La presentación en el Congreso y las criticas sectoriales crearon conatos especulativos en precios de bienes
Por Héctor Linares
La abortada propuesta de reforma fiscal dejó a su paso un conato de alzas de precios en diversos artículos que serían gravados, pero al mismo tiempo evidenció que si la iniciativa hubiera sido canalizada como manda la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, algunos aspectos polémicos de la pieza no habrían sido colocados.
Mientras tanto, hielo, agua embotellada y algunas bebidas alcohólicas y no alcohólicas experimentaron ligeras alzas de precios mientras en el Congreso Nacional se celebraban vistas públicas sobre el proyecto que finalmente el Poder Ejecutivo anunció su retiro el sábado 19 de octubre.
Ahora, vistas con mayor claridad las necesidades del Gobierno de mayores recursos para financiar el Presupuesto General del Estado, y las objeciones hechas por diferentes segmentos empresariales que serían afectados con la eliminación de regímenes de incentivos ficales que les favorecen, es cuando se ve más claro que no se llevó el proceso como manda la Ley 1-12 de la END 2030, en el seno del Consejo Económico y Social (CES).
Quizás en esa instancia habría sido difícil plantear la disminución o eliminación de los incentivos fiscales, que es una de las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, pero que pudiera chocar con uno de los mandatos de la END 2030.
El artículo 31 de la ley 1-12, en la parte relativa a las Reformas Asociadas al Tercer Eje, dice que “las reformas asociadas al Tercer Eje Estratégico que deberá poner en ejecución el Sector Público, son las siguientes: 1. Un nuevo régimen de incentivo y fomento a las actividades productivas que contribuyan a fortalecer los eslabonamientos intersectoriales y al desarrollo territorial, fomentar la innovación y la competitividad sistémica, generar empleos decentes y atraer inversión hacia actividades que aporten un mayor escalamiento en la cadena de valor”’. Ese esquema entraría en vigor en un plazo no mayor de tres años. Más de una década después no se ha establecido, y en la propuesta que el Poder Ejecutivo anunció que retira del Congreso Nacional, la eliminación de exenciones y exoneraciones forma parte integral en el cálculo para aumentar los ingresos fiscales, que para el primer año sería de un poco más de RD$122,400 millones, un equivalente el 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El tema de la eliminación de incentivos alborotó a los sectores de la industria manufacturera local, las zonas francas, el turismo, la construcción, la industria del cine, entre otras actividades que gozan de privilegios fiscales, pero lo que mayor ruido causó, con cacerolazos incluido, fueron la pretensión de gravar con el ITBIS o Impuesto al Valor Agregado (IVA) como se pretendía llamar, a una serie de alimentos básicos, como carnes, víveres, vegetales y frutas, y aumentar el selectivo a las bebidas alcohólicas y extenderlo a las bebidas azucaradas.
También generó rechazo la idea de aplicar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) a viviendas con valor a partir de RD$5.05 millones, que es la franja o frontera de la “vivienda económica’’. Se gravaría con un 1 % todo el valor en exceso de ese monto.
Pero el retiro de la iniciativa del Gobierno, obligado por el amplio rechazo que generó la mal vendida y explicada propuesta de reforma “Modernización Fiscal”, no borra del escenario la necesidad de una reforma fiscal o solo tributaria. El modelo de financiar el Presupuesto, con más de un 30 % basado en endeudamiento, parece que se agota y los organismos internacionales, utilizando el término “sostenibilidad” ya están advirtiendo esa situación.
Mandato de la END
Mientras tanto, la previsora pero no muy cumplida ley de END 2030, es clara sobre lo que hay que hacer en materia fiscal. Esa norma enumera los Pactos Nacionales que deben firmarse en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
El artículo 33 dice que el Consejo Económico y Social deberá convertirse en el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y el concurso solidario de toda la Nación.
La Reforma Fiscal
El artículo 36, dice que se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Cita el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. (El Congreso Nacional aprobó una ley, sometida por el Poder Ejecutivo, de Responsabilidad fiscal, que entre otras cosas limita el incremento del gasto corriente anual del Gobierno).
El pacto fiscal mandado por la END 2030 implicaba que en un plazo no mayor de 3 años, se habría iniciado un proceso orientado a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos.
Asimismo, elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y elevar el ahorro corriente e implementar políticas contra cíclicas.
Las previsiones fiscales de la END debieron ser aprobadas a más tardar en el año 2015. Pero los gobiernos de la época no enviaron la propuesta de convocatoria al CES y el sector privado siempre tuvo una actitud de condicionamiento, a que primero se aprobara el pacto eléctrico, por su incidencia en el Presupuesto Nacional a través de los subsidios al sector. Esa situación produjo una especie de retraso en la presentación del Pacto Fiscal, al punto que el Poder Ejecutivo “olvidó” canalizar su propuesta vía el CES.
Ahora todo indica que, en una necesaria y casi obligatoria resurrección de la reforma fiscal, el lugar para pactarla sea el Consejo Económico y Social, donde ya se discutieron los otros dos pactos mandados por la END 2030: el Educativo y el Eléctrico, ambos en marcha, aunque no exentos de dificultades.
