Por Alfonso Tejeda
Sin que sea un “bajadero”, la solución lograda en el ayuntamiento de La Vega, con el retorno de la renunciante alcaldesa Amparo Custodio, puede ser un resquicio por donde el presidente Luis Abinader logre retomar la iniciativa que necesita la Administración, la que está zozobrando por la aparente apatía del mandatario y los batazos de “fouls” de algunos funcionarios con sus decisiones.
Durante el cuatrienio 2020-24, Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), iniciaban la administración cuando recién irrumpía la pandemia del Covid-19, y aunque salió bien parado en esa prueba, también tensó su “noviciado” desestabilizando el ajuste normal en la conducción gubernamental, que los llevó a cometer errores que se agravaron por una deficiente experticia, particular en la comunicación, la que persiste.
Entonces, la proliferación de hechos desde algunas instituciones y los yerros en manejarlos, por parte de funcionarios, encontraron en el talante de Abinader una manera y una disposición para enmendarlos, quien con presteza y humildad -y todavía sin contar con la sapiencia que les han dado las ejecutorias de los últimos tres años- rectificaba esas medidas sin ningún resquemor, anulando las que exigían tal medida.
Perogrullada es decir “errar es de humano”, reiteración que pone en entredicho la pretendida respuesta de que “rectificar es de sabios”, actos de corrección que casi siempre resultan menos porque escasean los protagonistas dispuestos a hacerlos, encrucijada que ahora pareciera estar confrontando el presidente Abinader, en este su segundo y último mandato gubernamental.
En el curso de su primer gobierno, el Presidente tomó algunas acciones buscando réditos electorales -tal el cierre intempestivo de la frontera con Haití- que casi dos años después mantiene, y que recién agrava con las deportaciones de haitianos, pese a las consecuencias económicas y de legitimidad que genera esa acción, la que parece continuará.
Diferente, pero con hasta ahora parecida respuesta, fue la reacción por la reforma de Modernización Fiscal, la propuesta para ensamblar una nueva regulación impositiva y la obtención de mayores recursos económicos para enfrentar déficits y sustentar inversiones en programas y proyectos públicos, pero ante las críticas provocadas por diferentes actores sociales, el presidente retiró la misma y ha descartado someterla con algunos ajustes.
Por su decisión frente a la reforma fiscal, el presidente parece actuar muy diferente y alejado de aquel inicial talante con que se manejaba, tomando en cuenta que esa propuesta es un mandato legal, un requerimiento institucional y una urgencia económica que cuenta con el aval de amplios sectores que la consideran una necesidad.
Aunque el presidente dijo desistir de la reforma fiscal, es ya impostergable definir qué hacer con la misma, y un mayoritario coro parece dispuesto a participar y ofrecer su concurso con el propósito de que se logre, atisbos de entendimiento -en menor proporciones- que también se dan en torno a la realidad de la migración de haitianos en el país, por el peso y valor que tiene ésta para la economía dominicana.
El momento político parece ser favorable al presidente Abinader, tomando en cuenta las razones económicas de la reforma fiscal y las deportaciones de haitianos, las que motorizarían las negociaciones, “aceitando” el empuje que el gobierno necesita para reencausar una gestión que parece languidecer cuando apenas comienza, y en la que Abinader tiene las expectativas de su legado, aspiración que ni su desidia de ahora ni los errores de algunos funcionarios, deben inducirlo a descartar.
