Por Emiliano Reyes Espejo
Al sol de hoy no se ha informado, como se presagió en la prensa, acerca de la quiebra masiva de empresas de los sectores de turismo, construcción y agropecuarios. Ocurre que grupos agoreros insertos en la sociedad habían vaticinado la desaparición de estos soportes vitales de la economía, como consecuencia de los operativos realizados por la Dirección General de Migración (DGM) para sacar de aquí la mano de obra haitiana en condición irregular.
Ha causado sofoco y hasta urticaria en sectores empresariales, la decisión oficial de adoptar políticas enderezadas a devolver a sus países a trabajadores extranjeros ilegales. El resquemor fue notorio en esos sectores. Las autoridades habían decidido repatriar a trabajadores extranjeros, especialmente haitianos, la mayoría de los cuales carecían de documentos de identificación. Este paso dado por el gobierno, producto en gran medida de la presión popular, causó empacho en esas élites empresariales dominantes, las cuales, mediante documentos públicos, presagiaron la caída estrepitosa de la economía si el gobierno persistía en la práctica legal de ausentar del país a determinados trabajadores irregulares.
Los empresarios
Estos sectores, mediante una persistente utilización de una opinión pública avasallante, tratan de justificar la necesidad de que estos trabajadores irregulares, a quienes presentan como imprescindibles en la dinámica económica de la nación, se radiquen aquí para beneficio de sus empresas. Blandieron el sambenito de que la omnipresencia de estos beneficia y contribuye, en el fondo y de manera básica, al sostén del aparato productivo nacional. Cosa que no es del todo cierto.
No nos imaginamos que –guardando la debida y prudente distancia- sectores económicos de Estados Unidos tengan el coraje de desafiar, torpedear y querer impedir la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. Nos cuesta mucho pensar también que empresarios estadounidenses obliguen a Trump a sentarse con ellos y reclamar a este mandatario la regularización de los ilegales, permitiendo incluso la emisión de documentos de legalización en esa nación.
Aquí en Dominicana –increíble, pero cierto- se dio ese caso. Grupos empresariales de los todopoderosos sectores de turismo, construcción y agropecuaria quieren, prácticamente, obligar al presidente Luis Abinader, en aras de la democracia y los derechos de los inmigrantes, a relanzar un nuevo plan de regularización de trabajadores haitianos, similar (al fracasado) que se realizó en el gobierno del presidente Danilo Medina, con miras a que se garantice la presencia en el país de miles de trabajadores extranjeros, sin importar si están o no documentados.
Pero no todos los empresarios dominicanos y extranjeros que invierten en el país piensan de esa manera.
“Los empresarios buscan –según datos de Inteligencia Artificial-un marco que les permita contratar legalmente a trabajadores extranjeros, reduciendo la incertidumbre y los riesgos asociados a la contratación de mano de obra irregular”. “Piden –agrega la IA-que se hagan cumplir las leyes y regulaciones migratorias, creando un ambiente de competencia justa donde no se beneficien los empleadores que utilizan mano de obra barata e ilegal”.
¿Y el trabajador dominicano pa´cuándo?, es la pregunta que la gente se hace. No existe en esas propuestas empresariales –como se puede observar- ninguna alternativa que sirva para atraer la mano de obra criolla para su integración a la práctica laboral.
En tanto las autoridades no definan políticas de integración laboral de trabajadores dominicanos, miles y miles de jóvenes de barrios y zonas rurales siguen a merced de sus corruptores, de los vicios y las malas costumbres.
Gobierno acorralado
Acorralado por sectores poderosos, algunos insertos en el propio gobierno (a la sazón Hipólito Mejía), el presidente Luis Abinader decidió en un mensaje que dirigió a la nación, adoptar “un conjunto de 15 medidas firmes, claras, para algunos dolorosas, pero necesarias, con el fin de proteger a la República Dominicana y asegurar el respeto a las leyes del país”.
Entre las medidas se establece que la DGM impondrá sanciones a negocios que empleen extranjeros en situación irregular y desarrollará “operativos a nivel nacional para detectar y detener a migrantes indocumentados y a quienes los emplean”.
Con esas iniciativas, el mandatario buscó no solo frenar la rebeldía popular que iba in crescendo, sino también enfrentar la presión de sectores empresariales (turismo, construcción y agropecuaria) que era cada día más persistente.
Nos llama la atención el hecho de que estos empresarios no hayan presentado aún una alternativa para que los sectores productivos y de servicios, en vez de usar mano de obra barata con estatus irregular, diseñen programas de empleos que permitan sustituir de manera paulatina a trabajadores ilegales, haitianos o no, por obreros dominicanos.
