se ha conocido públicamente una moción sobre condiciones de mercados, escuelas, cementerios, gestión de residuos o planificación urbana inclusiva, temas que afectan de manera directa la cotidianidad de los residentes de sectores como Gualey, Capotillo, Villas Agrícolas, Los Kilómetros o Los Ríos.
¿Una institución acéfala?
La Sala Capitular del Distrito Nacional debería ser la principal instancia de control, deliberación y representación ciudadana del gobierno local. Sin embargo, el patrón de actuación observado sugiere que opera más como una extensión protocolar del despacho de la alcaldesa que como un espacio plural, con autonomía y voz propia.
La ausencia de debates críticos, la aprobación casi automática de las propuestas del Ejecutivo y la falta de propuestas orientadas a resolver problemáticas de la ciudadanía profundizan el distanciamiento entre los regidores y las comunidades.
