Por OSVALDO SANTANA
La campaña nacional de defensa del “territorio dominicano” llegó a su climax, después del cierre unilateral de la frontera con Haití, el pasado 26 de octubre, con la firma del llamado “Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití”, con el aval del presidente de la República, quien lo suscribió junto al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los demás suscribientes, 28 agrupaciones políticas minoritarias, 16 profesionales y 7 rectores de universidades.
Antes, el 9 de octubre, el Consejo Nacional de Seguridad de la República Dominicana, es decir, el gobierno nacional, anunció una “desescalada” con la apertura de mercados, y el paso regulado por la frontera mediante “corredores” en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Pero pocos días después, el 17 de octubre, el gobierno haitiano le hizo “el fo” a la “flexibilización” del cierre. Asimismo, declaró que la frontera tiene dos lados, el dominicano y el haitiano, y que no se podía cerrar ni abrir la frontera sin el consenso del otro lado. Desde entonces, los intercambios comerciales quedaron suspendidos.
Mientras, del lado dominicano los sectores conservadores celebran el “Pacto Nacional” como “fundamento para la formulación y ejecución de políticas de Estado respecto a la posición dominicana ante lo que acontece en la parte occidental de la isla”. Es una iniciativa del presidente Luis Abinader, que originalmente la anunció en su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el 27de febrero de este año.
Del otro lado de la isla, contrario a lo que se esperaba del lado Este, de que la suspensión de las exportaciones dominicanas, y el cierre total de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas harían desistir a los haitianos del motivo aparente de la actual discordia entre los dos territorios, la construcción del canal en el río Masacre, ha cobrado fuerza un sentimiento de orgullo nacional con énfasis anti dominicano, y no sólo rechazan los productos nacionales, sino que incluso, han dispuesto medidas no sólo restrictivas, sino también represivas, sancionadoras, para quienes introduzcan productos de República Dominicana, considerados como contrabando, con multas y cárcel.
Un cable de la agencia española de noticias Efe, dice que el gobierno haitiano dispuso que “las personas que intenten introducir en Haití productos desde República Dominicana serán multadas y sus mercancías destruidas, distribuidas o vendidas en subasta pública”, según autoridades del departamento haitiano del Noreste, fronterizo con Dajabón.
“En una declaración conjunta, la Delegación Departamental del Noreste, la Dirección Departamental del Ministerio de Comercio e Industria y la Alcaldía de la limítrofe ciudad de Ounaminthe, informan al público en general y a los comerciantes formales e informales en particular de que está prohibido acceder al puente y la franja fronterizos de la comuna de Ouanaminthe con el objetivo de cruzar la frontera y regresar con mercancías”.
“Por ello”, añade la nota, “las personas y los conductores de cualquier tipo de vehículo que sean sorprendidos en "flagrante delito con mercancías de cualquier tipo provenientes de República Dominicana serán arrestados y castigados conforme a las leyes haitianas frente al contrabando".
“Los vehículos que hayan sido confiscados al intentar introducir en Haití esos productos serán devueltos a sus propietarios tras presentar los correspondientes documentos legales y abonar unas multas que oscilarán entre los 50.000 y los 500.000 gourdes (entre unos 370 y 3.700 dólares al cambio actual)”.
En las poblaciones fronterizas dominicanas y en las provincias donde están las bases más sólidas del intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales con Haití, hay manifiestas, aunque discretas molestias por la situación. Sin embargo, dada la pobre relevancia política y social de esas demarcaciones, el liderazgo gobernante y sus aliados han preferido las rentas políticas que provee enarbolar un nacionalismo anti haitiano en las ciudades densamente pobladas.
El “Pacto Nacional” vino a coronar el sustento argumental de la defensa de la patria. Pero si se mira bien, ese documento es una simple enumeración de sugerencias que caen el marco de la legislación nacional y la Constitución, para cuyo cumplimiento no amerita pacto alguno. Ni siquiera el muro en la frontera, dispuesto por el presidente desde antes de anunciar su proyectado Pacto Nacional frente a la situación haitiana.
El pacto se monta en una suerte de consigna que sus sostenedores llaman “postulado”: “No existe ni existirá solución dominicana a la crisis en Haití”, el cual es negado una y otra vez, cuando los nacionalistas dominicanos se arrogan el derecho de formular soluciones para esa nación en nombre de los riesgos que implica el “colapso institucional del Estado haitiano”, que estimula “el éxodo perturbador de sus habitantes” que constituye una amenaza a la seguridad nacional y regional.
Pese a que advierte que no existe modo alguno de encontrar solución en territorio dominicano a la crisis haitiana, ni que la avenencia definitiva entre actores enfrentados de la población haitiana provenga de iniciativas dominicanas, más adelante los firmantes del Pacto se comprometen a promover el apoyo “de otros gobiernos para que ayuden a la sociedad haitiana” en la búsqueda de soluciones urgentes, y en efecto, deciden “enviar misiones especiales al exterior, dirigidas a lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional respecto a la reconstrucción de un orden institucional conducente progresivamente a la gobernabilidad y el respeto a los principios y valores democráticos y libertades fundamental del ser humano.”
