Por Osvaldo Santana
El fracaso de la reforma fiscal y el bajo impacto favorable de la constitucional, más la débil pendiente que ha tomado el resto de los anuncios de reestructuración administrativa e institucional, probablemente tiene explicación en la elusión de la consulta democrática, sea popular, política o institucional.
Es la conclusión después de revisar el procedimiento utilizado por las autoridades para presentar su paquete de reforma. El liderazgo del gobierno se conformó con anunciarlo, desde el mismo día de la victoria del presidente Luis Abinader, sin recurrir debidamente a los canales de comunicación con la sociedad.
Un error de cálculo que pudo originarse en la creencia de que el triunfo en las elecciones municipales y nacionales constituía una carta de corso con la cual se podía hacer todo, ignorando que una elección de un gobierno no conlleva necesariamente la aprobación de sus propuestas electorales, que ni siquiera fueron nunca presentadas, y obviamente, tampoco socializadas.
De ahí al fracaso, no había demasiado trecho. Ni siquiera la reforma de la Administración camina como debía suponerse, y más bien, ha encontrado resistencia entre partes afectadas, incluso, algunas manifiestas, como ocurre con la fusión de los ministerios de Educación.
Todo eso revela que no se recurrió a los tan pregonados valores de la democracia. Incluso, se desdeñó un presupuesto adelantado por la Encuesta de Cultura Democrática (ECD) 2022-2023, patrocinada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se acogió al “enfoque de desarrollo humano impulsado por el economista y filósofo Amartya Sen, que plantea la democracia como el gobierno de la gente a través de la discusión razonada y el debate público, es decir, una democracia montada sobre un modelo deliberativo que facilite el diseño de políticas públicas que satisfagan intereses de la población…”.
Pero el gobierno de Abinader se sintió empoderado, con el peso de una delegación de poder asumida a partir de las elecciones de febrero y mayo, sin agotar el recurso de la socialización y la consulta social.
Si bien fue aprobada la reforma constitucional, no implicó una movilización social, sino que fue un acto producto de la fuerza de una mayoría congresual contra una minoría representada por la débil oposición. De modo que no solo ignoró al universo poblacional, sino que tampoco escuchó a los opositores, y mucho menos se negoció con ellos, lo que le restó legitimidad y débil impacto en la sociedad.
Todo eso ha convertido la reforma constitucional, (nada qué decir de la otra grande, la fiscal, que desapareció de la discusión pública por disposición del presidente al retirarla del Congreso), en una piedra de choque que extiende la conflictividad. En efecto, en el Tribunal Constitucional están depositadas acciones directas de inconstitucionalidad con el propósito de que se declare la ley 61-24 que instituye la reforma como “inconstitucional”, por varias razones, como del procedimiento utilizado, y sustantivas, como ignorar la consulta popular o el referendo para una reforma de esta dimensión.
Al margen de lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional, lo que ha resultado evidente es que el gobierno pisó en falso con el manejo de su paquete de reformas.
Ha sido tal, que, tras el retiro de la reforma fiscal y la reforma unilateral de la Constitución, el gobierno perdió totalmente la iniciativa, y pasó a lo que bien pudiera definirse como un desempeño de bajo perfil, de reflujo, que trata de superar.
El silencio de los funcionarios primero, y luego una clara conducta defensiva en diferentes terrenos, fue el escenario que caracterizó el comportamiento de las autoridades después de un proceso que, respecto al resto de las reformas, resulta incierto, al menos, desde la perspectiva de la imagen que se proyecta a la sociedad, de falta de certidumbre y de pérdida de iniciativas.
Es que perdieron la brújula democrática
Es que el gobierno perdió la brújula, y se olvidó de que, en una democracia real, y especialmente en materia de reforma de la organización del Estado, nada se decide sin la consulta ni el consenso social y político.
Para 2023, cuando se hizo la ECD, que según su diseño y evaluación esta vez tuvo un propósito político más definido que nunca, el panorama favorecía el diálogo del oficialismo en alza con la sociedad como un medio para validación de sus prácticas.
Así andaban las cosas:
“Si bien el peso de las realidades económicas es innegable, los factores puramente políticos también cumplen un rol protagónico en la explicación de la satisfacción democrática. El segundo impacto individual más decisivo sobre el apoyo específico a la democracia lo ejerce la confianza en el presidente que aumenta un 83.2% la satisfacción con la democracia en comparación con quienes confían poco o nada. En conjunción con la percepción positiva del presidente, simpatizar con el partido oficialista y confiar en la labor desempeñada por los altos funcionarios del gobierno, multiplican la probabilidad de satisfacción con el funcionamiento de la democracia”.
Era una valoración extraordinaria, si se tiene en cuenta la tendencia histórica de la percepción de la democracias en América Latina y particularmente en el país.
Insatisfacción democrática
La ECD refiere el “Latino barómetro”, según el cual, “los niveles de satisfacción democrática en República Dominicana se sitúan por encima del promedio regional en la mayoría de los años. Pese a esto, el grueso de la población dominicana se siente insatisfecha con el actual funcionamiento de la democracia. Según los resultados levantados, la satisfacción con la democracia depende fundamentalmente del progreso económico personal o familiar y de las expectativas de progreso económico nacional, la confianza en el presidente y la confianza interpersonal. La capacidad de garantizar mejoras socioeconómicas, que el gobierno genere confianza en toda la ciudadanía y el capital social son por tanto los factores esenciales para una buena evaluación del funcionamiento del sistema democrático. Estos son aspectos importantes para mejorar la sostenibilidad del sistema.
Representación democrática y los intereses de todo el pueblo
La misma ECD subraya lo siguiente: “Es necesario mejorar la representación de los intereses ciudadanos desde la actuación gubernamental, ya que en la actualidad solo 3 de cada 10 ciudadanos afirman que el país está gobernado para el bien de todo el pueblo, mientras 2 de cada 3 lo perciben gobernado por unos cuantos grupos de poderosos en su propio beneficio. La percepción de corrupción en el gobierno, la falta de confianza en la labor del Ejecutivo y la percepción de que la economía no ha mejorado, son los principales responsables de que la ciudadanía no sienta sus intereses representados”.
El fondo y la dimensión de ese análisis, sumado al perfil publicado por su autor, reflejan el inmenso contraste entre la grandeza y la soberana humildad de ese personaje. A quien yo recomiendo imitar, desde el punto de vista profesional, intelectual y humano.
Cada una de sus entregas semanales hablan por sí solas, sobre su capacidad analítica y su objetividad profesional.
No es una “lisonja” ni un “lambonismo”, como èl suele decir, cuando alguien cercano a él se refiere a su persona en estos términos.
Completamente de acuerdo !!!