Por Osvaldo Santana
Cuando el gobierno decidió dar un paso al frente después del bajón provocado por la fallida reforma fiscal, mediante el anuncio de acciones populistas, como la “brisita navideña”, la promoción de almuerzos y cenas de temporada, de nuevo se debate en uno de los escenarios recurrentes: escasa asertividad en la aplicación de sus políticas.
El bono navideño, una respuesta algo tardía al traspiés de la reforma tributaria, en vez de aumentar “sus bonos”, ha desatado un serio cuestionamiento que golpea una de las bases filosóficas de sustentación del gobierno: la transparencia y la anticorrupción.
Y es que precisamente la oposición entiende que abrir un programa de regalo de 1,500 pesos a 3 millones de dominicanos mediante una tarjeta cuyo listado, manejo y entrega ha provocado escándalos, como la aparición de figuras públicas, personas acomodadas y hasta de dominicanos residentes en el exterior, sugiere una escasa rigurosidad en su elaboración.
Todo eso, al margen de que los potenciales beneficiarios con vocación para recibir los 1,500 pesos van a los centros de entrega y se encuentran con el inconveniente de que no aparecen en la lista. Un lamentable caso ocurrió en el municipio de Tamayo, donde un joven hacía una larga fila, y agotado, se derrumbó, y terminó en el cementerio. En otros escenarios, se han dado las quejas airadas de ancianos que van a retirar la tarjeta, o efectivamente el bono, y no pueden llegar ni siquiera al punto de entrega.
Es decir, hay un desorden en la administración o implantación de la medida, lo que se agrava con la percepción de que 3 millones de dominicanos enlistados para recibir cada uno 1,500 pesos va más allá de la exageración, lo que sugiere que estamos ante una política dispendiosa en nombre de la solidaridad y la atenuación de la pobreza monetaria, que sin embargo, según las cifras oficiales, ha disminuido en los últimos cuatro años.
Y parece obvio que los 3 millones de dominicanos enlistados para recibir dinero en diciembre es una exageración si se considera que de los 10 millones 817 mil 112 criollos registrados en el último censo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 5.2 millones de personas constituyen la población económicamente activa (PEA), las cuales son estimadas a partir de los 15 años, lo que indica que el bono de diciembre estaría siendo entregado al resto de la población no empleada, formal o informalmente en la República, sin considerar su condición socioeconómica.
Aumenta la PEA, según el Banco Central
En 2023, la PEA de República Dominicana aumentó un 3.2% interanual, lo que equivale a la incorporación de 156,690 personas. Este crecimiento se debió a que la población en edad de trabajar aumentó un 1.5% y 37,976 personas inactivas se incorporaron a la fuerza de trabajo.
La tasa de ocupación (TO) en el trimestre enero-marzo de 2023 fue de 60.4%, un 1.0% mayor que en el mismo trimestre de 2022. La tasa de desocupación oficial se redujo de 6.4% en enero-marzo de 2022 a 5.2% en el mismo trimestre de 2023.
La encuesta del mercado laboral del Banco Central arrojó que se generaron 238,972 nuevos puestos de trabajo respecto a abril-junio de 2023, superando por primera vez el umbral de los cinco millones, al alcanzar la cifra de 5,002,384 trabajadores en abril-junio de 2024.
La tasa de desocupación abierta (SU1) se ubicó en 5.3 % en abril-junio de 2024, exhibiendo una reducción interanual de 0.3 puntos porcentuales.
“Al comparar con respecto a abril-junio de 2023, se puede apreciar que se verificó un notable aumento de 238,972 nuevos ocupados netos, equivalente a una expansión interanual de 5.0 %”, explica el Banco Central.
Lo peor
Lo peor de todo es que el gobierno anuncia su programa dadivoso para mejorar su imagen entre los dominicanos, pero mal diseñado se convierte en piedra de escándalo. Y deviene en un recurso de denuncia de la oposición.
Es decir, que el nivel de asertividad de las autoridades resulta cada vez más pobre, lo que se acrecienta con la percepción muy extendida de la falta de eficacia en la ejecución de obras públicas, de que se inician, pero no terminan oportunamente, como si las ejecutorias estuviesen empantanadas de manera permanente, justo cuando se inicia un nuevo período de gobierno.
