martes, octubre 22, 2024

Es más costoso deportar haitianos que regularizarlos mediante la ley 169-13

Por Alfonso Tejeda

Si se tasara la operación de la masiva deportación de haitianos iniciada la semana pasada, tal vez evitar ese proceso resulte más barato que el gasto de los servicios de la salud pública, que según dice el gobierno hace para atender “al 35 por ciento” de las parturientas y sus crías en hospitales dominicanos, cifra que una cientista social me advierte es dudosa, por el número de esa población.

De acuerdo con cifras dadas por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, en julio recién pasado, ese monto alcanza hasta los 15 mil millones de pesos del presupuesto de cada año, que, junto al “abarrotamiento” de las escuelas públicas por estudiantes haitianos, son de los argumentos más propalados para demandar la expulsión de esos migrantes hacia el vecino país.

La presencia de mano de obra haitiana en renglones de la economía dominicana, como la agricultura, la construcción y el turismo, y en otros servicios, es manifiesta, como también es imprescindible para motorizar la dinámica de esas áreas, y, una prueba reciente es el grito de advertencia de los bananeros, quienes reclaman la continuidad de esos trabajadores en sus plantaciones.

Abinader es economista de formación, empresario por herencia y político por vocación, herramientas que, si combina en la adecuada proporción, podrían sugerirle algo: el aporte de esa mano de obra al producto interno bruto dominicano es de 7.4 por ciento, una friolera chilata de 532 mil millones de pesos, resultado de multiplicar por 60 pesos cada uno de los ocho mil 880 millones de dólares de los 120 mil millones que ingresaron a esa cuenta en 2023, según datos aportados por economistas.

Es posible que los cálculos den un saldo positivo al gobierno, pero que sean insuficientes para mover la acción en otra ruta, pues de acuerdo a declaraciones del propio presidente, se han deportado más de 150 mil haitianos en el último año, movilización que la sociedad ha sobrellevado sin mayores sacudimientos económicos, pero también, ni mucho menos reparaciones al “manchado” lustre de la dominicanidad, y, tal vez por eso, enfurecidos xenófobos anti haitianos reclaman acciones más drásticas, más contundentes, como las masivas deportaciones anunciadas.

Lo que sí es dable evaluar es que el costo del operativo de deportar diez mil haitianos/as cada semana -los únicos afectados por el plan -, más el déficit que produciría su ausencia en la dinámica económica del país, resultan más costosos que si el gobierno regularizara a los afectados por la sentencia 169-13 y carnetizara a los trabajadores, estableciendo así una segura y ordenada migración.

Pero, esas medidas, que pueden ser dispuestas hasta por decreto, las rechazan los xenófobos nacionalistas, que con su presión y chantajes racistas dirigen la política migratoria con Haití del presidente Abinader, quien ha desbordado su ecuanimidad de jefe de Estado, su acendrada decencia y hasta la fe cristiana que ostenta, esa que recomienda actuar con justeza, conmiseración y amor al prójimo, las que devienen en respeto a la condición humana.

Ese proceso podría parecer una especie de ensayo de la amenaza del candidato republicano Donald Trump contra los latinos residentes en Estados Unidos, a los que insulta y descalifica con los peores epítetos, y criminaliza con las más abyectas acusaciones, pero que, pese a todo, los cálculos políticos, administrativos y económicos apuntan a la inviabilidad de esa pretensión.

 A la pretendida expulsión con que amenaza Trump, se ha calculado, y de acuerdo con estos resultados, se caería el PIB estadounidense, se reducirían los impuestos y disminuiría la tasa de empleo, pero de manera más sentida, más descarnada, esa acción necesitaría un monto de dinero 18 veces superior a lo que demanda la investigación para superar la enfermedad de cáncer.

Por lo apresurado del anuncio del gobierno dominicano sobre su masivo plan semanal de deportación, en la primera jornada de ejecución ya se ha revelado la imposibilidad operativa de capturar a diez mil haitianos/ as para deportarlos. Los cuestionamientos han sido más contundentes que el apoyo suscitado, y ha colocado a Abinader entre el paredón y su ansiado legado, el que esas expulsiones pueden manchar con sangre.

 

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