Por Osvaldo Santana
El presidente Luis Abinader postergó cualquier iniciativa tras el fracaso de la reforma fiscal, con el discreto propósito de propiciar que la misma fuese un producto impulsado desde la sociedad.
Las más recientes declaraciones sobre el estado de las finanzas públicas y especialmente la caída del crecimiento económico, parecerían reconocer la necesidad de aumentar las recaudaciones fiscales.
Igual, la designación de Magín Díaz en el ministerio de Finanzas, Economía, Planificación y Desarrollo estaría encaminada a lograr el propósito, no solo porque ha sido el hoy funcionario uno de los más agudos observadores acerca de la necesidad de aumentar las recaudaciones, sino porque a fin de cuentas era absolutamente ajeno a la actual Administración, y fue el recaudador del gobierno anterior. Por eso, algunas voces han sugerido que la presencia del ex director de Impuestos Internos está relacionada a la visita del mandatario Danilo Medina a principios de julio pasado.
De modo que Magín encajaría perfectamente en la jugada orientada a conseguir que cualquier proyecto asociado a la idea de la reforma fiscal llegue “desde fuera” del gobierno, que, desde octubre del año pasado, ya había descartado la tan repudiada reforma fiscal elaborada por el ministerio de Jochi Vicente, a quien sustituyó Díaz.
El 19 de octubre pasado, Abinader se dirigió al país para anunciar el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal del Congreso Nacional, persuadido de que el mismo había sido rechazado por la mayoría de los ciudadanos.
En un mensaje que el Palacio Nacional definió como “emotivo y esperanzado”, el mandatario expresó que la voz del pueblo había llegado a sus oídos, que escuchó sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones y “ha sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado”, y entendía que la propuesta de Ley de Modernización Fiscal no contaba con el consenso necesario para ser aprobada.
"Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja", dijo Abinader.
Y agregó: "Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país; y además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que como tú puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad".
Sostuvo que “en el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también los siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual”.
El gobernante señaló que esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que había planteado y construir alternativas aceptables para “lograr la República Dominicana que queremos”.
Ese discurso provocó un alud de apoyo y surgieron voces que señalaban que, de todas formas, aunque rechazaban el proyecto sometido a las cámaras legislativas, el Estado necesita recursos para continuar con los programas de desarrollo.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) aplaudió el anuncio de Abinader: “Respaldamos la equilibrada decisión del presidente ante el proyecto fiscal. La capacidad de escuchar y poner por encima de las circunstancias la disposición de rectificar y continuar el diálogo, inspiran confianza y engrandecen su gestión como mandatario”, publicó en redes sociales el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini.
Igual, la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), señaló: “valoramos como prudente y sensata la decisión del presidente Luis Abinader de retirar del Congreso Nacional, en la actual coyuntura, el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal”.
De hecho, pocos entendieron los porqués de retirar por completo el proyecto de reforma fiscal sin siquiera buscar alternativas. Y hubo voces que declararon abiertamente que el presidente debió presentar un nuevo proyecto, a lo que el mandatario se negó, al señalar que el gobierno ajustaría sus gastos con lo presupuestado.
Momento oportuno
Justo ahora, es el momento oportuno para reintroducir el tema de la necesidad de aumentar los ingresos fiscales que ya ha comenzado a reconocer Abinader, cuando el Consejo de Gobierno tendrá que discutir y decidir el anteproyecto de Presupuesto General de Gastos públicos para el 2026, que debe ser introducido al Congreso a más tardar al inicio del mes de octubre.
Durante un encuentro con comunitarios de Guerra, provincia Santo Domingo, Abinader, al responder reclamos de obras para el poblado, les dijo a los concurrentes que al gobierno se le dificulta cumplir los requerimientos, porque “este es el Gobierno que tiene la menor cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía”.
“Se nos hace muy difícil, y es, como yo he dicho, rindiendo, arañando los chelitos, para poder cumplir”, dijo el mandatario Abinader el 25 de julio durante el encuentro “El Gobierno Contigo” en Guerra.
Y subrayó que su administración no ha aumentado los impuestos, porque “esta es una sociedad (en la) que todos dicen: ‘Hagan una reforma (fiscal)’, pero después nadie quiere la reforma”.
Y entonces, tras los pedidos de los comunitarios, los exhortó a cumplir con los pagos de los servicios del agua y la electricidad, para que, según sus palabras, “nosotros podamos cumplir con ustedes”.
Y desde el inicio de 2025, el gobierno viene arrastrando un déficit de más de más de 100 mil millones de pesos, con un alto gasto en salarios y un bajo nivel de inversión, lo que se agrava con el peso de la deuda, el pago de sus intereses, y más gradualmente el capital, lo que plantea retos importantes para fin de año y el siguiente.
Ya el propio presidente admitió que las expectativas de crecimiento económico de 2025 se han reducido de la primera apuesta de un 5% a apenas un 2% o un 3%, y lo justifica en los cambios en la economía global.
Sin embargo, parece evidente que el alto gasto corriente más el pago de los intereses de la deuda, que, al 31 de mayo de este año, el saldo de esta, externa e interna del sector público no financiero, totalizó US$61,164.8 millones, el 46.9% del Producto Interno Bruto (PIB), según el portal de la Dirección General de Crédito Público, un peso tremendo para las finanzas públicas.
Es decir, que con los apuros que tiene el gobierno para cumplir con sus compromisos, postergar la decisión de realizar ajustes fiscales tiene demasiadas implicaciones, y el gobierno, aunque difícilmente pueda mantener la palabra de que no presentará un nuevo plan de reforma, trataría de provocar que la necesidad de ésta provenga de la sociedad, a través de los técnicos, los grupos empresariales y la “comprensión” de los comunitarios.
Se trata de un tema que el presidente tendrá que definir pronto.
