Por Haivanjoe Ng Cortiñas
El país es un emisor de deuda pública porque la respalda el Estado, ya sea la denominada del sector no financiero o la conocida como consolidada. De la primera el saldo a julio de 2024 asciende a US$ 57,653 millones, correspondiendo la externa a US$ 40,795 millones, equivalente a un 70.8 % del total, y de la segunda, el monto es de US$ 72,695 millones, con una participación de la deuda externa del Banco Central de US$ 1,081 millones, para un 5.6 % de la deuda del sector público financiero. Toda la deuda a la que hemos hecho referencia es la deuda soberana.
La deuda soberana no es propiedad de una gestión presidencial, aunque sí es corresponsable de su saldo. La gestión de la deuda pública es una responsabilidad de las administraciones presidenciales, de ahí la importancia de que cada gobierno cumpla en forma oportuna con el pago de la deuda contraída, pues dependiendo del cumplimiento será la métrica de las agencias calificadoras de riesgos -Moody’s, Standard & Poor y Fitch-, como las más destacadas, y cuando su enfoque se centra en la deuda pública externa de corto y largo plazo, las firmas le otorgan a la deuda pública un determinado rating soberano.
Una buena manera de conocer la capacidad de pago de la deuda externa de una economía es observando el comportamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el caso dominicano, para el 2019 era de un 1.3 % del PIB, en el 2022 de un 5.7 % y en el 2023 de un 3.6 %, señales que pueden ser un reflejo de lo concentrado de las exportaciones como una de las características del bajo índice de complejidad económica.
La opinión de las firmas calificadoras de riesgos no es infalible, mucho menos palabra de Dios, pero sí es un juicio que parece estar a la diestra del divino, cuando se trata de un mercado de deuda y de la inversión extranjera directa, por lo que es mucho mejor tener una buena que una mala calificación, especialmente para las economías emergentes. Distintos factores inciden en la calificación crediticia, el fiscal, monetario, la estructura productiva, el marco legal para la flexibilidad de las políticas económicas, lo institucional, la transparencia y los aspectos de orden social y político.
Las autoridades económicas de turno han mostrado un evidente interés para que la reforma fiscal se incline a favor de alcanzar la calificación crediticia del grado de inversión y hasta realizan esfuerzos por replicar modelos fallidos de otras latitudes, como el del caso del Fujischock y la mano visible de Hernando de Soto. Reitero que no es despreciable lograr el grado de inversión, pero me inclino por la opción de que sea como resultado de un proceso progresivo, sin esteroides, que pueda trastornar la sistematización del crecimiento económico con estabilidad, mantenido en los últimos 20 años.
Tenemos 14 años consecutivos aportando a la mejora de la calificación crediticia, pasando desde la de tipo B a BB, otorgada por las firmas Standard & Poor’s y Fitch, así como también la de Moody’s, de B1 a Ba3, lo que nos permite estar más cerca del grado de inversión, eso debido, al avance en los indicadores macroeconómicos sin sobresaltos y a la estabilidad política/social. Lo faltante debe lograrse sin pausa, pero tampoco sin prisa. No olvidemos que en América Latina hay 7 países que poseen grado de inversión, en los que al menos Uruguay y Paraguay registran menor inversión extranjera en los últimos 10 años que la República Dominicana, sin que esta tenga grado de inversión.
Propiciar una reforma fiscal para elevar el nivel de ingreso tributario y por esa vía la presión tributaria respecto al PIB, puede ser solo una intención provista de narrativa sin evidencia. Al menos en las últimas décadas, que incluyen los años de reforma fiscal, no ha hecho variar el referido indicador en forma importante y consistente. De hecho, los registros la ubican en el rango entre 14.0 % al 15.3 % del PIB, fenómeno que tal vez puede explicarse por el carácter regresivo que ha tenido, y en otros, al tipo de índice de complejidad económica dominicana, que concentra la actividad económica en algunos sectores, entre los cuales, algunos gozan de privilegios fiscales atemporales.
A pesar del avance en disponer de una ley de responsabilidad fiscal, que está llamada a colaborar en la reducción del déficit fiscal, a las finanzas públicas le queda un fuerte desafío en esa materia. En los últimos años, el déficit como porcentaje del PIB ha rondado el 3.1 %, cuando previo a la pandemia se encontraba en algo más de un 2.0 %, también del PIB.
Para que Dominicana alcance y sostenga la calificación crediticia de grado de inversión, requiere de indicadores clave. Entre los más importantes se encuentra el de la fortaleza económica, expresado en un tamaño de la economía no menor de US$ 80 mil millones de dólares, métrica que dominicana ya lo cumple. En ese mismo orden, el indicador del PIB per cápita, el mínimo requerido es de US$ 14,000 anual, lo que indica que al país tener US$ 11,361 anuales, aun no cumple, faltándole US$ 2,639. La importancia que se le atribuye al ingreso per cápita, es que, si cumple con la meta mínima, se interpreta como que los consumidores están en capacidad, en situaciones adversas, de afrontar cambios en los patrones de consumo, presiones de precios y carga tributaria.
En lo relativo a la tasa de inflación, indicador asociado a la flexibilidad de la política monetaria y a la fortaleza de la autonomía del Banco Central, la entidad en el cumplimiento de la meta de inflación ha tenido reveses durante 3 años consecutivos, el 2020 con una inflación de un 5.55 %, el 2021 con un 8.50 % y en el 2022 con un 7.83 %, retomando el control de los precios en el 2023 con un 3.57 % y en lo que va del 2024, al encontrarse con un 3.42 % a agosto interanual.
La estabilidad en el tipo de cambio es otra de las variables propuestas, ante el hecho de que no promueve la dolarización de la economía y es una expresión de confianza. La economía dominicana ha mostrado estabilidad cambiaria desde el 2005, particularmente en la última década -2014-2024-, la depreciación ha sido de un 4.0 % promedio anual, cumpliendo con lo establecido en los programas monetarios. La ausencia de volatilidad en el tipo de cambio ha permitido que no se profundice el nivel de dolarización de la economía, medida por las captaciones, que en los últimos 10 años se ha mantenido entre un 26.5 % y un 27.7 %.
El comportamiento de las reservas netas internacionales ha aportado a la estabilidad cambiaria, al tiempo de cumplir con parámetros establecidos como el del 10.0 % del PIB y para respaldar 3 meses de importación. En la actualidad, las referidas reservas alcanzan el 11.8 % del PIB, al ascender a US$ 14,864 millones, previo al COVID-19, la métrica era de un 9.9 % del PIB.
Como ha podido apreciarse, la economía dominicana ha venido avanzando en los indicadores y variables clave para acercarnos a la calificación crediticia de las agencias que otorgan las distintas valoraciones a la deuda soberana de los países. Impulsar una reforma fiscal para acelerar el proceso es un objetivo que solo el tiempo dirá, mientras, las primeras señales sobre la intención de la reforma, indica que el nivel inflacionario del país pueda que se salga de la meta de inflación, perjudicando a los consumidores, a los sectores de menores ingresos monetarios y tal vez ni siquiera logre en forma sostenida elevar la presión tributaria y crear espacio fiscal.
