Por Emiliano Reyes Espejo
Lograr una pensión en el sector público, o en el privado en el país, más que un motivo de alegría es, lamentablemente, en muchos casos, causa de preocupación.
Parecería una exageración. Pero no, se trata de una cruda, latente y lastimera realidad por la que está atravesando una gran parte de los seres humanos que, luego de dedicar los mejores años de su vida, terminan recibiendo “pensiones pírricas”, según había precisado en un trabajo anterior.
Ocurre que nuestros pensionados no pueden hacer planes para ir a playas, viajar, visitar ciudades del interior, remozar sus viviendas (si las tienen) porque el monto que reciben “apenas da para comer malamente”.
¿Cómo es posible que un servidor público, después que se pasa la mayor parte de su vida detrás de un escritorio sirviendo a un próspero Estado, no pueda con su pensión planificarse un viajecito a una nación cercana, como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Venezuela, Panamá, etc.?
Y ni pensar que éste tenga con esa pensión que cubrir los gastos médicos por enfermedades catastróficas propias de la tercera edad, que es cuando el empleado, trabajador o servidor público más lo necesita. Se da el caso, por ejemplo, de que el solo estudio médico de una enfermedad crítica (cirugías, trasplantes, etc.) le cuesta más que la pensión, y para colmo, muchos pensionados no tienen ni pueden cubrir un buen seguro médico.
Estos datos no son perogrulladas mías, todos están contenidos, aunque sin estos detalles, en investigaciones realizadas por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales evidenciaron “las pírricas pensiones” que existen en la región y que plantearon la necesidad de repensarlas.
A partir de sus indagatorias, el BID editó el libro “Repensar la jubilación”, realizado mediante una colaboración entre centros de investigación de la región de América Latina y el Caribe, lo que implica que el mal no está solo en nuestro país.
Cuando escribí al respecto en un artículo anterior, apunté que: “Tenemos por ejemplo que, entre dos de los principales agentes bancarios y financieros del país (según SIPEN, el Banco Popular y Banco de Reservas, este último del Estado dominicano) se maneja, haciendo un corte al mes de mayo del año 2024, la suma de RD$525, 825, 697,841.54 del Patrimonio del Sistema Dominicano de Pensiones. Es decir, más de 525 mil 825 millones de pesos”.
El que reparte y reparte
Precisé que no se trata de beneficios, sino de flujo de capitales que provienen del sistema de pensiones. Pero ahí está aplicar el dicho: “El que reparte y reparte, se queda con la mayor parte”.
¿Y qué nos dicen esas cifras? Nos señalan que “el cerón está cargado de un solo lado en demasía”. De ese volumen de recursos, a los trabajadores apenas llegan pensiones pírricas, insuficientes. ¿Y eso qué augura? ¿Qué presagia esta situación de lo que ocurrirá más tarde o más temprano? Que, si no se cambia el rumbo, nos vendrán graves problemas sociales”.
El bienestar humano, la calidad de vida y el estado de salud de la población de envejecientes, que son millones de dominicanos, está en picada y avanza hacia una situación de miseria. ¿Eso se puede prevenir? Creemos que sí, pero eso es si hay una buena voluntad política en los entes gobernantes (Estado, empresarios, grupos financieros y económicos, etc.) y estos se inclinan a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pensionados. La situación se puede aparejar.
Urge aumentar sueldo al público
¡Albricia!, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) acaba de realizar un estudio atinado, acucioso, objetivo y enjundioso sobre la triste realidad de las pensiones en el país. “El estudio de las Pensiones Otorgadas por el Sistema de Reparto Estatal y Límite Máximo de Pensión (2019-2024)” saca a relucir, primero que nada, “la inequidad en la distribución de las pensiones”.
La investigación, encabezada y divulgada por el experto, licenciado Luis Edo. Holguín-Veras Martínez, se realiza a partir del axioma que apunta a que: “Los servidores públicos esperan que sus derechos sean respetados para disfrutar de una jubilación digna y justa”.
En sus conclusiones, la investigación de Holguín-Veras Martínez sostiene como mal principal la inequidad en la distribución de las pensiones. Precisa, asimismo, que “es factible la corrección de la forma de calcular el Límite Máximo de Pensión”.
El estudio destaca igualmente la “desigualdad significativa de los montos de pensión” y plantea la “urgente necesidad de aumentar el sueldo mínimo del sector público”.
Recomendaciones
En su investigación el MOPESEP recomienda a este tenor “corregir el cálculo del Límite Máximo de Pensión, aumentar el sueldo mínimo del sector público, fortalecer la transparencia y auditoría del sistema y comunicar con claridad a los servidores públicos los derechos que tienen” a una pensión digna.
En tal sentido, este movimiento afirma su defensa de los derechos de los servidores públicos en la seguridad social y reclama “el cálculo correcto del Límite Máximo de Pensión”.
El estudio del MOPESEP logra su objetivo que fue “estimar las implicaciones sociales y fiscales de la corrección del cálculo del Límite Máximo de Pensión, según lo dispuesto en las Leyes 379-81 y 87-01”.
Problemática identificada
En el curso de estas indagatorias se estableció el problema de las pensiones superiores a RD$80,000 que son reducidas injustamente y precisó la causa de esto, asimismo, lo cual es que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) “calcula el límite máximo basado en el sueldo mínimo del sector público (RD$10,000) en lugar del nacional (RD$19,352.50)”.
En la investigación del MOSEPEP se analizó 122,190 pensiones otorgadas en los seis Tipos de Pensiones que administra la DGJP, es decir, la pensión civil, pensión solidaria, del IDSS, del Poder Ejecutivo, Pensión Civil Médico y la de la Policía Nacional.
Entre los hallazgos de esta indagatoria se encuentra la distribución por sexo de los pensiones. En este sentido, se estableció que el 55 % de las pensiones fueron otorgadas a hombres, representando el 58 % del monto total; mientras que el 45 % favorecieron a mujeres, representando el 42 % del monto total.
Desigualdad surge en hallazgos
La revelación de la desigualdad en los montos constituyó un aspecto relevante de la investigación. Se encontró que las Pensiones Solidarias representan el 44.13 % de las pensiones, pero solo el 17.74 % del monto total, mientras que las del Poder Ejecutivo, con el 11.86 % de las pensiones, representan el 25.34 % del monto total.
Tanto en el estudio regional del BID como la investigación realizada aquí por el MOSEPEP coinciden en la necesidad de que se aumenten las pensiones para adecuarlas al ritmo del crecimiento inflacionario que perdura desde la pandemia.
Plantean en el fondo la necesidad de repensar las pensiones, reestudiarlas y definir su rol para beneficio de los pensionados, no de los grandes emporios financieros. Considera, en el caso del estudio del BID, la probabilidad de que los países emprendan reformas fiscales y reformas de las pensiones, o por lo menos una indexación parcial por la inflación de las prestaciones de las pensiones para cubrir estos desequilibrios”.
¿Acogerá el Gobierno el estudio del MOPESEP y el licenciado Veras-Holguín, que propone al Estado dominicano superar la inequidad que persiste en el sistema de pensiones? ¿Será sobresalido el actual esquema de pensiones que “da pena y vergüenza” a la dignidad nacional?
*El autor es periodista.
