La fe religiosa y la política tienen muchas afinidades en hechos, circunstancias y derivaciones que permiten compararlas y aproximarse a conclusiones parecidas. Por el momento pretendo destacar la muerte violenta como recurso para plantear resultados diferentes al diseño original de las acciones anotadas.
La primera de esas muertes es la de Jesús, que sus seguidores reconocen como sacrificio necesario del "Creador", para hacer posible la redención de aquellos que se acojan a los planteamientos de la fe, guiados por el más trascendental decálogo conocido: los mandamientos que ciñen la actuación terrenal para alcanzar "la gloria". Todavía, a más de dos mil años de aquel sacrificio, Jesús sigue "vivo".
Nuestra historia reciente recoge otro hecho de los apuntados en el primer párrafo: las muertes de las hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ordenadas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en noviembre de 1960. Con esos crímenes, el sátrapa, que quiso finalizar un movimiento que se iniciaba, logró iniciar el fin de su larga y ya inaguantable dictadura que siete meses después, en mayo del 1961, era decapitada.
Resultados distintos a la pretensión original.
En la vapuleada Nicaragua, en enero de 1979, el dictador Somoza desbordado por la presión interna del creciente y cada vez más aguerrido Frente Sandinista, y la solidaridad internacional que acompañaba a los insurgentes, dispuso matar al periodista opositor Pedro Joaquín Chamorro, cosechando con este crimen resultados contrarios a los propuestos y siete meses después, en julio, tenía que abandonar Managua, la capital tomada por los guerrilleros.
La última de las muertes violentas que me ocupa en este escrito es la de Orlando Jorge Mera, innecesaria pero que plantea el reto de cambiar el propósito que la provocó: tener al Estado como botín de políticos y allegados. En sus lamentos por tan absurdo crimen, la clase política del país condena también la razón que llevó al matador hasta ese extremo, y alude a la necesidad de superar esa visión depredadora que se tiene del Estado.
Dudo que los resultados sugeridos por la clase política se alcancen en un período tan breve de siete meses, pero es inadmisible que esa pretensión compita con el tiempo de espera que los religiosos aguardan por Jesús para entonces alcanzar "la gloria". Lo que sí pueden los políticos dominicanos, antes de siete meses, es conseguir aprobación de leyes y regulaciones que inicien la erradicación de esa cultura depredadora del Estado.
La Junta Central Electoral ha revisado y reformulado la ley de Partidos Políticos y Financiamiento de campañas electorales que se discutió en el Consejo Económico y Social, que ahora espera por la aprobación legislativa. Dedicarse a esa tarea es el mejor homenaje a Orlando Jorge Mera, un hombre al que todos reconocen su decencia, bonhomía, respeto y honestidad hasta morir.
Ríndanle ese reconocimiento!