Persisten en un nuevo plan para regularizar los haitianos sin presentar a cambio un plan alternativo. ¿Por qué? Tendrán sus razones. Pero resulta que a ellos les beneficia el “statu quo”, debido a que a los extranjeros pueden tratarlos como esclavos modernos, pueden evadir las leyes laborales y de la seguridad social en el país.
Insisto en que, en tanto crece la presencia de trabajadores irregulares, los barrios y pueblos se nos llenan de jóvenes deseosos de trabajar y terminan insertándose en el tétrico camino de la delincuencia y los vicios, donde muchos acaban muy jóvenes siendo ultimados en “intercambios de tiros con la policía”.
Formación de trabajadores criollos
En una oportunidad, sugerí la creación de un plan de capacitación y empleos para jóvenes dominicanos, a los fines de que estos sustituyan de manera progresiva la mano de obra extranjera irregular. La iniciativa implica el proceso de captación de jóvenes en los barrios, formarlos como técnicos en construcción y agropecuaria en el INFOTEP e integrarlos a las obras que se ejecutan en el marco de una economía en crecimiento. Estos nuevos trabajadores recibirían, de parte de agencias de asuntos sociales del gobierno o de la Presidencia de la República, un bono o incentivo durante el tiempo que dure la formación de este trabajador. Completada esta capacitación de tres a seis meses de duración, estos serán integrados a labores de construcción en el sector turismo, edificaciones urbanas, así como en construcción de viviendas y práctica agropecuaria. Eso dará lugar a que los empleos que se creen en estos sectores queden en manos criollas, en trabajadores dominicanos, porque resulta que es una farsa la narrativa que afirma que “a los dominicanos no les gusta trabajar”.
Los ocupados
Según una visión general creada por Inteligencia Artificial: “La situación laboral en República Dominicana muestra una mejora, con una tasa de desocupación abierta del 4.8% al cierre de 2024, la más baja registrada en los primeros trimestres de cada año por la ENCFT (Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo) y con 97,988 nuevos empleos generados en el último trimestre de 2024, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)”.
En tanto, el Banco Central afirma en un informe reciente, que “la tasa de empleo ha alcanzado su máximo histórico, mientras se observa un aumento del empleo formal”.
El informe del BCRD reflejado en la IA, precisa también que “el comercio, el transporte y las comunicaciones, la salud y las industrias lideraron la generación de empleo, son sectores con mayor creación de empleo”. Plantea “la necesidad de promover la creación de empleo productivo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico”.
Igualmente, el gobierno del Presidente Abinader reveló que durante enero-marzo de 2025, “el número de ocupados se ubicó en 5 millones 117 mil 548 personas”, alcanzando un nivel histórico en materia de empleos en el país.
El plan empleo
Observado este panorama laboral en toda su amplitud y complejidad, nos parece una necesidad que el gobierno se enfoque y enfrente con visión social el problema del desempleo en el país. En ese sentido, sugerimos realizar planes de contratación masiva de trabajadores, como forma de dotar de empleos temporales a jóvenes de los barrios y de las zonas rurales:
1) Crear brigadas de trabajadores jóvenes en los barrios y zonas rurales para realizar labores de limpieza de avenidas, calles, cañadas y callejones. Para estos trabajos la Presidencia de la República realizará un pago mínimo semanal de un salario total mensual de RD$20 mil pesos (RD$5,000 pesos semanal) a los obreros y RD$30 mil pesos a los supervisores. Las brigadas serán coordinadas por las Gobernaciones provinciales, Ministerio de Obras Públicas (SEOPC) y los alcaldes.
2) Las cuadrillas serán integradas en las zonas rurales para trabajos de reforestación y de conservación de zonas de cacaotales y cafetaleras.
3) Elaborar un plan de capacitación de jóvenes de los barrios a través del INFOTEP para ser incorporados a los trabajos en los sectores de la construcción, turismo y agropecuaria en un proceso paulatino de sustitución de la mano de obra irregular.
La iniciativa, que no es nueva y se ha implementado en otras oportunidades históricas en el país, ha servido, entre otras cosas, para incentivar y motorizar la economía, la activación de la circulación monetaria (poner a circular los pesos). Igualmente, la medida procura crear un impacto social en estos sectores, mientras se amortigua de manera temporal los efectos del desempleo y se contribuye, asimismo, a que muchos dominicanos puedan llegar a sus casas con algo de dinero en sus bolsillos en el marco de las celebraciones de fin de año.
*El autor es periodista.