Por Omar Santana
21 de febrero de 2024. La noche se deslizaba como cualquier otra en la Zona Franca de Las Américas, Santo Domingo Este. Paula Santana, de 23 años, ingresaba a su puesto en Integer Holdings Corp. Eran las 11:00 p.m. y, como siempre, se preparaba para una jornada que se extendería hasta el amanecer. Era una joven con metas claras: estudiaba para ser azafata y trabajaba de noche para costear sus estudios en el Inter Aviation Services (Lasca). Sin embargo, esa madrugada no fue como las demás.
A la 1:30 de la madrugada, Paula se levantó de su escritorio para ir al baño. Fue la última vez que alguien la vio con vida.
Horas más tarde, su cuerpo apareció en una alcantarilla dentro de la misma empresa. Violada, estrangulada, Paula se convirtió en otra víctima de un sistema que, hasta el cierre de 2024, sigue sin una respuesta policial o judicial.
Un crimen en las sombras
El hallazgo del cuerpo sacudió a sus compañeros de trabajo y a su familia. Su hermana, Johanny Escalante, había señalado semanas antes que Paula había denunciado que era víctima de acoso por parte de un compañero de trabajo. Las quejas, según relató Johanny, fueron ignoradas por el departamento de Recursos Humanos de la empresa.
El abogado de la familia, Marcos Josías Alcántara, resumió el caso, en una palabra: negligencia. “La empresa ignoró la denuncia y no garantizó la seguridad de sus empleados”, dijo en septiembre, cuando el caso fue archivado provisionalmente por el Ministerio Público.
Dos sospechosos, ninguna respuesta
Inicialmente, dos empleados fueron detenidos: Joaquín Alexander Hidalgo, de 38 años, encargado de la seguridad, y Álex Elvin Cruz, de 23, quien encontró el cuerpo. Ambos estaban ausentes de sus puestos al momento del crimen, según los registros de la empresa. Sin embargo, las pruebas presentadas no fueron concluyentes.
“Hay videos que muestran a dos personas manipulando un cuerpo, pero no se distingue quiénes son. Las cámaras estaban demasiado lejos, y los intentos del INACIF por aclarar las imágenes no dieron resultados”, explicó el abogado.
Después de más de seis meses en prisión preventiva, ambos fueron liberados en septiembre. “Sin pruebas suficientes, no se puede acusar”, concluyó el juez.
La familia en silencio
Al cierre de 2024, la muerte de Paula Santana sigue sin respuestas. Su familia ha tenido sus propias luchas; los familiares se han quejado de que han quedado al margen de las investigaciones, mientras las autoridades aún no dan con los autores.
Integer Holdings Corp. fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por no garantizar condiciones seguras, pero eso poco consuela a quienes siguen esperando justicia.
El archivo provisional del caso, según el Ministerio Público, no cierra las puertas a nuevas investigaciones, pero la falta de pruebas palpables hace que el tiempo juegue en contra de justicia para Paula y su familia.
Mientras tanto, Paula permanece en la memoria de quienes claman por un sistema más justo. Su sonrisa, capturada en fotografías familiares, es un recordatorio constante de los sueños truncados y de una historia que, al cierre de 2024, sigue esperando ser contada completa.
