Por Bernardo Hirán Sánchez Melo, Ph.D.
En la República Dominicana el sector público y el privado interactúan de manera compleja, cada uno desempeñando un papel crucial en el crecimiento y desarrollo del país. A diferencia de los países de economía centralizada, como los socialistas, en los que los recursos se asignan de manera planificada, y de los países capitalistas, donde la economía de mercado determina la distribución de los recursos, la economía dominicana es mixta al coexistir el Estado con todas sus atribuciones y funciones y un sector privado dependiente en gran medida de las bondades del mismo Estado.
Este modelo de economía dual ha operado en las unidades productivas del país según las leyes del mercado, mientras que el sector público ha debido responder, a través de su propias normativas, institucionalidad y dinámica, a las necesidades de la población, con el objetivo de incrementar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese orden, la economía dominicana, al ser mixta, ha requerido una interacción e interdependencia entre los sectores público y privado: Las empresas privadas impulsando la producción, la inversión y la innovación mediante las dinámicas del mercado, mientras que el Estado ha cumplido, hasta cierto modo, con sus funciones esenciales: tales como la de regular los sectores productivos, proveer infraestructura y servicios, asegurar la estabilidad económica y social y garantizar el crecimiento económico.
Históricamente, los modelos de desarrollo implementados en la República Dominicana han buscado impulsar la industrialización y el desarrollo de sectores productivos generadores de divisa: En una primera etapa del siglo pasado, sustentado en el modelo de sustitución de importaciones; luego, mediante la promoción de exportaciones de bienes agropecuarios, agroindustriales, manufactureros y mineros, y más recientemente el impulso de los sectores de servicios, construcción y turismo.
Estos impulsos han estado acompañados de la intervención del Estado, concretizados con el desarrollo de infraestructuras, incentivos fiscales, financiamiento y regulaciones laborales favorables al capital.
Sin embargo, el papel de la planificación como herramienta de desarrollo en el país no había recibido la promoción necesaria que permitiera aprovechar sus bondades desarrollistas, sino a partir de los condicionamientos externos establecidos en la Carta de Punta del Este en 1961, a raíz de la iniciativa de provisión de fondos en condición de cooperación de la "Alianza para el Progreso" promovida por el gobierno de John F. Kennedy en Estados Unidos, que condicionaba esa ayuda internacional a los países latinoamericanos y caribeños a la implementación de sistemas nacionales de planificación.
Este proceso, en la República Dominicana se materializó mediante la creación de instituciones claves, como lo fueron la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, establecida mediante la Ley 5788 del 9 de enero de 1962; el Secretariado Técnico de la Presidencia, para coordinar la estrategia de desarrollo, mediante la Ley 10 del 11 de septiembre de 1965; y el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, mediante la Ley 55 del 22 de noviembre de 1965.
Posteriormente el Sistema de Planificación dominicano ha madurado, conjuntamente, con los sistemas de Inversión Pública, y los sistemas de la administración financiera del Estado, a tal punto que el país cuenta en todos los niveles de la cadena de valor del sector público con prácticamente todos los planes establecidos por la Ley 498-06 y la Ley 1-12, a saber: Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Plan Nacional Plurianual de la Inversión Pública, Planes Institucionales, y con bastante avance los Planes Provinciales y Municipales de Desarrollo, quedando pendiente los Planes Sectoriales.
En la actualidad, en lo que respecta al sistema de planificación y el sistema presupuestario, debe considerarse como un principio esencial en la gestión pública que la planificación debe preceder a la presupuestación. Mientras la planificación define los objetivos, estrategias y programas necesarios para alcanzar el desarrollo, la presupuestación traduce esos planes en asignaciones financieras concretas orientadas a materializar lo planificado en los niveles de consenso institucionales, sectoriales y territoriales.
Debe tenerse en consideración que una planificación adecuada permite establecer prioridades, identificar necesidades y diseñar estrategias de inversión a mediano y largo plazo. Sin embargo, si el ejercicio presupuestario no está alineado con la planificación, corre el riesgo de convertirse en una simple distribución de fondos sin una orientación clara hacia el logro de los objetivos.
En ese orden, hay que tomar en cuenta que el Estado tiene un papel crucial en la prestación de servicios sociales, el suministro de bienes esenciales y la construcción de infraestructura, para lo cual es fundamental que los planes de desarrollo contemplen las transformaciones económicas y sociales necesarias para un crecimiento sostenible, garantizando una colaboración armoniosa entre los sistemas de planificación e inversión pública por reflejar de manera precisa la demanda real de bienes y servicios y sus efectos en el aparato productivo, no así los sistemas financieros y monetarios (per se) que en lo fundamental tienen la función de asignación de los recursos financieros en el sistema presupuestario, manejo y control de los recursos, la regulación de dinero, entre otros.
En conclusión, uno de los principales desafíos de la planificación en el país es fortalecer en un nivel superior la intervención estatal, sin afectar el dinamismo del sector privado. De modo que las políticas públicas fortalecer la colaboración entre el sector público y privado a través de alianzas estratégicas, regulaciones adecuadas y políticas orientadas a mejorar la productividad laboral, incrementar los ingresos salariales, elevar la cualificación laboral, formalizar los sectores productivos informales, e incrementar los sectores exportadores con mayor valor añadido.
La planificación debe desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la República Dominicana, permitiendo una asignación racional y eficiente de los recursos. La dualidad de la economía exige un equilibrio entre el sector público y privado para garantizar un crecimiento sostenible. El Gobierno dominicano debe planificar correctamente la economía hacia el progreso, asegurando estabilidad, eficiencia y equidad en el uso de los recursos nacionales.
Por último, la planificación debe estar respaldada por procesos institucionales sólidos, que abarquen la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, de forma que se asegure el desarrollo económico y social en un horizonte que puede estar no tan lejos, pero que aún ¡falta bastante por hacer!
El autor es economista
