Por Máximo Calzado Reyes
Desde mediados de la década de 2000, el endeudamiento público de la República Dominicana dejó atrás una trayectoria manejable para instalarse en un régimen de exposición fiscal estructural. El cambio no fue abrupto, pero sí persistente: aumento sostenido del stock de deuda, presión creciente del pago de intereses sobre los ingresos públicos y una vulnerabilidad cada vez mayor frente a choques externos. Ese proceso silencioso, acumulativo, es el que hoy se refleja con crudeza en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.
El PGE 2026 no nace como un instrumento neutro de política pública. Nace condicionado de origen, con márgenes estrechos y decisiones prácticamente predefinidas antes de que el debate democrático tenga oportunidad de desplegarse. La causa central no es coyuntural ni puede reducirse a una dificultad técnica pasajera: es la deuda pública y, más aún, la manera en que su dinámica ha colonizado el espacio fiscal del Estado dominicano.
Decir que el presupuesto “nace condicionado” no es una figura retórica ni un recurso político. Es una constatación contable, macro fiscal e institucional. El presupuesto 2026 no se construye desde la pregunta esencial, ¿qué políticas públicas necesita el país?, sino desde otra mucho más restrictiva y defensiva: ¿qué queda disponible después de pagar la deuda? Esa inversión del orden lógico explica buena parte de las tensiones, frustraciones y límites que hoy rodean la discusión presupuestaria.
El dato es elocuente y está documentado. En el Informe de Avance de las Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales 2026, remitido al Congreso Nacional por el entonces ministro de Hacienda, Jochi Vicente, se establece que solo en el primer semestre del año se destinaron RD$146,639.3 millones al pago de intereses de la deuda. No se trata de una proyección hipotética, sino de una realidad ya consumada que anticipa la magnitud del problema.
La causa más inmediata, y más asfixiante, del condicionamiento del PGE 2026 es el gasto por intereses. A diferencia de otras partidas presupuestarias, los intereses:
- No son discrecionales.
- No pueden postergarse sin consecuencias sistémicas.
- No generan bienes ni servicios públicos.
El presupuesto debe reconocerlos primero, sin margen de negociación. Son obligaciones devengadas por decisiones pasadas que se imponen sobre el presente. En los hechos, este gasto funciona como un impuesto implícito sobre el presupuesto, drenando recursos que podrían destinarse a políticas públicas visibles, urgentes y socialmente demandadas.
Aquí emerge una incomodidad política profunda: mientras el Estado discute durante meses incrementos marginales para educación, salud o seguridad ciudadana, acepta como un dato inamovible un gasto financiero que crece por pura inercia. El condicionamiento del presupuesto no responde a una ideología; responde a una automatización fiscal que reduce el margen de decisión democrática.
A ello se suma otro factor estructural: la rigidez creciente del gasto público. Salarios, transferencias, subsidios y, de manera cada vez más dominante, el servicio de la deuda, ocupan una proporción creciente del gasto total. La deuda ya no es una variable residual: compite de manera directa con las funciones esenciales del Estado. Cada peso destinado a intereses en 2026 es un peso que deja de invertirse en:
- Infraestructura pública.
- Mejora de los servicios sociales.
- Inversión en capital humano.
Pero el condicionamiento del presupuesto no proviene solo de lo que se ve. También pesa lo que no aparece plenamente reflejado. Los pasivos contingentes, el déficit estructural del sector eléctrico, litigios, garantías otorgadas, compromisos implícitos, constituyen riesgos fiscales latentes que influyen silenciosamente sobre el presupuesto. Aunque no siempre figuran en el cuadro principal, afectan de manera directa:
- a) La percepción de riesgo soberano.
- El costo de la nueva deuda.
- La necesidad de provisiones fiscales futuras.
Por esa vía, el presupuesto deja de ser el espacio donde se expresan las prioridades sociales y se transforma en el mecanismo mediante el cual se garantiza la continuidad financiera del Estado. La discusión de fondo ya no es si la deuda es “buena” o “mala”, sino cuánto espacio fiscal está dispuesta la sociedad a sacrificar para sostenerla.
Las cifras lo confirman con contundencia. Para 2026, el pago de intereses de la deuda asciende a RD$322 mil millones. Ese monto representa aproximadamente el 22 % del gasto total del presupuesto, el 34 % de los ingresos fiscales y alrededor de un 3.6 % del Producto Interno Bruto. No son cifras menores ni marginales. Son datos alarmantes que explican por sí solos por qué el presupuesto llega condicionado antes de empezar.
En conclusión, el Presupuesto General del Estado para el 2026 nace hipotecado, condicionado no solo por la deuda visible, sino también por la expectativa racional de obligaciones futuras. Afirmar que el presupuesto está hipotecado por la deuda no es un juicio moral ni una consigna política. Es una descripción precisa de cómo la deuda, cuando supera determinados umbrales operativos, se transforma en un límite político objetivo. Un límite que no se debate, no se vota y no espera, pero que determina, con una fuerza implacable, lo que el Estado puede y no puede hacer.
