Por Rafael Aquiles Rivera Andújar
El día 6 del presente mes de abril, 2025, el presidente de la Republica Luis Abinader, anunció 15 medidas dirigidas a enfrentar y controlar la migración ilegal en el país, como la creación de oficinas de Dirección General de Migración, en todas las provincias del país, la creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios, ampliar el radio de acción de la vigilancia fronteriza y el protocolo que se establecerá en torno al uso de los hospitales por los extranjeros.
Sin embargo, las mismas son insuficientes para solucionar del acuciante problema migratorio en la nación dominicana.
Lo primero que debió anunciar el presidente Abinader es el peligro existencial que representa la República de Haití para la tranquilidad, la integridad y la soberanía nacional. Haití no solo es un país con el que compartimos la misma isla, que de por sí es pequeña, en consecuencia, los dos son pequeños, sino otras situaciones de mayor trascendencia.
Veamos, Haití tiene una superficie de apenas 27,750 Km2, pero con una población de 12 millones de habitantes y una densidad poblacional de 430 h/p. Si a esto le agregamos que es un país sin autoridad e instituciones públicas ni privadas, sumido en la más profunda pobreza, violencia y anarquía general, dominada por bandas armadas, por lo que u única válvula de escape es la República Dominicana., toda vez, que la comunidad internacional se desentendió de él. Además, una nación con idioma, religión, costumbre, raza y cultura distinta a la nuestra. Y otro elemento quizás el más importante es que, por razones históricas son inmigrantes que se sienten con derecho de pertenencia en el país.
Cabe destacar que en el país hay unos dos millones de haitianos en su mayoría de manera ilegal, que, si bien es cierto que muchos de ellos desempeñan roles importantes en áreas como la construcción, la agricultura y el turismo, también es verdad que la sociedad carga un enorme peso económico y social en el área como la Salud y la educación, y corremos el riesgo de la pérdida del control si seguimos como hasta ahora. Algunos datos estadísticos así lo confirman, en 2024, el país deportó hacia Haití más de 276 mil de sus nacionales y en lo que va de año al 31 de marzo, van 86,406 personas.
En tales atenciones, tenemos que prepararnos en el plano institucional y legal, en aras de preservar nuestra soberanía e integridad territorial.
Es por estas razones que las acciones anunciadas por el presidente Abinader deben ser más profundas. En este sentido proponemos:
1- Llevar a cabo una profunda transformación de todo el sistema migratorio dominicano, teniendo como base la Ley de Migración Dominicana No. 285-04, y su reglamento No. 631-11, fusionándola con las leyes: Nos. 137-03, sobre tráfico ilícitos de migrantes y trata de personas; la No. 16 83 sobre Naturalización de 1948, así como los decretos Nos. 1569 sobre Refugiados y el No. 2330-84 sobre su reglamento. En ese sentido entiendo pertinente, que estas leyes y decretos deben ser fusionados en un solo cuerpo legal, para facilitar con mayor facilidad su aplicación por los organismos e instituciones correspondientes.
2.- Es pertinente, que se inserte en la nueva ley, la creación de la policía especial en materia migratoria.
3.- La creación de otros centros de retenciones de extranjeros;
- Y a la creación de una instancia judicial, que funciones como Corte de Apelación, en torno a las decisiones administrativas emanadas de la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Interior y Policía, que podrían estar ubicadas en cada departamento judicial del país. Esta última decisión, es imprescindible a los fines de garantizarles el debido proceso a los extranjeros que sobre ellos pese una orden de deportación, repatriación o expulsión del país, y así librarnos de las condenas permanente de los organismos internacionales defensores de los derechos de los inmigrantes, como El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ANUDH), El Alto Comisionado de las Naciones Unidas. para los refugiados (ANCNUR), la Organización Internacional para los Refugiados (OIM), Amnistía Internacional, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
5.Crear mecanismos para garantizar la identificación de los extranjeros deportados, repatriados o expulsados, para evitar su reingreso al país, y quienes lo hagan se expongan a una condena de carácter penal. Una de estas medidas podría ser crear un banco de huellas dactilares como un medio de identificación.
6.- Ampliar las facilidades para las solicitudes de admisión de visa de Trabajo temporero a los extranjeros que califiquen conforme a nuestra legislación, y evitar así que nuestras empresas públicas o privadas no terminen perjudicadas.
¡Hay que preservar por todos los medios nuestra integridad territorial y la soberanía Nacional, con inteligencia y sabiduría!
Rafael Aquiles Rivera Andújar
Es magister en derecho migratorio y consular
