Por Melton Pineda
Como periodista, jamás he sido partidario de la censura previa, y mucho menos en un sistema democrático, que pesar de sus defectos, este sistema, con sus altas y bajas, ha sido la plataforma sobre la que hemos construido luchas históricas por alcanzar metas fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a disentir y el ejercicio pleno de nuestras libertades.
La historia del periodismo en nuestro país está marcada por la sangre de mártires, hombres y mujeres valientes que entregaron su vida, su voz y su libertad en nombre de la verdad. Muchos fueron obligados al exilio, silenciados de forma brutal, perseguidos, demandados y estigmatizados simplemente por cumplir con su deber de informar con veracidad y valentía.
En medio de ese esfuerzo constante por conquistar y defender la palabra libertad de expresión, resulta frustrante y a veces hasta indignante, tener que convivir en este ambiente de podredumbre.
Tener que hablar de un fenómeno como la invasión descontrolada de los llamados “comunicadores”, personas muchas veces sin formación ni vocación académica en el área, han encontrado en los medios un espacio para el protagonismo y la provocación sin límites.
Estos personajes se han apoderado de micrófonos, cámaras y redes sociales, disfrazando su carencia de preparación con discursos agresivos, populistas y altisonantes.
En muchos casos, no les importa vulnerar la dignidad ajena ni traspasar los límites del respeto con tal de captar atención o generar polémica.
Muchos de ellos han convertido el espacio mediático en una plataforma para el escándalo, recurriendo incluso a un lenguaje vulgar, obsceno y ofensivo. No es raro verlos utilizar palabras impublicables, llenas de doble sentido, con un desparpajo que resulta vergonzoso para quienes sí valoramos la profesión. Se expresan como si estuvieran en un bar, y no frente a una audiencia que merece ser tratada con seriedad.
La etiqueta de “comunicador” ha sido adoptada por muchos como una especie de licencia para delinquir verbalmente. Es tristemente común que usen sus espacios para chantajear, extorsionar o difamar, amparados en una supuesta libertad de expresión que confunden con libertinaje.
Bajo esta denominación, algunos han descubierto un negocio rentable: el de dañar honras ajenas a cambio de favores, dinero o influencia.
En lugar de ser portavoces de la verdad, se han convertido en traficantes de rumores, sembradores de odio y fabricadores de escándalos.
Es importante aclarar que también existen comunicadores que, aunque no sean periodistas de formación, y provienen de otras disciplinas del saber, hacen un esfuerzo por aportar desde sus plataformas pero de manera responsable. Algunos incluso trabajan en medios gubernamentales o independientes de forma honesta. Sin embargo, el problema no son ellos, sino aquellos que traspasan la línea de la legalidad y la ética.
En este contexto, urge una discusión profunda sobre el papel de los medios de comunicación y la necesidad de regular de manera más estricta el ejercicio público de la comunicación.
No se trata de coartar libertades, sino de poner orden en un escenario caótico y lleno de abusos e impunidades.
El periodismo, como he dicho muchas veces, es un sacerdocio. No se trata solo de hablar frente a una cámara o un micrófono, sino de investigar con rigor, de construir opinión con base en la verdad y de ejercer una labor que sirva a la democracia y no al caos.
Parte del problema está en la inacción de los organismos del Estado, incluyendo al Poder Judicial. La complicidad por omisión, la permisividad y la falta de voluntad política han contribuido a que esta situación se salga de control.
Un ejemplo de ello es la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que contempla sanciones para quienes usen los medios electrónicos para delinquir. Su correcta aplicación podría frenar muchos de los abusos que vemos a diario en redes y medios digitales.
También está la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, número 6132, que data del año 1962. Esta norma establece que la expresión del pensamiento es libre, pero no cuando atenta contra la honra, el orden social o la paz pública.
La realidad es que la desinformación viaja hoy más rápida que la verdad. Y eso no solo pone en peligro a las personas directamente afectadas por las calumnias, sino que mina la confianza pública en los medios y debilita el tejido democrático de nuestro país.
Las redes sociales, que deberían ser herramientas de empoderamiento ciudadano, se han convertido en canales de vulgaridad, difamación y linchamiento mediático. La falta de regulación efectiva y la carencia de educación mediática entre la población agravan aún más el problema.
Hoy cualquier persona con un teléfono celular y una cuenta en internet puede proclamarse comunicador o analista, sin ningún tipo de formación, experiencia o compromiso con la verdad. Esto ha generado una saturación de voces irresponsables que afectan la credibilidad del verdadero periodismo.
La solución no está en la censura, ni en el silenciamiento de opiniones diversas, sino en la ética, en la educación, en la autorregulación de los medios y en la aplicación justa de las leyes que ya existen.
Más que nunca necesitamos periodistas formados, comprometidos y éticos. Necesitamos medios que apuesten por la calidad informativa y no por el escándalo. Necesitamos rescatar la dignidad de una profesión que ha sido ensuciada por oportunistas sin escrúpulos.
Esta es una batalla cultural, ética y legal. No podemos permitir que el ruido de los falsos comunicadores ahogue la voz del periodismo verdadero. Si queremos preservar nuestra democracia, debemos rescatar el valor de la palabra, la profundidad del análisis y la integridad de la información.
