Por Alfonso Tejeda
Antes de que se secara la tinta del más reciente artículo que escribí sobre la actuación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en el que expresaba la tímida esperanza – lo último que se pierde-, que el gremio asuma con responsabilidad la labor comprometida, este “volvió por sus fueros” protagonizando paralizaciones de docencia, como siempre, por motivos tan baladíes que compiten con la calidad y eficiencia del servicio en las escuelas públicas.
“La propuesta de la ADP debe trascender de la sorpresa a la cotidianidad” titulé el referido artículo, publicado en este medio en la tercera semana de febrero, y resaltaba que el presidente de esa organización, Eduardo Hidalgo, en un llamado valioso, urgente y necesario advertía sobre el inadecuado, desproporcionado e incontrolado uso de celulares que hacen los estudiantes en las aulas durante las horas de clases, en particular los menores de 16 años, que concitó respaldo.
Pero, apenas dos semanas después del acierto con la regularización del uso de celulares en las aulas, los sindicalistas maestros de las provincias Hermanas Mirabal, Santiago, Duarte y San Juan, dejaron de ir a las escuelas en días de clases, contraviniendo su razón de ser, desconociendo el compromiso social y moral con la sociedad, apropiándose de un dinero sin justificarlo, y lo que es más dramático: tronchar la oportunidad del aprendizaje a los estudiantes más vulnerables del sistema educativo.
Esa abusiva y perversa actitud es posible porque la sociedad lo ha permitido -algunos sectores lo justifican-, y a la complaciente y hasta cómplice permisividad de las autoridades que han sido irresponsables en exigir el cumplimiento del calendario escolar, y cobardes a la hora de aplicar las correspondientes sanciones, como ahora reclama la Federación Nacional de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, que sugiere descuenten a los maestros los días que dejan de trabajar por participar en huelgas, marchas, vigilias y concentraciones en horas de trabajo.
Tanto en un comunicado del ministerio de Educación como en la denuncia de los padres de los estudiantes hay coincidencia de que “la paralización atenta contra el cumplimiento del calendario escolar y afecta de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo en riesgo los objetivos académicos del presente año lectivo”, pero “sin que haya un régimen de consecuencias de parte de las autoridades”, advierte la federación. Muy por el contrario, las autoridades han sido tan doblegadas por los maestros que estos impusieron el porcentaje mínimo (60) para evaluar como apto a los docentes de nuevo ingreso al sistema, menor al de los estudiantes.
“La felicidad dura poco en casa del pobre”, enseñanza popular que confirmo hoy al ver cuán lejos llegó mi expectativa sobre lo que estimé otro derrotero, que en el artículo expresé: "La ADP, con esta propuesta, está desafiada a confrontarse, a demostrar que la misma es el inicio para recuperar la misión encomendada, que reconoce su responsabilidad como actor primario en el proceso educativo y que entiende la importancia social, cívica y cultural que tiene con los estudiantes y el futuro desarrollo de la sociedad dominicana, posible de lograrse si los maestros y las maestras acuden a las aulas a impartir docencia”.
