Por Gregorio Montero
En otras entregas hemos comentado respecto de que si alguna vez gobernar ha sido difícil es ahora, pues la ampliación de los derechos fundamentales, la extensión y consagración de las garantías de estos, el acceso a la información, la tecnología de la información, las redes sociales y las inagotables exigencias de la ciudadanía, hacen que las autoridades tengan que realizar serios esfuerzos para legitimarse frente a la sociedad y procurar la gobernabilidad democrática.
El paradigma del Gobierno Abierto se ha venido constituyendo en un aliado eficaz para los gobernantes que, convencidos de este nuevo escenario, se interesan en ensayar una forma de gobernar cónsona con la necesidad de dar respuesta a los retos que hoy enfrentan.
El enfoque del Gobierno Abierto, que surge en 2011, a partir del impulso dado, principalmente, por el presidente estadounidense Barack Obama y la presidenta de Brasil Dilma Rouseff, fue recogido en la declaración de la Alianza Global por el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa multilateral que aglutina a 77 países de todas las regiones del mundo, y que incluye a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
La AGA tiene por objetivo mejorar la actuación de los gobiernos y su relación con la ciudadanía, sobre la base de un modelo de gestión pública que se cimente en la buena fe, la confianza legítima y la eficiencia de las instituciones públicas.
Esta nueva visión de gobierno se va erigiendo en una cultura de gobernanza que propende al diseño y ejecución de políticas públicas sostenibles; la misma aporta principios, normas, criterios y herramientas de trabajo que procuran sustentar una nueva forma de administrar la cosa pública, pensada desde una relación colaborativa entre gobierno y ciudadanía. De manera concreta, el Gobierno Abierto se basa en los pilares de transparencia, participación ciudadana, colaboración y tecnología de la información, los cuales hoy día hacen parte de los principios modernos de la Administración Pública. A cada uno de estos pilares nos referiremos en próximas entregas.
La dinámica de trabajo de los países miembros de la Alianza Global por el Gobierno Abierto (AGA), se desarrolla mediante la elaboración de planes de acción a cuatro años, el cual contiene ejes y compromisos estratégicos que, para el caso de América Latina, están relacionados con mejora de los servicios públicos, integridad pública, gestión efectiva de los recursos públicos, creación de comunidades más seguras, entre otros; los planes de acción son monitoreados y evaluados de forma conjunta por los gobiernos y la sociedad civil, con el propósito de medir el cumplimiento de los compromisos y los resultados alcanzados, detectar áreas de mejora y proponer los correctivos correspondientes. Las herramientas para la elaboración y evaluaciones de dichos planes las aporta la Alianza, y son diseñadas de forma colaborativa.
La República Dominicana ingresó formalmente a la AGA en 2012, fecha a partir de la cual inició la implementación de sus planes de acción. Mediante el Decreto No. 486-12 fue creada la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), a la cual se le asigna en el artículo 1) la responsabilidad de conducir el tema del Gobierno Abierto, además de la ética de los servidores públicos, la trasparencia, la lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información pública.
Desde entonces, la DIGEIG se ha encargado de representar al país, junto a instituciones de la sociedad civil, en el mencionado mecanismo de articulación internacional, y de elaborar y dar seguimiento a la ejecución de los planes de acción del gobierno dominicano.
El Gobierno Abierto, como respuesta a un contexto de crisis global, representa una filosofía para la acción gubernamental que permite entender el rol que deben jugar los gobiernos y los ciudadanos, por lo que se convierte en una herramienta de gran utilidad para los procesos de reforma y modernización de la Administración Pública.
Que las autoridades y las organizaciones sociales puedan hacer sinergia, desde el conocimiento, el compromiso y el reconocimiento mutuo de sus roles, es una gran oportunidad para que, en forma de coproducción, hagan grandes aportes a la mejora de los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la consolidación democrática de las instituciones, desde la perspectiva de un nuevo contrato social.
En la región han sido aprobados documentos que orientan sobre el desarrollo del Gobierno Abierto en nuestros países. Se puede citar la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, elaborada y aprobada en el seno del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). En el mismo orden, nuestro país cuenta con un andamiaje jurídico que sirve de impulso al despliegue de dicha estrategia, tales como la Ley No. 200-04, de Acceso a la Información Pública, la Ley No. 107-13, de Derechos de las Personas en su relación con la Administración, la Ley No. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, así como un conjunto de importantes decretos y reglamentos que sirven de complemento.
Entendemos que la actual visión sobre el alcance del Gobierno Abierto debe escalar, para abordarlo desde una mirada más abarcadora, a fin de que podamos asumir la idea de Estado Abierto, que implique no solo al Poder Ejecutivo, a la Administración Pública, sino también al resto de los poderes públicos y órganos constitucionales, incluso, ¿por qué no?, para llegar a la visión de Sociedad Abierta, en la que todos los ámbitos y actores del Estado y de la sociedad en su conjunto, actúen en un contexto de apertura total, rindiendo cuentas con apego a los principios de transparencia y de compromiso colectivo. La concepción de la estrategia debe ser que todos actuemos de cara al sol, no solo el gobierno.
Somos conscientes de que el enfoque de Gobierno Abierto, en tanto se trata de una forma horizontal y de apertura total para conducir las instituciones públicas, en nuestro país, como en otros, encuentra serios obstáculos que limitan su avance, muchos de ellos asociados a determinados rasgos que caracterizan el perfil de algunos de los que han dirigido y dirigen dichas instituciones, tales como personalismo, autoritarismo, opacidad, ausencia de liderazgo, escaso desarrollo político, limitado conocimiento de los temas de gestión pública, y otros. La tarea debe ser combatir estos antivalores para que hagamos del Gobierno Abierto una herramienta al servicio de una gestión pública trasparente y cercana a la gente.
