Por Antonio Isa Conde
La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace debe ser denunciada y corregida. Si el Estado quiere prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan, debe comenzar por respetar y aplicar sus propias políticas públicas. No hay otra forma de construir un desarrollo justo y sostenible.
Vivimos un momento de crisis económica mundial que no perdona a economías pequeñas ni grandes. La República Dominicana, como parte del entramado global, no escapa a las consecuencias. Frente a esta realidad, el Estado tiene el deber de implementar políticas públicas que reduzcan la incertidumbre y fomenten el desarrollo económico. El problema es que muchas de esas políticas, incluso cuando ya están establecidas, son saboteadas por los mismos gobiernos que las promulgan.
Veamos algunos casos concretos.
Una política pública ampliamente celebrada fue la que estableció que el 20 % de las compras estatales debía reservarse para las pymes. Eso motivó la creación de muchas pequeñas empresas, incluso algunas con propuestas innovadoras, para suplir al Estado. Pero lo que parecía una gran oportunidad se convierte pronto en una trampa mortal: el Estado no paga a tiempo. Mientras tanto, esas pequeñas empresas deben pagar el ITBIS al final de cada mes. El resultado es predecible: deudas fiscales, moras, penalidades y, como consecuencia, problemas de liquidez y, finalmente, quiebras.
He propuesto en múltiples ocasiones una solución sencilla: que el Estado actúe como agente de retención del ITBIS y lo descuente solo al momento de pagar. Esto daría oxígeno inmediato a miles de pequeñas empresas. Pero no se ha hecho. Se prefiere mantener un sistema que asfixia al más débil.
Otro ejemplo: el fomento de las exportaciones. Se ha dicho hasta el cansancio que es una prioridad nacional. Hay incluso incentivos fiscales para ello. Pero, nuevamente, la ejecución contradice la política: los insumos agrícolas y las exportaciones están exentos de ITBIS por ley, aunque deben ser pagados al momento de realizar la operación y luego devueltos por la DGII, que se toma un tiempo larguísimo en hacerlo. Esto crea crisis financieras innecesarias y sabotea el objetivo mismo de impulsar esas actividades.
Y si hablamos de atracción de inversión extranjera, el escenario es igual de contradictorio. Hay leyes que la promueven, pero una burocracia lenta, costosa y propensa a la corrupción disuade a los inversionistas serios que buscan hacer las cosas correctamente. Se castiga al que actúa con transparencia y se recompensa al que conoce y usa los atajos.
El caso de la minería es aún más elocuente. Llevamos años hablando de una minería sostenible —social, ambiental y económicamente— y tenemos propuestas legales dormidas en los escritorios de técnicos o abandonadas en el Congreso. Muchas fueron impulsadas por el propio gobierno, pero luego boicoteadas internamente por falta de voluntad política o por intereses creados.
Todo esto ocurre mientras la desigualdad sigue ensanchándose. No podemos enfrentar una crisis global con un país tan desigual como el nuestro, donde el 10 % de la población recibe el 90 % de los ingresos y, dentro de ese 10 %, un 2 % se lleva la mayor tajada. Reducir esa brecha no es solo una urgencia moral: es una estrategia de desarrollo económico. Cerrar esa brecha significa más consumo, más empresas, más empleo. Es, sencillamente, un buen negocio.
La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace debe ser denunciada y corregida. Si el Estado quiere prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan, debe comenzar por respetar y aplicar sus propias políticas públicas. No hay otra forma de construir un desarrollo justo y sostenible.
