Por Bernardo Hirán Sánchez Melo
En esta entrega destaco la inversión del Estado dominicano en el sector social en el entendido que el apoyo a la educación, la salud, el deporte y la cultura deben ser prioridad del Gobierno Central a través del Presupuesto del Estado.
Algunas salvedades
Es importante resaltar que este es un análisis del gasto social presupuestado para este 2025. Se toma como base comparativa el gasto social ejecutado en los años 2023 y 2024, publicado por la DIGEPRES e informaciones del Panorama Social de América Latina-2024 de la CEPAL. Sin embargo, las estadísticas disponibles en el portal de la DIGEPRES, a la fecha, muestran el gasto ejecutado hasta noviembre del 2024, de modo que proyecté el gasto a diciembre basado en series históricas y la composición del PIB nominal al 2024. Por otro lado, para una mejor valoración del gasto social tomo en consideración el gasto desde dos vertientes: la primera, el gasto total por entidad (clasificación institucional) y su sucedáneo, el gasto asignado a los sectores sociales menos el gasto en la administración central de las respectivas entidades sectoriales, esto así para segregar el gasto administrativo de las áreas sustantivas, es decir, las que entregan bienes y servicios directos a la población; y la segunda vertiente, el gasto según la clasificación funcional. Ambas agregaciones comparadas con el gasto total presupuestado y PIB nominal proyectado para este 2025.
Aclarado lo anterior, veamos
Se tiene que el 44.5% de los gastos del Presupuesto del Estado para este 2025 están destinados a sectores sociales como salud, educación, vivienda, cultura, deporte, seguridad y asistencia social. Es decir, el presupuesto asignado a estas instituciones asciende a $659,914.75 millones de pesos, siendo el gasto total (gasto corriente + capital) presupuestado RD$1,484,234.61 millones.
Segregando el gasto asignado a la administración central (RD$45,628.7 millones) al monto total del gasto social, se verifica un valor ascendente a RD$614,286.10 millones, es decir, el 41.39% del gasto total (RD$614,286.10/RD$1,484,234.61) y el 93.1% ($614,286.10/$659,914.75) respecto al monto total asignado al gasto social de las instituciones sectoriales.
En el 2024 el gasto social ejecutado, según la Clasificación Funcional registrada por la DIGEPRES, ascendió a $645,206.69 millones, es decir el 46.9% ($645,206.69/$1,376,658.24) del gasto total ejecutado ascendente a 1,376,658.24 millones. Superior a los $577,803.98 millones registrados en el 2023, siendo la relación gasto social respecto al gasto total igual a 45.17% ($577,803.98/$1,279,237.21).
De modo que, el gasto social respecto al gasto total disminuiría en el 2025 a 44.5%, respecto al 46.9% ejecutado en el 2024 y el 45.17% ejecutado en el 2023.
El gasto total social asignado a las instituciones rectoras del sector social representa el 8.11% del PIB nominal proyectado para el 2025, inferior al 8.47% y 8.66%, ejecutados en los años 2023 y 2024, respectivamente. Comparado con la cifras presentadas en el Panorama Social de América Latina-2024, de la CEPAL, el gasto social asignado en el Presupuesto-2025, es inferior en un 3.4% al promedio de 11.5% (11.5%-8.11%) registrado para América Latina en el 2023.
Al sector salud pública se le destina en el Presupuesto-2025 un 1.83% del PIB nominal proyectado al 2025, inferior al 1.86 y 1.88 ejecutados en los años 2024 y 2023, respectivamente. En tanto, a la educación se le asigna un 3.81% del PIB, inferior al 4.02% y ligeramente mayor al 3.76%, ejecutados en los años 2024 y 2023, respectivamente.
Ambos sectores sociales, educación y salud, formadores de capital humano suman en total $446,059.81 millones, es decir el 5.5% (1.83%+3.81%) del PIB nominal proyectado al 2025. Superior al 5.2% promedio de PIB de América Latina, correspondiente al 2023. (Que, por cierto, se le atribuye a la formación básica, media e intermedia, ser uno de los factores fundamentales en la creación del conocimiento que hacen competitivos tecnológicamente a los países desarrollados).
En lo relativo a la protección social se asigna $173,291.19 millones de pesos, un 2.13% del PIB nominal, inferior al promedio de 4.4% de Latinoamérica ejecutado en el 2023, y ligeramente inferior al promedio de 2.2% de Centro América, México y República Dominicana. Por lo que estamos prácticamente similar a los países centroamericanos en lo relativo a los recursos destinados a este renglón social.
En adición a las asignaciones presupuestarias a las instituciones del sector social, se debe destacar los recursos destinados a solventar en gran medida el gasto de las familias dominicanas en servicios como la energía eléctrica al continuarse subsidiando la actividad eléctrica, subsidios a servicios como el agua potable y sobre todo a los combustibles. Pero, estas asignaciones serán objeto de otra entrega.
En suma, el gasto social está en los niveles que contribuyen a garantizar una estabilidad financiera al encontrarse en los parámetros del rango del déficit primario esperado. En lo que respecta a metas de las finanzas públicas: ¡Muy importante para contribuir con la política fiscal a la estabilidad macroeconómica!
En lo que representa la cobertura de las necesidades crecientes de la población en materia de desarrollo humano, se requiere destinar más recursos principalmente a la salud, por lo menos cercano al promedio de 2.5% del PIB de América Latina. A todo esto, es imprescindible mejorar la calidad de los servicios entregados y sobre todo seguir mejorando la focalización en función de la población más necesitada y carenciada, principalmente en lo que respecta a los subsidios eléctricos y al combustible.
Por último, es necesario perfeccionar la planificación institucional y su real implementación, mediante una mejor alineación en la cadena de valor, de modo que las necesidades de la población sean cubiertas con los recursos asignados y la ejecución efectiva de los programas y proyectos consignados en los Planes Institucionales y operativizados en los Planes Operativos de las entidades del sector social a los fines de lograr incrementar sustancialmente la efectividad y calidad en la prestación de los servicios sociales. Es una prioridad desde la planificación respaldar los programas sociales, como garantía del cambio.
-Bernardo Hirán Sánchez Melo, Ph.D. Economista.
