Por Gregorio Montero
Ha quedado demostrado que las grandes trasformaciones que habrán de producirse en estos tiempos deben ser el resultado de acuerdos políticos y sociales que involucren a los distintos actores y sectores, y tomen en cuenta, desde un enfoque de política pública, los distintos aspectos de los problemas públicos identificados.
Un pacto de cualquier índole supone el conocimiento y el pleno convencimiento respecto de una dificultad existente y que debe ser resuelta de forma oportuna y coherente, por lo que se precisa de identificar también los grupos de interés para, de forma democrática, hacer las articulaciones, discusiones y acuerdos que sean necesarios y que permitan asegurar el compromiso de todos, y, lo más importante, la solución de los problemas que afectan a la colectividad.
Un pacto, en sentido general, implica un concierto, convención o acuerdo que pone de manifiesto la voluntad de distintas partes, sectores o actores, para resolver una situación que les afecta; mediante un pacto los involucrados asumen obligaciones y derechos, y el compromiso de cumplir con el objeto del acuerdo.
En política, y en lo social, los pactos contribuyen a la consolidación del Estado, del gobierno y de la Administración Pública, y constituyen un instrumento para el ejercicio efectivo de la democracia moderna. La historia política de nuestro país registra esfuerzos extraordinarios en pro de la realización de pactos y acuerdos que han contribuido de forma ostensible al proceso de fortalecimiento de la democracia, en los planos político, social, económico, laboral, educativo, energético, etc.
En línea con lo anterior, no cabe duda en que en nuestro país existe un serio problema en materia de institucionalidad pública, este se ha venido haciendo viejo, y ha sido identificado claramente y diagnosticado hasta la saciedad, mas no ha sido debidamente abordado, en lo que respecta a propuestas de soluciones; las fallas institucionales siguen latentes y ralentizan el avance del país, y profundizan la desconfianza y la desesperanza de la ciudadanía.
Si algo justifica en los momentos actuales un acuerdo político y social a gran escala es el fortalecimiento de las instituciones del gobierno, pues de ello depende un comportamiento verdaderamente republicano de los gobernantes y los gobernados, pero también, de la institucionalidad depende el desarrollo nacional.
Un pacto nacional por la institucionalidad pública debe constituir un llamado de urgencia, que incorpore, movilice y comprometa a todas las fuerzas vivas de la nación, especialmente a las políticas, con la idea de seguir unas líneas de actuación coherente con la legalidad, la ética, la eficiencia, la transparencia, la calidad del gasto público, el respeto a la dignidad de las personas y la lucha contra la corrupción administrativa.
Un pacto por la institucionalidad es una oportunidad que ningún gobernante, aspirante a gobernar o actor social debe desechar, pues en este encontrarían, sin duda alguna, una importante fuente para la gobernabilidad democrática; debemos recordar que contamos con un ordenamiento jurídico, constitucional y adjetivo que, de forma reiterativa, manda a desplegar acciones para el fortalecimiento institucional, pero que aún, lamentablemente, no es aplicado debidamente, aunque se hacen ingentes esfuerzos.
Un pacto nacional por la institucionalidad de la Administración Pública está justificado en los postulados de la Constitución de la República, en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la Ley de Función Pública, en la Ley de Derechos de las Personas en su Relación con la Administración Pública, en la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, y otras; también se justifica en el reposicionamiento de los ciudadanos frente a la Administración y en el rol protagónico que estos están llamados a jugar, y que poco a poco están jugando, respecto de los procesos de gestión pública. Sirven también de justificación, en tanto compromiso internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Los compromisos que se consignen en el referido pacto deben estar dirigidos a democratizar la Administración Pública, instalando mecanismos y procesos que faciliten la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la mejora de los servicios y los trámites administrativos; fortalecer el marco jurídico de la Administración Pública, procurando la aprobación de leyes faltantes y garantizando su respeto y efectiva aplicación; dotar al Poder Ejecutivo de entes y órganos con estructuras organizativas sustentadas en los principios de distribución de competencias, racionalidad, economía y eficacia; profesionalizar la función pública y desarrollar la carrera administrativa con base en los principios de mérito, estabilidad, evaluación, desarrollo y responsabilidad.
De la misma manera, el pacto por la institucionalidad debe recoger compromisos específicos para promover la transformación digital y la innovación en el sector público, garantizando el desarrollo del gobierno electrónico o digital y la interoperabilidad de los sistemas de gestión pública; deben establecerse acciones que reivindiquen el fortalecimiento de los sectores de la Administración Pública que han sido priorizados, dadas la sensibilidad e importancia de los servicios públicos que gestionan, esto, tomando en cuenta factores de liderazgo y gobernanza, y su capacidad para generar valor público, es decir, para impactar en el bienestar de las personas; así mismo, el pacto debe contener compromisos y estrategias encaminados a impulsar el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales, a fin de viabilizar y dar cumplimiento a la transferencia de competencias desde el gobierno central, como lo dispone el artículo 204 de la Constitución.
El Ministerio de Administración Pública, a través de su ministro Darío Castillo Lugo, se ha pronunciado a favor de impulsar este importante pacto, debería ser respaldado por todos los sectores de la sociedad, ya que significaría una contribución excepcional en el proceso de avance de la sociedad dominicana.
Un pacto por la institucionalidad ayudaría enormemente al reconocimiento y cumplimiento del principio de continuidad del Estado, piedra angular de la sostenibilidad de las políticas públicas y el desarrollo humano integral, sin importar los cambios políticos e institucionales que necesariamente deben producirse, como consecuencia del principio de alternabilidad democrática en el poder.
Avanzar hacia la construcción de un pacto nacional por la institucionalidad de la Administración Pública sería una señal clara de madurez política y social, y un mensaje indiscutible de que se apuesta seriamente por procesos de reforma y modernización sin interrupción, enfocados en la transformación institucional y el bienestar de la ciudadanía.
Un pacto de esta naturaleza no es solo una gran oportunidad, es también una necesidad, para poder adentrarnos exitosamente en la compleja y demandante sociedad del siglo XXI.
Con razón, el objetivo de desarrollo sostenible número 16 nos habla de forma diáfana y nos conmina a luchar por lograr instituciones sólidas, eficaces y transparentes, garantes de la paz y de la justicia.
