Por Héctor Linares
El proyecto de reformulación presupuestal planteado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para reorientar las cuentas fiscales refleja además de la necesidad de ajustes en las finanzas públicas en lo que resta de año, la visión del ministro Magín Díaz sobre el papel del Presupuesto General del Estado (PGE) como motor de crecimiento económico.
También deja definido el criterio del Ministerio de Hacienda y Economía de que el endeudamiento público deberá ser esencialmente para financiar inversiones en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo. El proyecto de Presupuesto Complementario 2025 reitera el mandato para autorizar al Ministerio de Hacienda y Economía a diligenciar financiamiento para 29 proyectos de inversión, la mayoría de los cuales figuran en el listado del Presupuesto 2025 original.
La reiteración de esos proyectos, que procura reactivar para el último cuatrimestre del año los gastos de capital, refleja la visión del ministro Díaz de que la deuda para gastos reproductivos tenga mayor prioridad en contratación y uso.
Como la designación de Magín Díaz en el poderoso Ministerio de Hacienda y Economía (resultado de la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ) se produjo cuando ya se había agotado el tiempo para formular el complementario, que rige por lo regular para el último semestre del año al que corresponda, el papel del nuevo jefe del área fiscal estatal se vio limitado a los ajustes posibles. Y lo posible aparente es reorientar gastos y optimizar la búsqueda de ingresos, activando financiamiento y utilizando "excedentes" o ingresos no utilizados de ejercicios anteriores.
La visión fiscal más acabada del ministro de Hacienda y Economía se vería en el proyecto de PGE 2026, que deberá ser presentado en el curso de este mes y enviado al Congreso Nacional a más tardar el 1ro. de octubre.
Mientras tanto, el "día a día" de lo que resta del 2025 deberá contemplar las orientaciones contenidas en el Presupuesto Complementario, que entre otras cosas plantea llevar el monto de ingresos esperados a RD$1,277364.7 millones y los gastos subirlos a RD$1,553,974.8 millones, para un déficit fiscal de RD$276,610.08 millones.
Como resultado de las modificaciones, se espera un incremento en las apropiaciones de gastos por RD$69,740.2 millones para 17 entidades o capítulos de gastos. También se autoriza el traspaso de apropiaciones entre fuentes y capítulos del Gobierno Central por un monto de RD$8,407.51 millones.
Al parecer, se busca una mayor eficiencia en la ejecución presupuestaria de las diferentes instancias que integran el sector público.
El rediseño presupuestal para el final del 2025 contempla reducción de apropiaciones de gastos por un valor global de RD$8,407.51 millones, de los cuales RD$3,548.76 millones corresponden al área de deuda pública, RD$2,712.97 millones por concepto de obligaciones del Tesoro Nacional y RD$835.78 millones que corresponden al desaparecido Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).
Los movimientos de apropiaciones fiscales prevén aumentos en las asignaciones de los ministerios de Interior y Policía, Defensa, Agricultura, Relaciones Exteriores, Trabajo, Hacienda, Obras Públicas, Cultura, Administración Pública y Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
En cambio, resta asignaciones a la Presidencia de la República, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de la Juventud, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (fusionado con el Ministerio De Hacienda) y a las funciones de administración deuda pública y activos financieros y administración de obligaciones del Tesoro Nacional.
Son ajustes de gastos vinculados a la nueva visión del manejo y estructuración del Presupuesto Nacional, que en la parte de la deuda enfatiza en el largo plazo para la contratación del componente externo y el corto plazo para el interno.
El Complementario plantea que se autorice al Poder Ejecutivo a través del Ministerio De Hacienda y Economía a utilizar como fuentes financieras el balance neto de disponibilidad del periodo fiscal 2024, por un valor de RD$23,112.36 millones, "para cubrir erogaciones del presente ejercicio fiscal".
Procura, asimismo, una renegociación (administración de pasivos como se le define en el argot del Ministerio de Hacienda y Economía) de pasivos en lo que resta del 2025 por hasta un 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero que tengan como objetivo "reducir el monto, el servicio de la deuda externa e interna de dicho sector y el riesgo a exposición cambiaria, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda".
"Los valores de deuda a ser emitidos, en pesos dominicanos o en moneda extranjera, se harán al plazo más conveniente al perfil de vencimiento de la deuda del sector público no Financiero", precisa el artículo 8 del proyecto de presupuesto complementario, iniciativa que hasta el pasado lunes estaba pendiente de aprobación en el Senado. Ya la Cámara de Diputados lo aprobó.
Base de la reorientación
La propuesta de cambios en el Presupuesto 2025 refiere como uno de los argumentos esenciales que "ante la desaceleración económica que se ha producido en el primer semestre de 2025 como consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales de perturbaciones externas que ha afectado el comercio, las cadenas de suministro y la producción, el Gobierno tiene la obligación de potenciar la contribución de la inversión pública como instrumento esencial para estimular la reactivación económica y asegurar la provisión de los bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía".
También cita que diversas dependencias gubernamentales, organismos autónomos y descentralizados no financieros "disponen de recursos excedentes, originados en la no ejecución de partidas presupuestarias correspondientes al período 2020-2024, y que esos excedentes "constituyen fondos públicos cuya disponibilidad inmediata permitiría atender prioridades actuales del Estado, por lo cual es fundamental canalizarlos hacia iniciativas que prioricen el desarrollo social y económico, de manera que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas y a la sostenibilidad.
El objetivo alegado es "contrarrestar los efectos de la desaceleración externa, al tiempo de incrementar la inversión para dinamizar la actividad productiva y responder a las principales demandas de la ciudadanía".
El documento destaca que para lograr esos objetivos "la coordinación efectiva entre la política fiscal y monetaria será esencial, buscando maximizar el impacto positivo de estas medidas y mantener la confianza de los mercados y la población".
Cómo son situaciones que prevalecen en momentos en que se diseña el proyecto de PGE 2026, se estima que prevalecerá el criterio del Complementario en la propuesta fiscal del próximo año, que obedecerá a la visión de Magín Díaz, cuya experiencia incluye las áreas de deuda pública, por haber sido director de Crédito Público, y de recaudación, ocupando la dirección General de Impuestos Internos, la mayor oficina recaudadora del Estado.
