Por Gregorio Montero
La Administración Pública, producto de los afanes constantes que se hacen por colocarla en condición de responder a las exigencias para que el Estado cumpla sin mayores contratiempos con su finalidad de bienestar social, ha debido ser adaptada a los cambios que cada vez más presentan nuevas características e imponen infinitos desafíos. En ese afán, múltiples formas y experimentos de gestión han sido puestos en escena, algunos con éxitos, otros con no tanto; pero todos, de alguna manera, hacen parte del proceso evolutivo de la gestión pública a nivel global, por lo que han sido debidamente registrados y estudiados desde los enfoques científicos económicos-administrativos.
En los albores de la década de 1980 los estados y las sociedades, especialmente en América Latina, empiezan a enfrentar un delicado fenómeno: inestabilidad económica, mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía y menos recursos para financiar la adecuada prestación de estos servicios; esta situación contrastaba con lo que había ocurrido años antes, pues, aunque se había producido una expansión importante de las actividades administrativas del Estado, el crecimiento económico sostenible de los países permitía disponer de los recursos suficientes para sostenerlas. A partir de la fecha indicada, los países entraron, de forma abrupta, en una crisis fiscal que cambió totalmente el escenario de los gobiernos y de la Administración Pública.
Este periodo se caracterizó, concretamente, por una importante brecha entre las demandas sociales y la capacidad del Estado para responder: extremos ajustes fiscales y rigidez presupuestaria, con lo que se procuraba la estabilización de la economía. Esto motivó el inicio de un proceso de reforma y modernización dirigido a lograr una mayor eficiencia de las instituciones estatales, que implicaba que la intención del gobierno no se limitara y fuera más allá de cumplir con sus funciones administrativas; la idea era que los entes y órganos trascendieran y se involucraran en una dinámica tendente al logro de resultados que pudieran impactar en el bienestar de la gente, lo que debía constituirse en el indicador natural de eficiencia de la gestión estatal, en lo ateniente al uso de los recursos públicos.
Es en este contexto de reforma estatal que surge la controvertida y denominada Nueva Gestión Pública (NGP), con el objetivo de provocar cambios profundos en las formas de gestionar lo público, en ocasiones soslayando, incluso, la naturaleza y fines del Estado; con ella se procuraba insertar prácticas de gestión, propias del ámbito privado, en el sector público, algunas de ellas, por lógica administrativa elemental, incompatibles. Para esta misma época, específicamente a partir de 1990, muchos de los países de la región latinoamericana y caribeña se habían sumergido en un proceso de reforma legal e institucional, por lo que se vieron impactados, necesariamente, por los enfoques de la NGP.
Es aquí donde aparece con gran impulso en la región el bien conocido enfoque Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), que, si bien fue concebida anteriormente para los países desarrollados, hacía parte del paquete de reformas estructurales que se imponían a nuestros países desde los centros del poder internacional. El enfoque de GpRD promovió en sus orígenes prácticas gerenciales en el sector público que impactaban la forma de organizar la Administración Pública y las modalidades de entrega de los servicios públicos, abdicando a veces de principios centrales como planificación, jerarquía, dirección y control, fundamentándose en una corriente meramente economicista y de discrecionalidad gerencial excesiva, bajo el argumento de la eficiencia y la eficacia administrativas.
Si bien propuso herramientas divorciadas del entorno administrativo público, dada la influencia del enfoque empresarial que la caracterizaba, la Gestión Pública para Resultados de Desarrollo pretendía convertirse en un instrumento para la transformación social e institucional al servicio del cumplimiento de los programas de gobierno, con base en el diseño y rediseño de procesos que facilitaran la toma de decisiones y su puesta en marcha, y con ello, según intención expresada, agregar valor público a los procesos de gestión estatal. Propuso interesantes herramientas para el seguimiento y evaluación de políticas públicas y la gestión gubernamental desde perspectivas más objetivas; de la misma manera, procuraba recuperar la confianza perdida de la ciudadanía en las instituciones públicas.
El modelo conceptual en que se sustenta el enfoque de la gestión basada en resultados, válido y replanteado en la actualidad, aunque requiere de serias y profundas adaptaciones, comporta ejes como la planificación orientada a resultados de corto, mediano y largo plazo, que no es otra cosa que la agenda pública que traza las pautas que orientan la gestión gubernamental, luego de determinar y entender con claridad los antecedentes, el punto de partida y hasta dónde se quiere o se debe llegar; también se debe precisar el cómo serán abordados los objetivos y las acciones para lograr las metas fijadas. Aquí la necesaria visión estratégica y prospectiva de la planificación, en el que la participación social juega un rol determinante.
Otra cuestión atinente al referido modelo conceptual es el complejo como poco comprendido presupuesto por resultados, que alude a la implementación de procesos e instrumentos jurídicos y de gestión que permiten establecer análisis integrados y sistémicos de los resultados que aporta la gestión pública y los recursos asignados. Según este modelo, la apuesta se centra en que la eficiencia de la Administración Pública pueda ser verificada a través de la optimización de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde estos escasean; se pone de manifiesto un gran esfuerzo por garantizar la eficiencia del gasto público, por lo que la disposición de informaciones confiables es crucial, y el impacto en el bienestar y la calidad de vida de las personas, agregamos nosotros, es determinante.
En el modelo de la GpRD se hace un énfasis particular en la gestión financiera, en la auditoría y en los sistemas de contrataciones públicas, pues aportan, respectivamente, los elementos jurídicos, técnicos, administrativos y de control que garantizan la captación de recursos públicos, su buen uso y la dotación de los bienes, obras y servicios que las instituciones estatales requieren para atender de forma adecuada el interés general y los servicios públicos y trámites. También, el modelo comporta un eje basado en el enfoque de gestión de programas y proyectos, como medios para alcanzar los objetivos previstos y tener precisión en la asignación de recursos.
Así mismo, la evaluación para resultados, como es natural, importantiza y aporta herramientas de monitoreo y evaluación de la gestión y metodologías para la construcción de indicadores, como vía para recopilar y disponer de datos e informaciones confiables que permitan a las instituciones verificar sus avances en la gestión y la obtención de resultados, tomar decisiones más acertadas e implementar acciones de mejora.
Prácticamente en todos los países de nuestra región, en unos con más intensidad que en otros, se han instalado procesos de reforma y modernización estatal dirigidas a incorporar componentes de la Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD), emulando los criterios de diálogo, colaboración y estandarización de análisis. En lo que respecta al nuestro, desde inicio de la década de 2000 se ha producido un importante cambio jurídico e institucional enfocado en ello, que toca la planificación estratégica, la inversión pública, la gestión presupuestaria, la gestión financiera, la gestión institucional y los derechos de las personas frente a las instituciones públicas, la gestión de los recursos humanos, los sistemas de control y auditoría, la evaluación y mejora de la gestión institucional, entre otros.
Todo esto se ha visto sellado con la aprobación por ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que resulta ser un esfuerzo de sistematización de todo el esfuerzo realizado, colocando en perspectiva la agenda a largo plazo de la Administración Pública, la que, bajo la idea de continuidad del Estado, tiene efecto vinculante y obliga a todos los gobiernos.
Como se puede notar, aunque manteniendo un enfoque de gestión pública para resultados de desarrollo, adaptada a los desafíos de hoy, queda claro que hay un nuevo componente, que es el enfoque de ciudadanía, por lo que se trata de gestión y producción de resultados con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y el bienestar de la gente. ¡Esa es la clave!