También se comprometen a “ofertar, en ese tenor, la construcción y operación de tres hospitales en Haití, incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar” y respaldar la política exterior dominicana para priorizar la pacificación de Haití con el rescate de su economía e institucionalidad, así como solidarizarse con el proceso de estabilización y próxima celebración de elecciones nacionales, todo condicionado a que la soberanía nacional dominicana no se vea afectada en el proceso.
Una sarta de contradicciones con el ya enarbolado “principio” de que “no existe ni existirá solución dominicana a la crisis en Haití “.
Luego, el pacto deriva en un paquete de sugerentes medidas que son propias del Estado y el gobierno dominicano, para lo cual no tiene que haber ningún Pacto Nacional, como las políticas de control fronterizo y migratorio.
Proponen la evaluación del desempeño de los responsables de aplicar esas políticas, el régimen de sanciones de los incumplimientos, materias relativas al mercado laboral, propia del ministerio de Trabajo, la “necesidad” de la coordinación interinstitucional sobre migración, trabajo y seguridad fronteriza, y hasta se habla de “tomar medidas para asegurar que el espectro radioléctrico dominicano prevalezca en toda la extensión de la frontera ¡Sopla!
Y así, se va, hasta reclamar el respeto del artículo 63 de la Constitución, el trazado de las líneas fronterizas, la restauración de las torres fronterizas o resolver los “problemas provocados por la expansión del lago Azuei o de Fondo hacia el territorio nacional…, terminar la verja perimetral, controlar las actividades ilícitas, lo que es obvia responsabilidad de las autoridades al mando. No hay nada que pactar sobre tales materias.
El pacto o compromiso prevé políticas para desarrollar la retención y atracción de población dominicana en la frontera, y velar por la sustentabilidad de la organización social e institucional de esa zona, incentivar la producción, la inversión y el comercio, acciones previstas en las normas internas y de cumplimiento obligatorio de las autoridades nacionales.
Generosamente, ya al final del documento, los sustentadores de que “no existe ni existirá solución dominicana a la crisis en Haití”, abogan por “promover en el ámbito internacional un plan de rescate y reincorporación del aparato productivo de Haití, al igual que de sostenibilidad de su medio ambiente, a corto y mediano plazos, a modo del emblemático Plan Marsall que demuestre el interés de la comunidad internacional en el destino del pueblo haitiano. Igual “iniciar un proceso para reequilibrar le balance comercial domínico-haitiano y crear las bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.
Pero la última jugada política tras la construcción del canal e intento de dique en el Masacre, lo que ha provocado es el distanciamiento entre las dos naciones que comparten la isla. Si bien no se han roto las relaciones formales, están en el peor momento desde el siglo pasado, con un quiebre de los intercambios entrambos países, formales e informales, provocados por los lodos de la miseria en el Masacre, y por una manifiesta pretensión de superioridad dominicana, con la movilización masiva de tropas, equipos militares y bloqueo de la frontera, que irritó a los haitianos.
Mientras, es probable que, en el plano nacional, esa política resulte redituable en términos electorales, al margen de lo que significa la pérdida de un mercado ventajoso para las finanzas públicas y para los cientos de comerciantes, industriales, productores pequeños y medianos que sobrevivían de los mercados fronterizos.
También sufren las comunidades fronterizas, ahora en tensión, que se ven obligadas a un distanciamiento que solo puede ser entendido especialmente por las élites en las zonas urbanas allende las fronteras, pero que no guarda relación con los habitantes haitianos y dominicanos que a lo largo de la línea limítrofe comparten sus pobrezas y dificultades.
Mientras, las relaciones entre haitianos y dominicanos están quebradas, pequeños partidos y unos cuantos intelectuales celebran un pacto que terminará engavetado en cualquier despacho privado o público.
¿Qué persigue el Pacto Nacional?
El leitmotiv no está expresamente manifiesto en la narrativa que resalta la defensa del interés nacional, una demanda a la comunidad internacional por el bien de Haití al que formalmente nos resistimos a ayudar desde nuestro territorio, pero invocamos su tragedia a los cuatro vientos, por todo el mundo, para que la comunidad internacional corra a devolverle una prosperidad de la cual República Dominicana podría ser parte si honestamente desarrollara una política de amistad paritaria con el pueblo vecino con derecho a una vida mejor.
Para eso, no hay que abrir las fronteras a todos los haitianos, sino el ánimo benevolente y comprensivo, colaborativo, y no, como “gran imperio”, mostrar una fortaleza que a fin de cuenta no tiene, sino una sutil dependencia, bien oculta, en las debilidades visibles del otro lado. Es la mano abierta, y no el puño, lo que debe mostrarse a los haitianos, sin buscar ventajas o conveniencias con fines ulteriores asociados al juego por el poder.
No importa el orgullo haitiano. Vale la generosidad dominicana.
