Por Omar Santana
Terminada las elecciones en la República Dominicana, los partidos políticos y los candidatos dejaron la propaganda en la vía pública, que ahora es porquería, pegada en postes de luz y paredes.
No es justo que a dos semanas de las elecciones presidenciales y congresuales los ciudadanos dominicanos aun sufran la contaminación visual que se hace más peligrosa con la entrada de la temporada ciclónica.
Con los aguaceros, los carteles pueden tapar imbornales, alcantarillas, acumularse con la basura. Y los vientos pueden disparar estos carteles y generar daños a las personas y a propiedades.
No es justo tampoco que las alcaldías agoten los minúsculos recursos que manejan en recoger desperdicios que son responsabilidad de organizaciones que en un plazo de poco menos de seis meses recibieron 5 mil 111 millones de pesos, correspondientes al medio por ciento (0.50 %) de los ingresos nacionales proyectados para el año 2024.
Quiere decir que estos partidos, principalmente el Revolucionario Moderno (PRM), el de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano, utilizaron recursos en un plazo de cinco meses equivalentes a todo el presupuesto de la Alcaldía del Distrito Nacional para el año 2024, que manejará unos 5,400 millones de pesos.
Y aun así no dejaron fondos para recoger la basura después de las elecciones.
Todo esto es una violación de la ley sobre el Régimen Electoral.
El artículo 181 de la ley de la ley electoral responsabiliza del retiro de la propaganda electoral a los candidatos, partidos políticos, agrupaciones y movimientos a recoger la basura después de las elecciones.
Se recuerda lo vehementes que fueron los partidos de oposición en empujar a la Junta Central Electoral (JCE) para que a la vez presionara al Gobierno con la finalidad de que completara el medio por ciento.
Acusaron al Gobierno de negarles los fondos para poder llevar a cabo el proselitismo. Y hasta horas antes de las elecciones demandaron del Pleno de la JCE garantías de un proceso justo y transparente.
Dicho esto, no le pasó al Pleno de la JCE advertir que entre tanto dinero deberían al menos disponer de una cantidad para contribuir a disminuir la basura, y que no se la dejarían a otros. A los ciudadanos.
El artículo 181 señala además que la JCE podrá retener un monto de los aportes como garantía de que efectuarán efectivamente el retiro de la propaganda.
¿Qué pasó? Que el pleno no emitió resolución al respecto y al entregar la totalidad de las contribuciones económicas a los partidos ya nada puede hacer.
Por supuesto, las alcaldías, que son el reflejo de los partidos políticos, tampoco se irán a quejar con sus organizaciones. Al contrario, anuncian los planes de recolección de desechos de campaña como si fuera un sacrificio olímpico.
El sacrificio lo hacen los ciudadanos, que ya sufren el precario servicio de recogida de desechos que corresponde a los ayuntamientos.
¿Podrán los partidos, al menos, movilizar a su militancia para contribuir con las alcaldías a limpiar las ciudades atiborradas de basura?
