Por Nelson Cuevas
En la historia reciente de la República Dominicana, pocas tragedias han estremecido tanto a la sociedad y a la conciencia colectiva como el colapso del techo del "centro de entretenimiento" Jet Set, ocurrido durante una fiesta encabezada por la orquesta de Rubby Pérez.
Los datos oficiales indican que más de 200 personas perdieron la vida, entre ellas el propio Rubby, el ex grandes ligas Octavio Dotel y otras figuras del arte y el deporte nacional. Las cifras oficiales hablan, pero los rumores gritan más fuerte: los muertos podrían ser muchos más. Y la verdad, quizás, nunca se sepa.
Ese dato, el real, lo tienen instituciones del Estado actuantes en el rescate. Y es fácil deducirlo: ¿cuántas boletas se vendieron esa noche?, ¿cuántas personas fueron rescatadas con vida?, ¿cuántas fueron llevadas heridas a hospitales y cuántas encontradas sin vida bajo los escombros? Y de los hospitalizados, ¿cuántos sobrevivieron o aún se mantienen ingresados? Son preguntas simples, con respuestas registradas. Pero, aun así, ese número definitivo parece inalcanzable, considerando el número de asistentes que se dice estaban en el lugar.
Nunca se sabrá con exactitud. Y aunque las causas no sean comparables, vale recordar que en los atentados del 11 de septiembre, en Estados Unidos, se supo con precisión cuántos murieron y quiénes eran. Aquí, en cambio, el silencio, la complicidad y hasta el desinterés de algunos familiares de las víctimas podrían convertirse en obstáculos para esclarecer los hechos. Disuadir y evadir la verdad protege a los responsables. Y en este caso, la omisión también mata.
El local, con más de 50 años de antigüedad, operaba con serias deficiencias estructurales reportadas de forma informal por empleados, allegados y testigos presenciales. A pesar de esas alertas, nunca se realizaron intervenciones técnicas significativas. Esta tragedia, más allá del dolor humano, plantea un debate urgente: la responsabilidad penal por negligencia, omisión e inobservancia de normas básicas de seguridad.
Hoy, el país sigue de luto. Y ante la magnitud de la catástrofe, varias preguntas resuenan cada vez con más fuerza. Entre ellas: ¿qué pasará si no hay justicia? ¿Qué mensaje se envía si una tragedia de esta magnitud termina, como tantas otras, diluyéndose en el olvido o en tecnicismos legales?
La Procuraduría General de la República ha anunciado una investigación formal. Como medida cautelar, ha ordenado el congelamiento de los bienes de los propietarios del centro, respaldada por el artículo 169 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público debe dirigir la investigación penal y promover la acción pública en representación de la sociedad. Es un primer paso. Pero no basta.
El sistema judicial dominicano carga con una historia de lentitud, presiones políticas e intereses cruzados. Hemos visto demasiados casos enterrarse en expedientes olvidados, especialmente cuando los implicados tienen poder, dinero o influencia.
La sociedad no puede permitir que este caso se convierta en otro ejemplo de impunidad. Debe pronunciarse. Hacer presión social. Si no hay régimen de consecuencias, el mensaje será devastador: aquí se puede matar por torpeza, imprudencia, negligencia, inobservancia, desinterés… y seguir caminando. Como si nada.
La justicia, en este caso, no debe ni puede ser simbólica. Debe ser real, firme y ejemplar. Porque lo que está en juego no es solo la memoria de las víctimas, sino la credibilidad de las instituciones, el pacto mínimo de protección que toda sociedad merece y la mirada internacional sobre el curso del hecho tendrá su peso.
Ante este escenario, el país no puede permanecer pasivo. La ciudadanía, los medios, las organizaciones sociales y las familias afectadas tienen el deber de exigir respuestas. Esta no es una lucha por venganza, sino por verdad, por dignidad y por prevención. El silencio, aquí, sería un segundo derrumbe.
Es preocupante ver cómo, desde el otro día de la tragedia, surgen defensas mediáticas y legales orientadas a proteger a los dueños del establecimiento. Un prominente abogado de Santiago ha renunciado a una posición oficial para integrarse a la defensa de los propietarios. Aunque tienen derecho a la defensa, este tipo de movimientos envía señales inquietantes.
El Derecho Penal dominicano, aún dentro de su fragilidad y obsolescencia, es claro. El artículo 319 del Código Penal establece que quien cause la muerte o lesiones por negligencia o descuido debe enfrentar consecuencias penales. No se trata de venganza. Se trata de justicia, de prevención y, sobre todo, de respeto a la vida. Hasta ahora, no hay imputaciones. Nadie ha sido arrestado. Solo muertos, heridos y familias enteras que sufren.
Un proceso, un fallo que exonere o diluya responsabilidades no solo sería un golpe a las víctimas. Sería una traición al Estado de derecho. Y reforzaría esa amarga percepción de que la justicia en este país solo se aplica a quienes no tienen poder, ni apellido, ni amigos en las altas esferas.
Casos como este trascienden lo penal. Son pruebas para el sistema. Si no se identifican y sancionan responsabilidades, estaremos institucionalizando la negligencia. Y el Estado también tendría su parte: por su falta de supervisión, de prevención y por su obligación de exigir justicia.
Porque si el país permite que esta tragedia quede impune, estaremos dejando claro que en la República Dominicana se puede ignorar la seguridad pública sin consecuencias, hasta que el techo caiga sobre todos.
El país necesita una investigación seria. No una farsa simbólica. Se requieren sanciones proporcionales, reparación a las víctimas y, sobre todo, un mensaje claro: la negligencia mata. Y cuando mata, la justicia no puede esconderse entre ruinas, entre los escombros, ni someterse al poder del dinero o la fama.
Tengámoslo claro: hoy fue el Jet Set. Mañana puede ser una escuela, un edificio público o privado, una iglesia, un hospital o un puente. Si los afectados y la sociedad no exigen justicia ahora, estaremos cavando el escenario para la próxima tragedia. Que esta vez no seamos cómplices del olvido.
No dejemos que este sea el precedente de la impunidad escrito con sangre. Hagamos que sea el precedente de la responsabilidad y la justicia implacable.
