Por Alfonso Tejeda
Este 213 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, el 26 de enero recién pasado, fue más que la conmemoración convertida en un ritual de discursos, las más de las veces rimbombantes, de la que se demarcó por dos actos puntuales: el presidente Luis Abinader inscribiéndose en el proceso de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, y también la parada que frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia protagonizaron ciudadanas y ciudadanos que demandan de la justicia rigor y justeza, eficacia y eficiencia contra la corrupción.
Más que un acto protocolar, la disposición del presidente de la República de acudir a la sede de la Junta Central Electoral (JCE), para avalar el nuevo documento, es un acto de firmeza institucional desde el que se puede evaluar el avance que en el proceso democrático ha alcanzado el país en los últimos 35 años: asentando reglas del proceso, corrigiendo inconductas y abusos de poder, garantizando derechos y enseñando deberes ciudadanos, tal como los pensara Duarte.
Y es importante esa acción de Abinader, porque cuando en 1993, el presidente Joaquín Balaguer, afincado en su cotidiana arbitrariedad institucional, desairó el esfuerzo de la JCE, al rehusar registrarse como inscrito en el naciente CIE, cuando el organismo inició el entonces propósito de la unificación de la antigua Cédula de Identidad con el Registro Electoral, que eran documentos muy vulnerables y de fácil manipulación a todos fines- particular en las elecciones-, como había ocurrido en las del 1990, punto de inflexión en ese proceso.
Sin la amplificación ni los recursos de la JCE, pero con la motivación de hechos actuales y del pasado reciente, los reunidos frente a la Suprema Corte de Justicia les advirtieron a los corruptos, que si pretenden seguir burlándose de la sociedad, hay una parte del pueblo dispuesta a incordiar esa equivocada pretensión, enfrentando, esta vez y de manera radical, la corrupción con el impulso de sectores importantes y de gran peso social como los que ahora denuncian esa malsana y desintegradora práctica, que la Justicia tiene que castigar.
Esta campanada con que se reasume la lucha anticorrupción desde la sociedad civil, que denuncia los hechos, es, por encima de todo, muestra de atención al desempeño y uso de los recursos públicos por quienes tienen la responsabilidad de administrarlo, y junto con eso, un reclamo a las autoridades que tienen la obligación legal de sancionar a los que aprovechándose de posiciones administrativas y relaciones políticas y vinculación con el poder, olvidan que esos fondos y bienes son propiedad del pueblo, con los que deben satisfacer necesidades de la gente y también rendirles cuenta.
El ideario de Juan Pablo Duarte, a más de dos siglos de su nacimiento, es una tarea pendiente de cumplir en muchos de sus postulados, particular en su apego a la transparencia en el uso de los recursos públicos, y en forjar una institucionalidad robusta que garantice derechos y exija deberes, valores esos que motivaron los dos actos mencionados: una documentación fidedigna como la que debe proveer la JCE, y el reclamo de ciudadanos y ciudadanas para que la Justicia actúe con responsabilidad y eficacia en los casos de corrupción.
