Por Alfonso Tejeda
Como si quisieran venderle “hielo a los pingüinos”, tal se mofan Rochy RD y Pablo Diddy de sus rivales, quienes responden los cuestionamientos a la política migratoria anti haitiana del país, pretenden negar que esta sea racista, lo que sí se evidencia es la crueldad y el desparpajo que pautan esa persecución.
Porque eso es la política migratoria frente a los haitianos: una persecución instigada, primero, por los prejuicios, que tienen su base en el corolario de “el haitiano no es gente”, por tanto, carece de valor como humano, lo que se resbala hacia desconocerles, negarles, los derechos sociales, legales y económicos de los que son acreedores, y que les corresponden por ser migrantes, sin importar que estén regulados como tales.
Repasar la historia para certificar esa conducta sería ocioso, pues hay hechos inauditos como la sentencia 168-13, que despojó de la ciudadanía a los nacidos en el país hijos/as de descendientes haitianos, y que 11 años después apenas ha validado una mínima porción de quienes podrían ser “resarcidos” por ley 169-14, que, de cumplirla, resolvería la legalidad de esos afectados.
Definiendo como “caso gravísimo” esa realidad, el presidente Luis Abinader pretende justificarla con la falta de provisión de documentos que la embajada de Haití en dominicana tiene que entregar a sus connacionales, confundiendo (?) así lo dictado por la ley 169-14 (la que resarce a los despojados de nacionalidad), y decir que esa es una de las razones de la “migración irregular”.
Si hubiese la voluntad política y la solidaridad humana -razones económicas las hay- regularizar el estatus de miles de haitianos llegados después del 2010, fecha del “corte” de la deshumanizante sentencia 168-13, se puede solventar a través de permisos de trabajo, y otros mecanismos, aplicables a quienes tienen arraigo en el país, a los que podría monitorearse en su estada.
La responsabilidad de la “migración irregular” es del Estado dominicano y de los gobiernos, que, por connivencias, recaudos políticos y ventajas económicas -como el macuteo diario de militares y agentes de Migración-, son permisibilidades que nada les interesa corregir, descartando así una práctica migratoria “razonablemente organizada”, aprovechable, y que evite las críticas por violentar los derechos humanos de los migrantes haitianos.
El papá Francisco, ante el que muchos se han arrodillado como devotos de una fe que se encoge frente a la razón, recién advirtió que la solución al flujo migratorio rebasa la “militarización de las fronteras”, y debe conducirse por las amplias “vías de acceso”, esas que el país ha rechazado y que impugna, como lo hizo en 2018 cuando, a último momento y con estruendosa embriaguez, desistió suscribir lo que se había comprometido, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Por eso, las denuncias recurrentes de Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos, tal la ocurrida la semana pasada en la que reitera el irrespeto a las leyes migratorias, y la crueldad de cómo las autoridades tratan a los haitianos en el país, provocan estas reacciones contra esos organismos y sus representantes, que, por los calificativos utilizados, hace temer que los denunciantes sean “lapidados” por turbas nacionalistas.
¡Que casi todos los sectores políticos -sin que sorprendan en el coro algunos “progresistas”- pretendan descalificar la validez de esas evidenciadas denuncias – y de qué manera lo hacen! -, revela lo que se niegan a admitir: el racismo es lo que los motiva, los empuja, y por eso asumen la actitud del avestruz, que, para evadirse de la confrontación, esconde la cabeza en la arena, ¡pero deja todas sus miserias al descubierto!
