La desecación de la Laguna de Cabral, en la región Suroeste del país, no es consecuencia de una sequía natural, sino de una “crisis de gobernanza hídrica” provocada por la sobreexplotación del río Yaque del Sur y el abandono de la infraestructura que alimenta el humedal.
Así lo concluye un informe técnico entregado a la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Senado por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD). El estudio atribuye la responsabilidad principal al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y al Consorcio Azucarero Central (CAC), operador del Ingenio Barahona.
Según los investigadores José Manuel Mateo Feliz, Luis Carvajal Núñez y George Cepeda, entre el 80 % y el 90 % del caudal del Yaque del Sur se desvía en el dique de Santana para el uso exclusivo del CAC, dejando sin agua al Canal Trujillo, la vía natural que nutre la laguna. “La operación del sistema de riego ha sido cedida de facto a un actor privado, en detrimento del interés público”, indica el documento.
El equipo científico afirma que la pérdida del humedal constituye “un ecocidio” en un sitio designado como Humedal de Importancia Internacional No. 1942 bajo la Convención Ramsar. La mortandad de peces y tortugas endémicas, como la Trachemys decorata, y el colapso de la pesca local han afectado a más de 30 000 familias en las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia.
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INFORME FINAL LAGUNA CABRAL FINAL 16-oct
Obligaciones incumplidas y acuerdos contradictorios
El informe detalla que la gestión del agua se rige por dos acuerdos: uno de 2006, que otorgó al CAC un 67 % del caudal del bloque Yaque del Sur con tarifa subsidiada, y otro de 2021, firmado por el INDRHI y el Ministerio de Medio Ambiente, que obliga a mantener un caudal ecológico para la laguna.
Los técnicos señalan que el segundo acuerdo, de rango superior, “ha sido letra muerta”, mientras el de 2006 sigue aplicándose en la práctica. El incumplimiento, advierten, viola la Constitución, la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas.
El informe acusa además al Ministerio de Medio Ambiente de haber diagnosticado correctamente la causa del problema pero sin aplicar sanciones ni medidas efectivas contra las instituciones y empresas responsables.
Consecuencias sociales y ecológicas
La investigación confirma que la laguna perdió casi todo su espejo de agua, lo que ha generado “hambre, desempleo y desesperación” en comunidades como Cabral, Cachón, Peñón, Fundación y Cristóbal. La desaparición de la vegetación acuática y de las aves migratorias ha destruido el equilibrio ecológico de la zona.
Los técnicos advierten que la pérdida del humedal, que antes regulaba la temperatura regional, podría elevar hasta 10 grados Celsius el promedio térmico local, volviendo inhabitable la hoya del lago y afectando cultivos y poblaciones humanas.
Factores agravantes y nuevas amenazas
El informe identifica la degradación de la cuenca alta del Yaque del Sur como un problema estructural. La deforestación, la ganadería extensiva y la erosión han reducido la capacidad natural de retención de agua.
También alerta sobre la proliferación de concesiones mineras en zonas de cabecera, como el proyecto Romero de Gold Quest Mining Corp. en San Juan, cuyo desarrollo, dicen, “podría comprometer de manera irreversible la calidad y cantidad del agua en toda la región Suroeste”.
Recomendaciones urgentes
El equipo propone un “Decálogo Presidencial Urgente” que incluye:
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Declarar estado de emergencia ambiental en la Laguna de Cabral.
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Liberar pulsos de agua desde las presas Sabana Yegua y Monte Grande para restablecer el nivel del humedal.
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Establecer un caudal ecológico permanente de al menos 3 metros cúbicos por segundo.
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Rehabilitar los canales Trujillo y Mena.
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Suspender el bombeo de pozos operados por el CAC en la Sierra de Bahoruco.
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Crear un sistema público de monitoreo de caudales y una mesa multisectorial de control del agua.
A mediano plazo, el informe recomienda renegociar el acuerdo de 2006, imponer una moratoria minera en la cuenca del Yaque del Sur y ejecutar un plan de restauración forestal en las montañas de la Cordillera Central y la Sierra de Bahoruco.
“No falta agua, falta gestión”
Los expertos concluyen que la crisis “no se debe a la sequía ni a la falta de agua en el sistema”, pues las presas almacenan volúmenes suficientes. El problema, dicen, es “la distribución inequitativa del recurso” y la ausencia de transparencia en su manejo.
“La solución no requiere grandes inversiones, sino voluntad política para restablecer el Estado de derecho y reafirmar la soberanía del país sobre sus recursos hídricos”, plantea el documento.
