Por Alfonso Tejeda
Cuando el presidente Joaquín Balaguer anunciaba cualquier decisión o medida, la oposición se resguardaba en sí misma para adivinar las interioridades de esas decisiones balaguerianas, a las que siempre – y, de entrada-, le atribuían una “intención oculta”, aunque fuera ostensible el meollo de lo propuesto.
Recuerdo eso porque parece que el presidente Luis Abinader está intentando revivir esa actuación, aunque desde el lado opuesto, es decir, él "abre el pecho" a los opositores para que le den, como ha ocurrido con las reformas, en particular la fiscal, que pese al casi unánime reconocimiento de que es una necesidad, la misma provocó el “más granado” rechazo en la sociedad, pues el de la clase alta fue más radical que el de los sectores populares.
En la búsqueda de un legado histórico, el presidente, que repite en el cargo tras un logro político electoral que le facilita la toma legal de controvertidas decisiones, obvió esa posibilidad y prefirió “lanzarse al ruedo” con una propuesta fiscal que recogía el protocolo técnico ( establecer impuestos, reducir subsidios, eliminar evasiones, exenciones, etc.), pero que por una distorsionada y distorsionante gradualidad sólo logró “el consenso” desde los disensos particulares de cada sector, negados a asumir su responsabilidad.
Y digo que él, y solo él, porque el PRM es una nulidad, y si algo hace es enfrentar al propio Abinader, o dejarlo solo, tal como ocurrió nueva vez en esta jornada, en la que el presidente de la Cámara de Diputados optó por “enviar al presidente Abinader” los resultados de la vista pública, que como órgano decisorio en la elaboración de leyes le compete evaluar, actividad en la que, entre los más de cien y tantos participantes, ningún perremeísta apareció para defender la reforma.
El retiro de la propuesta, provocado por la unánime oposición a la misma, confirma las paradojas que rodearon esa pieza, considerada por todos como necesaria, pero impugnada porque amplía los impuestos con los que enfrentar el déficit fiscal; reduce subsidios para disminuir gastos, que se estiman muy altos, y elimina exenciones para cortar privilegios, muchos de ellos de hace 50 años (turismo), y otros muy cuestionados (ley de cine).
Vista al principio como el cumplimiento postergado a una ley de diez atrás, la que ignoraron los dos anteriores presidentes, quienes sí dedicaron esfuerzos y recursos a reformas constitucionales muy específicas y para provecho suyos, Abinader recoge el Lauro por el rechazo que se impuso a la perentoriedad de un esquema indispensable para garantizar la gobernanza en el país.
Por las reacciones particulares de cada sector involucrado defendiendo sus intereses en esta batalla fiscal sin contraponer opciones o alternativas integrales, la perspectiva apunta a una canibalización de la economía dominicana y a un deterioro de los servicios, que al final, resultarán más precarios y costosos, desperdiciando la oportunidad que pudiese representar ese consenso como matriz y motriz de lo que se necesita alcanzar.
Oportuno es preguntar si Abinader se legítima más después de retirar la reforma fiscal atendiendo las demandas del conglomerado, y, si a partir de esta experiencia, logrará confianza y la colaboración para conseguir la financiación que demandan las políticas públicas, recursos que el gobierno está obligado a conseguir, independiente de que sea por vías impositivas.
