Por Héctor Linares
El tema fiscal está de regreso. Cuando el sábado19 de octubre del pasado año 2024 el presidente Luis Abinader anunció que retiraba del Congreso Nacional, por falta de consenso para ser aprobado, el Proyecto de Modernización Fiscal, sacó el ruidoso tema de la discusión Legislativa.
El tema quedó flotando, en una especie de “mute”. Pero el silencio temático duró poco y una inesperada propuesta legislativa hizo sonar las alarmas cual si se hubiera apretado el botón del pánico.
A tan solo cuatro meses y medio de la alocución del presidente anunciando el retiro del proyecto porque carecía de consenso para ser aprobado, en la agenda legislativa vuelve el tema fiscal, aunque esta vez limitado a una parte del contenido de la propuesta retirada y como iniciativa de un legislador aliado del Gobierno.
El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, del Partido Reformista Social Cristiano por la provincia La Vega, ha presentado ante la Cámara Baja un proyecto para modificar el régimen de incentivos fiscales que existe en el país, esquema estructurado por más de dos docenas de leyes.
En la edición correspondiente a la semana del 22-29 de octubre del 2024, Pronosticamedia.com publicó un análisis destacando que el anuncio del presidente retiraba el tema de la reforma fiscal de la agenda legislativa, pero no de la discusión nacional. La afirmación, que parece no fue desacertada, se basaba en que los sectores empresariales, profesionales y económicos que habían expresado objeciones a la propuesta de reforma fiscal, en comunicados que publicaron en la prensa, iniciaron una segunda tanda de comunicados posteriores al retiro, pero en la nueva ocasión para “agradecer” que el mandatario escuchara el clamor empresarial y popular.
Sin embargo, la mayoría de las asociaciones empresariales que expresaron su gratitud al mandatario por la actitud de “diálogo abierto y democrático”, dejaron abierta la posibilidad discutir alternativas para que el Gobierno pueda agenciarse soluciones que promuevan el crecimiento sostenible.
La decisión de octubre generó sentimientos, o al menos expresiones encontradas en la opinión pública desde un alivio para unos y de frustración para otros, hasta un sabor amargo o agridulce para los funcionarios del área fiscal que habían asumido ante la sociedad el papel de “verdugos” al diseñar una propuesta que procuraba recaudar unos RD$122,400 millones, equivalentes a un 1.5 % del producto interno bruto (PIB), gravando una serie de bienes y servicios, desde el ñame, yautía, frijoles, frutas y vegetales hasta los servicios digitales y subiendo el impuesto a los intereses a los ahorros y depósitos de un 10 a un 27 %.
También la iniciativa buscaba eliminar una serie de incentivos fiscales que favorecen al turismo, la industria, las zonas francas, la industria textil local, la cinematografía y otras actividades empresariales que surgieron acogidas a leyes que les dan tratamientos impositivos privilegiados.
Como el Ave Fénix
Luego de casi seis meses de lo que se creyó como entierro del tema reforma fiscal, al menos en la presente administración, por las expresiones del presidente Abinader el 19 de octubre, el tema vuelve a la palestra, aunque con menos alcance que el del proyecto retirado. Ahora solo se busca revisar, para determinar si es pertinente que el Estado siga otorgando los incentivos fiscales que ofrece al cine, al turismo, la industria, las zonas francas, la zona fronteriza, y otras actividades que operan bajo leyes especiales que les dan exenciones y exoneraciones impositivas.
Los argumentos y las cifras que sustentan la propuesta del diputado Genao Lanza parecen provenir además de un experto en finanzas públicas, de un “doliente” del presupuesto nacional, de un ministro de Hacienda.
Calcula que vía la reducción de incentivos fiscales el Estado podría obtener recaudación por aproximadamentenRD$400,000 millones anuales. Cita el sacrificio fiscal que para el año en curso representarán las leyes de turismo, de cine, y otras.
El Gasto tributario, definición que les da el Ministerio de Hacienda a los ingresos que deja de recibir el fisco cada año por la aplicación de leyes y decretos que conceden tratamientos diferenciados a distintos sectores o actividades económicas, ha sido estimado en un 4.5 % del producto interno bruto.
La proporción no puede ser tomada en forma lineal porque la mitad del llamado gasto tributario está dada por la exención del ITBIS a una serie de bienes y servicios que el tributo no alcanza, entre ellos carnes, medicinas, electricidad.
La retirada propuesta de reforma fiscal preveía gravar carnes de cerdo, de res, víveres (excepto plátanos) y algunos servicios de telecomunicaciones. También contemplaba cambios en las tasas de los Impuestos sobre la Renta, al Selectivo al Consumo y a la Propiedad Inmobiliaria.
La propuesta del legislador reformista generó inmediata reacción de rechazo en el sector empresarial, principalmente te en las industrias y el turismo.
De esos sectores surgieron la mayoría de las quejas y preocupaciones en torno a la abortada reforma fiscal, igual que de los fabricantes de bebidas alcohólicas y azucaradas, los primeros porque se aumentaba el impuesto selectivo al ron, cerveza, vino, whisky y otras bebidas, y los segundos porque se incorporaba su producción al mundo de los impuestos selectivos.
El sector social protestó porque el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que se le cambiaría el nombre a Impuesto al Valor Agregado (IVA), abarcaría con su tasa única del 18 % hasta los servicios funerarios.
Después del retiro
Cuando el Poder Ejecutivo retiró la pieza del Congreso, además de la acogida que recibió de sectores empresariales liderados por la influyente Asociación de Industrias de la Republica Dominicana y secundada por la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas de la Republica Dominicana, causó decepción en entidades como la Fundación Economía y Desarrollo y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES.
Posteriormente, uno de los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), en declaraciones ofrecidas en Colombia y referidas a toda la región, insistió en la necesidad de que los gobiernos de la zona hagan reformas fiscales.
Esa declaración, proveniente del organismo multilateral más influyente para el país, y las expresadas por entidades empresariales y económicas locales, alimentan la creencia de que el tema de la reforma fiscal no ha terminado, aunque el presidente Abinader dijera que el Gobierno no la haría y que haría los ajustes necesarios para compensar en parte los recursos que no tendrá y que se había proyectado recaudar con la propuesta de “modernización fiscal”.
La semana pasada, tras conocerse la propuesta del diputado Genao Lanza, el ministro de la Presidencia, quien además es presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró que el Gobierno no hará reforma fiscal.
Y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se expresó en contra de eliminar los incentivos fiscales.
Ambas declaraciones, provenientes de funcionarios de primer nivel del Gobierno y de la dirección del partido oficial, no han eliminado las dudas acerca del origen del proyecto, cuyo proponente insiste en la necesidad de buscar una forma de financiar el gasto público, diferente al endeudamiento.
Según Genao Lanza, es insostenible mantener un presupuesto general del Estado diseñado con un déficit equivalente al 3.0 % del PIB, el cual se cubre con préstamos.
La realidad de las finanzas públicas refleja que el modelo presupuestal no es sostenible, con una dependencia tan elevada del financiamiento, de cerca de una tercera parte del Presupuesto Público dependiente del financiamiento, interno y externo.
La insistencia de organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en que Republica Dominicana haga reformas económicas, principalmente la fiscal, tiene su origen en que el país tenga sostenibilidad de las finanzas públicas, para que pueda pagar su deuda y mantener su ritmo de crecimiento económico.
