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lunes, diciembre 15, 2025
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En RD hay un arma de fuego registrada por cada ocho mayores de 18 años

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Por Octavio Santos

En República Dominicana hay un arma de fuego registrada por cada ocho mayores de 18 años. El dato surge de cruzar dos bases oficiales de datos: los registros de armas de fuego para 2024 y la estructura poblacional del Censo Nacional de 2022. El Ministerio de Interior y Policía tramitó ese año 969,869 registros de armas, mientras que la población adulta ronda los 7.35 millones de personas. La densidad resultante es de 0.13 armas registradas por adulto, lo que, expresado en forma llana, significa un arma por cada ocho personas mayores de edad.

Entre 2018 y 2024, el sistema de registro ha procesado cada año una franja que oscila entre 924 mil y 970 mil actuaciones vinculadas a armas de fuego. El punto inicial fue 2018, con 942,549 registros y el más alto fue 2024, con 969,869. En el camino hubo incrementos leves en 2019 y en 2020, una reducción en 2021, un aumento marcado en 2022 y dos nuevas subidas consecutivas en 2023 y 2024. La variación existe, pero no altera la magnitud del fenómeno: el país mantiene un volumen anual cercano al millón de registros de armas de fuego.

Si se observa la composición interna del registro, la estabilidad es aún más evidente. En todos los años del período, más del 96 % de los registros pertenecen a hombres. En 2024, por ejemplo, de las 969,869 licencias tramitadas, 932,638 correspondieron a titulares masculinos y 37,231 a mujeres. La participación femenina permaneció por debajo del 4 % durante los siete años cerrados. Las variaciones interanuales no modificaron ese rasgo: registra casi siempre la misma población.

El tipo de arma refuerza la continuidad estructural. En 2024 se contabilizaron 594,959 pistolas, 277,086 escopetas y 92,325 revólveres. Las armas largas, en conjunto, no alcanzaron el 1 % del total anual. El patrón se repite en todo el período. Quien registra un arma en el país, casi siempre registra una pistola; en segundo lugar, una escopeta; en tercer lugar, un revólver. Nada indica sustitución, ni transición, ni reconfiguración del tipo de arma preferida.

A la luz del Censo, ese registro masivo adquiere escala poblacional. Cruzado con los 7.35 millones de adultos, el fenómeno deja de ser un simple número administrativo y se convierte en una relación social: la República Dominicana sostiene un sistema en el que existe una arma de fuego registrada por cada ocho personas adultas. No es una cifra simbólica ni proyectada, sino un cociente verificable entre dos sistemas del Estado: el registro de armas del Ministerio de Interior y Policía y el conteo demográfico del Censo Nacional.

Las incautaciones estatales de armas —que se ubican entre 8,000 y 12,000 por año— representan una realidad distinta. Mientras el aparato administrativo procesa cerca de un millón de registros anuales, el aparato represivo retira solo una fracción del arsenal total por decomisos o confiscaciones. Ambos sistemas existen al mismo tiempo, pero no en la misma escala. El registro está vinculado a la tenencia legal; la incautación, al combate del delito. Las proporciones muestran que uno opera sobre cientos de miles de casos y el otro sobre decenas de miles.

La consistencia de los registros entre 2018 y 2024 muestra que la tenencia legal de armas está profundamente instalada en la sociedad. No depende de ciclos políticos ni de variaciones normativas. El descenso de 2021 no cambió la estructura, y el repunte de 2022 tampoco la reconfiguró. El país registra armas de fuego de forma masiva año tras año y lo hace mediante un comportamiento regular, no excepcional.

La cifra de 2025 no entra en la comparación, porque el año aún no está completo y su inclusión alteraría la simetría estadística. Los siete años cerrados son suficientes para medir la densidad entre armas registradas y población adulta. La relación se mantiene constante en todas las fases del período, más allá de las fluctuaciones numéricas.

Es posible interpretar este indicador desde múltiples enfoques: seguridad ciudadana, cultura de autoprotección, comercio de armas o desconfianza institucional. Ninguno de ellos aparece explícito en la estadística. Lo que aparece es la proporción: una arma registrada por cada ocho adultos en el país. El significado social de ese dato puede ser discutido, pero el dato en sí no es discutible. Está calculado sobre sistemas oficiales, no sobre percepciones.

 

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