Por Evelyn Irizarri Santos
NUEVA YORK, Estados Unidos. – La administración del presidente Donald Trump tiene muchos frentes, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Una situación que no parece importarle mucho a ningún funcionario.
Pero sin dudas, es con las cortes y los jueces con quienes mayores problemas ha encontrado el gobierno.
Las órdenes ejecutivas del presidente Trump, en especial aquellas relacionadas con migración han sido bloqueadas por los jueces, aunque el zar de la frontera Tom Homan, dijo, y citamos: “no importa lo que piensen los jueces".
Sin embargo, tanto el presidente como todo el gobierno saben lo que conlleva el desacato de una orden judicial.
Órdenes bloqueadas
Varias de las órdenes ejecutivas del presidente han sido bloqueadas por un juez, en su mayoría relacionadas con migración, algunas, según expertos en temas constitucionales, reñidas con la constitución del país.
Nacionalidad por nacimiento
Desde antes de asumir su primer mandato en 2016, Trump no ha ocultado, y muy al contrario, ha expresado sin tapujos, su intención de eliminar el derecho a la nacionalidad por nacimiento, un mandato constitucional establecido desde el origen mismo de la nación, sin embargo, es ahora, aprovechando la crisis migratoria, cuando el mandatario decidió firmar una orden ejecutiva, que como era de esperarse, llegó hasta la corte Suprema.
Pero previo a llegar a la Corte más alta del país, ya jueces de Washington, Massachusetts y Maryland la habían bloqueado y un juez de Seattle calificó la orden del presidente como "descaradamente inconstitucional". Esta fue una de las órdenes ejecutivas que Trump firmó el primer día de su mandato.
Ahora hay que esperar lo que decidirá la Corte Suprema, que podría invocar la inconstitucionalidad o bien podría dejar a la discrecionalidad de los Estados acogerla o rechazarla.
La XIV enmienda
La Décimo Cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que fue ratificada después de la Guerra Civil, establece que "son estadounidenses todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos".
Empleados federales
Otra de las pretensiones de Trump que encontró un freno judicial es la referente a sacar empleados del Gobierno Federal con oferta de pagos hasta septiembre. Un juez federal de Boston frenó el plan del presidente de convencer a los trabajadores federales a renunciar con la promesa de que recibirían sus salarios hasta el mes de septiembre.
También fue bloqueada, la orden de otorgar licencias forzadas para empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.
Mujeres trans
Un juez también dejó sin efecto la decisión de trasladar a las mujeres transgénero, que se encontraban en prisiones federales, a cárcel para hombres, bajo la premisa de que a partir del 20 de enero de este año, en el país solo se reconocía dos géneros, masculino y femenino.
El TPS
Una de las más recientes derrotas de la administración Trump en la corte fue contra su revocación del TPS para venezolanos, una medida que había sido impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Esta semana, un juez de California suspendió temporalmente la revocación del TPS, un alivio para más de 350 mil inmigrantes venezolanos que estaban en riesgo de deportación.
El fallo fue en respuesta a la solicitud de un grupo de abogados defensores de los derechos de los inmigrantes en San Francisco, quienes alegaron que el presidente Trump había realizado declaraciones discriminatorias. También incluyeron declaraciones de la secretaria Noem, quien al igual que el presidente comparó a algunos venezolanos con pandilleros. De acuerdo con el juez, esas acusaciones merecían revisión judicial, al tiempo de ordenar mantener vigente el TPS mientras se evalúa la legalidad de la revocación.
Enemigos internos
Con la intención de realizar deportaciones por la vía rápida, el presidente Trump invocó a una antiquísima normativa, la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que solo había sido invocada en tiempos de guerra. La finalidad del gobierno de Donald Trump solo pretendía sacar del territorio a los miembros de la pandilla el Tren de Aragua, a quienes no dudó en calificar de terroristas y, como tal, enemigos de los Estados Unidos.
Tan pronto como el gobierno invocó esta ley, dos aviones fueron abarrotados de indocumentados, en su mayoría venezolanos, acusados de formar parte de la temida pandilla venezolana.
Una gran polémica se generó cuando un juez bloqueó la aplicación de la ley, pues esta decisión no impidió la deportación de los indocumentados, que en su mayoría fueron enviados a El Salvador, para encerrarlos en la denominada Megacárcel.
Aún existe una dispuesta entre el juez y los abogados del gobierno, quienes se han negado a entregar la información requerida por el magistrado para establecer si realmente, los aviones con los deportados ya estaban en pleno vuelo cuando el juez emitió su fallo.
Seguirán
La batalla entre el gobierno y los jueces seguirá librándose en las cortes , no solo por las órdenes que ya han sido emitidas, sino por las que se espera que continuará dictando el presidente, sobre todo, cuando esta semana el mandatario ha manifestado sus intenciones de buscar un tercer mandato, aun cuando es bien sabido que todo intento en esa dirección, es un atentado a la Constitución.
Consciente de eso, a principios de semana Donald Trump dijo que tiene un método para hacerlo posible.
Esta determinación es una muestra de lo que se avecina, en un país donde la institucionalidad siempre ha estado por encima de lo particular y de lo partidario.
