Por Rafael Méndez
Los documentos internos de organismos de seguridad estadounidenses, divulgados en el artículo “Agresión EEUU contra Venezuela” de Bruno Sgarzini, publicado en Diario Red de España, revelan cómo Washington prepara una nueva ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela bajo la narrativa de “seguridad nacional”. Informes de inteligencia y tanques de pensamiento ligados al trumpismo exponen la manera en que se prefigura una “acción militar” en la región, valiéndose de un andamiaje legal y mediático que fabrica amenazas para justificar despliegues militares.
Entre los argumentos utilizados, el citado medio destaca la reinterpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que habilita la detención y deportación de ciudadanos de “países enemigos” cuando se perciba una guerra o una invasión. Bajo esta óptica, la migración masiva es presentada como un “arma” impulsada por carteles criminales y gobiernos adversarios. Voces como la del periodista estadounidense Ken Klippenstein denuncian que se está criminalizando a los migrantes, presentándolos como soldados de una invasión orquestada, mientras funcionarios como Joseph Humire esbozan la teoría de la “migración armada” para asociar movimientos progresistas latinoamericanos con Irán, Hezbollah y el narcotráfico.
Migración como pretexto de guerra
El documento revela cómo se construye la idea de que los migrantes no cruzan las fronteras por pobreza, represión o búsqueda de oportunidades, sino que forman parte de una avanzada armada al interior de Estados Unidos. Así, las deportaciones masivas dejan de ser una medida administrativa para convertirse en un componente de “defensa nacional”, donde se justifica que los migrantes sean tratados como enemigos de guerra. Esta visión, carente de sustento real, pretende legitimar operaciones represivas internas y al mismo tiempo prepara el terreno para acciones militares externas.
El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, en un informe de abril de 2025 citado por Sgarzini, desmonta la narrativa oficial al reconocer que no existen pruebas de que Nicolás Maduro use la migración como un arma ni de vínculos formales con el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles. Aun así, esta construcción discursiva ha sido clave para alinear la política exterior de Washington con los objetivos de Marco Rubio, actual secretario de Estado y figura influyente en la política de seguridad estadounidense.
Fabricación de la amenaza “narco-chavista”
La llamada “amenaza narco-chavista” aparece en los documentos como una fabricación deliberada. Se trata de un recurso para encubrir intereses geopolíticos y justificar sanciones, bloqueos y despliegues militares. El relato de que el chavismo está aliado con carteles o grupos terroristas como Hezbollah responde más a las necesidades políticas del trumpismo que a hechos comprobados por la DEA u organismos internacionales.
En este marco, resulta revelador que se propongan medidas como designar a los carteles latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, con lo que se habilitaría incluso el asesinato selectivo de sus líderes mediante drones o bombardeos, del mismo modo en que Washington lo hizo en Irak, Afganistán y Siria. Bajo esta premisa, la frontera entre la persecución al crimen y las operaciones militares internacionales se borra deliberadamente.
Advertencias desde la región
La creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha despertado alertas en gobiernos progresistas de la región, que interpretan este despliegue como una advertencia de intenciones intervencionistas. La historia latinoamericana ofrece numerosos precedentes, como la ocupación de la República Dominicana entre 1916 y 1924, que muestran cómo, bajo excusas de seguridad, Washington ha buscado imponer su dominio político y económico.
En el contexto actual, la preocupación no se limita a Venezuela. Informes mencionados en el reportaje señalan que incluso se contemplan planes de “acciones militares suaves” en México, un país cuya estabilidad es clave para toda la región. La posibilidad de que se intente justificar una intervención con el argumento del combate a carteles criminales en territorio mexicano amplía el alcance de la amenaza y refuerza la percepción de que el imperio ensaya un nuevo ciclo de injerencias bajo el paraguas de la seguridad.
Una amenaza que desestabiliza la región
La incógnita que plantean los analistas es si este despliegue estadounidense obedece a un operativo de presión simbólica propio del estilo mediático trumpista o si constituye la antesala de una campaña de ataques permanentes contra Venezuela y sus aliados regionales. En ambos escenarios, la amenaza es real: ya sea como espectáculo de fuerza o como estrategia de guerra, lo que se impone es el riesgo de desestabilización regional.
La paranoia del imperio no solo fabrica enemigos, también convierte a América Latina en un tablero de guerra. Con deportaciones que criminalizan a migrantes, con narrativas que transforman la pobreza en arma y con buques de guerra frente a las costas caribeñas, Estados Unidos reedita viejas fórmulas de injerencia que ponen en entredicho la paz y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
