Por Haivanjoe Ng Cortiñas
La población dominicana en edad de votar cada cuatro años siembra esperanza en el candidato a la presidencia de su preferencia. En el caso de las elecciones generales de 2020 salió electo Luis Abinader, que prometió un cambio en desafíos clave de la República Dominicana, tales como, la situación económica de la gente y la inseguridad ciudadana. Pasado 3 años y camino a 4, examinar qué dicen los datos económicos a nivel de cada persona puede resultar útil para la toma de decisión el próximo año.
Al menos 9 indicadores económicos per cápita pueden ser seleccionados para ver si la situación particular de la gente ha mejorado, permanece igual o se ha deteriorado. Para los referidos fines, he seleccionado el costo de la canasta básica familiar nacional, la inflación de los alimentos, la deuda per cápita, el dinero en manos de la gente, los ingresos monetarios que reciben los trabajadores, el crecimiento de la economía vs el de la población, el poder adquisitivo de los salarios, el gasto en salud, el empleo formal y la tasa de interés del dinero bancario.
Conforme a las distintas encuestas, incluyendo las de corte oficial, muestran que la población en un 69.0 % dice que su principal problema es la inflación y un 63.0 % que la situación económica está más mala que antes. Basado en la opinión de la gente que recogen las encuestas, puede adelantarse que los ciudadanos entienden que el gobierno no le ha cumplido con el cambio prometido y que ha dañado la economía dominicana.
¿Pero qué nos señala cada uno de los indicadores económicos citados?, comenzando con el tema de los precios, el más sensible de todos, nos dice que la inflación acumulada de agosto de 2020 a la fecha, referida solo al grupo de productos tipificados como alimentos, es de un 26.61 %; en adición al dato, el costo de la canasta básica familiar nacional ha pasado de RD$ 36,083 a RD$ 43,940 al mes, para un aumento equivalente a RD$ 7,857, lo que significa que comer ahora es más caro que hace 3 años, indicativo del deterioro de la calidad de vida de la gente. Los consumidores están comiendo con menos calidad o en menor cantidad, fenómeno conocido como reduflación.
Desde distintos litorales la deuda pública dominicana es abordada con frecuencia, el debate presenta puntos de vistas disimiles, especialmente cuando se aborda su perfil, así como si el servicio de la deuda representa una mayor carga fija al presupuesto nacional, quitándole espacio fiscal al gobierno para atender necesidades de la gente. Al margen de la discusión, lo definitivo es que los ciudadanos, incluso los que hoy son menores y hasta siendo niños, deben más dinero que ayer, sin que probablemente se hayan beneficiado del endeudamiento público. En efecto, la deuda pública consolidada que pesa sobre cada dominicano asciende a US$ 6,708, cuando en marzo de 2020 era de US$ 4,467, para un incremento de US$ 2,241.
En moneda nacional significa que cada persona hoy debe RD$ 381,014 frente a lo que debía en marzo de 2020, que era de RD$ 240,012, equivalente a una elevación de la deuda individual de RD$ 141,002. Escrito y dicho de manera más directa, por el aumento de la deuda pública consolidada, a los ciudadanos le han agregado a la deuda con la que tienen que cargar US$ 2,241 o RD$ 141,002.
Por el lado del dinero que los 10.7 millones de habitantes que residen en el país tienen en sus manos, resulta que hoy poseen RD$ 8,915 millones menos. Cada gente en promedio nacional solo maneja RD$ 17,742, cuando hace un mes tenía en sus bolsillos RD$ 18,571, de manera que, presentan una disminución de RD$ 829.0 en tan solo un mes de diferencia, situación que se agrava con la inflación.
En la misma línea, el total de trabajadores formales e informales que aportan al producto interno bruto (PIB) alcanza los 4,529,022. Esta población laboral en el año 2019 aportaba a la economía alrededor de un 25.0 %, en cambio ahora ronda el 18.5 %, dato que revela que pese a que la economía hasta el año 2022 estuvo creciendo en términos generales -excepción de 2020-, los trabajadores no se han beneficiado de la expansión económica, sino que por el contrario, se han perjudicado en los últimos años.
En lo concerniente a la actividad económica, el PIB dominicano para el primer semestre de 2023 solo creció en un 1.2 %, quedando por debajo del estimado que es de un 4.25 %, este panorama se deteriora aún más, al comparar el dato con el crecimiento de la población que es de un 1.17 %, equiparación que muestra que en realidad el tímido crecimiento ha sido nulo para la gente.
Los distintos salarios mínimos legales nominales que rige el mercado laboral dominicano establecen que el mayor es de RD$ 24,500 y el menor de RD$ 14,161 al mes, pero su capacidad de compra queda reducida por el efecto del incremento de los precios en la economía. Por esa razón, ambos tipos de salario mínimo nominal en la actualidad se convierten en términos reales, el primero en RD$ 19,727 y el segundo en RD$ 11,402 al mes para cada trabajador.
En cuanto al gasto en salud, los ciudadanos que procuran salud en el sistema público se encuentran con el drama que los hospitales carecen de todo tipo de insumos y equipos médicos. Un ejemplo de lo afirmado es que la unidad de quemados del hospital Luis E. Aybar permanece cerrada por largo tiempo y no pudo prestar ningún tipo de atención a los afectados por la tragedia del incendio en San Cristóbal. Para el año que transcurre el gobierno solo gastará un 1.7 % del PIB en salud, inferior al histórico que ronda un 2.0 %, ambos insuficientes para atender la salud pública dominicana.
En lo referente al precio del dinero bancario que procuran los inversionistas y los consumidores en las distintas entidades de intermediación financiera, se encuentran que también hoy son víctimas del incremento de la tasa de interés. Para el mes de agosto de 2020 la tasa activa promedio ponderada era de 10.22 % y al 18 de agosto de 2023 es de 14.78 %, equivalente a un aumento de 4.56 puntos porcentuales.
Como ha podido leerse, cada uno de los dominicanos ha visto deteriorar su condición económica en los últimos 3 años, estado situacional que obliga a los que aspiran a conquistar el favor de los electores en las elecciones presidenciales de 2024, ir al rescate económico de la gente, a fin de evitar que se siga deteriorándo la calidad de vida, con consecuencias mayores en el ámbito social que rompa la estabilidad macroeconómica que ha mostrado el país en las dos últimas décadas.
